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La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó este jueves en la conferencia matutina un balance de las acciones del Gobierno de México en materia de apoyo a personas con discapacidad, del cual quedan fuera Chihuahua y el resto de las entidades gobernadas por partidos ajenos a la 4T.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre, Montiel Reyes recordó que la pensión para personas con discapacidad está elevada a rango constitucional.

Explicó que el apoyo era inicialmente universal solo para niñas y niños, pero desde diciembre de 2023 se amplió para ser universal de los 0 a los 64 años.

“Al cumplir 65 años pasan de manera automática a la pensión de adulto mayor”, señaló.

¿Por qué Chihuahua no está?

El Gobierno del Estado de Chihuahua no ha firmado el convenio con la Secretaría del Bienestar para otorgar estos apoyos, los cuales se financian mediante una mezcla de recursos federales y estatales.

De acuerdo con la bancada de Morena en el Congreso del Estado, firmar el convenio implicaría para Chihuahua un gasto de 700 millones de pesos, monto que —afirman— no se ha incluido en los presupuestos de egresos durante la actual administración.

Por su parte, el Gobierno estatal sostiene que ya opera programas propios de apoyo a grupos vulnerables y que, por ello, no ha aceptado signar el acuerdo que le obligaría a aportar los 700 millones de pesos que le corresponderían para hacer universal la pensión.

Pensión universal en 24 estados

La titular del Bienestar informó que un millón 614 mil 018 personas con discapacidad menores de 65 años reciben actualmente la pensión, con una inversión anual de 32 mil millones de pesos.

La universalidad del programa opera en 24 entidades, donde los gobiernos estatales aportan la mitad de los recursos para personas de 30 a 64 años, mientras que la Federación cubre el 100% para menores de 30 años.

En conjunto, los estados han destinado 3 mil 776 millones de pesos para sostener este esquema.

Montiel destacó que México es “uno de los pocos países en el mundo” que reconoce la rehabilitación como un derecho constitucional, fundamental para garantizar autonomía e independencia.

Los estados que sí participan en el programa son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, todos gobernados por Morena, además de San Luis Potosí, administrado por el PVEM.

Rehabilitación y atención domiciliaria

Como parte de este derecho, el Gobierno mantiene un convenio con la Fundación Teletón para ofrecer terapias gratuitas a menores de 18 años. Actualmente, 25 mil 525 niñas y niños están en tratamiento y, desde 2021, se han otorgado 4 millones 401 mil terapias, informó.

Además, el programa Salud Casa por Casa ha visitado a más de un millón de personas con discapacidad para brindar consultas gratuitas, levantar historiales médicos digitales y avanzar en un mapeo nacional de discapacidad que permita entender la situación en cada territorio y prevenirla.

Montiel añadió que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer reciben un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos, dirigido a familias cuidadoras sin seguridad social. Este apoyo es universal y se registra directamente en los centros de salud donde se atiende a los menores.

Incremento sostenido del presupuesto

La secretaria presentó una gráfica que muestra el crecimiento del presupuesto destinado a discapacidad, que pasó de cero inversión en 2018 a 141 mil 353 millones de pesos acumulados en los últimos siete años.

“Hoy las personas con discapacidad están en la agenda pública”, subrayó.

Finalmente, Montiel anunció que en los próximos días el Gobierno federal presentará una consulta nacional con y para personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer políticas públicas en educación, salud, trabajo y movilidad.

“Es muy importante escuchar su voz para que puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar autonomía e independencia”, afirmó.

La permanencia de Chihuahua en los primeros lugares en incidencia de homicidios podría estar relacionada con factores que van más allá de las políticas policiales o de persecución del delito, advierte el psicólogo forense Carlos Ochoa Quiroz.

Especialista en psicología criminalística, Ochoa Quiroz señala los cambios neurológicos en las generaciones jóvenes que están cometiendo delitos de alto impacto.

En entrevista con Norte Digital, el académico propone abrir una línea de análisis poco explorada: la disminución de la masa cerebral entre las nuevas generaciones.

Abordado sobre el hecho de que Chihuahua cierre la cuenta mensual con más de 100 homicidios (112 en noviembre), señaló que hay más de un factor, además de las acciones meramente policiales para enfrentar el delito.

Ochoa señala que, además del entorno delictivo y los factores sociales, es necesario observar transformaciones fisiológicas detectadas en población millennial y de la generación Z, particularmente en adolescentes y jóvenes adultos involucrados en conductas violentas.

Una señal de alerta

El especialista explicó que desde hace al menos una década existen estudios que documentan una disminución aproximada del cinco por ciento en la masa cerebral —materia blanca y materia gris— en jóvenes menores de 18 años, una reducción comparable a la que ocurre en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o demencia.

“Estamos viendo generaciones cuyo volumen de masa cerebral ha disminuido considerablemente. Es un fenómeno que ya se compara con lo que ocurre en casos de Alzheimer”, señaló.

Según Ochoa, esta disminución podría estar relacionada con factores como depresión, consumo excesivo de alcohol, VIH, cambios en estilos de vida y condiciones ambientales.

Si bien subraya que no se trata de una relación causal con el homicidio o la comisión de otros delitos, sí existe evidencia de correlación entre deterioro neurológico y conductas de riesgo.

“La generación Alzheimer”: una hipótesis emergente

Ochoa expuso que en la literatura internacional algunos autores ya denominan a los jóvenes actuales como parte de una “generación Alzheimer”, debido a que muestran signos de envejecimiento neurológico acelerado.

El especialista advirtió que, proyectando las tendencias actuales hacia 2050, México podría tener 3.5 millones de personas con enfermedades neurodegenerativas, lo que incluye a quienes hoy tienen entre 18 y 25 años.

“Si quienes están cometiendo homicidios presentan estos paralelos neurológicos, es necesario considerar esta hipótesis. Son jóvenes con mayor propensión a conductas disruptivas, ahora combinadas con indicios de deterioro neurológico prematuro.”

Chihuahua: violencia persistente y factores invisibles

Chihuahua forma parte del llamado “club del 50”: los estados que concentran la mitad de los homicidios del país. Para Ochoa, esta persistencia obliga a mirar más allá de lo visible.

“Ya no podemos quedarnos en la fachada de la delincuencia o en el factor de seguridad pública. Necesitamos analizar quiénes están cometiendo los homicidios y qué está pasando en su estructura cerebral.”

Recordó que desde principios de la década pasada se registran casos de adolescentes y jóvenes chihuahuenses involucrados en homicidios de alto impacto.

Un ambiente propicio… y una chispa biológica

Aunque reconoce que el crimen requiere un entorno favorable para desarrollarse, afirma que el componente biológico puede estar actuando como detonador.

“Para que haya homicidios necesitas personas que los cometan. Si dentro de ese ambiente hay jóvenes con deterioro neurológico, esa combinación puede explicar conductas extremadamente violentas”, explica.

Ochoa aclara que este es un campo de estudio emergente y que serán los especialistas en neurociencias quienes definan su alcance en los próximos años. Sin embargo, insiste en que la evidencia disponible ya obliga a considerar la dimensión neurológica como parte integral del análisis de violencia en Chihuahua y el país.

El Gobierno del Estado, informó que a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 1,800 kilogramos de maíz y frijol, a habitantes de comunidades del municipio de Carichí.

Los beneficiarios viven en las comunidades de Huahuacherare y Nacaruri, se dio a conocer.

De igual forma, a través del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA) se otorgó equipo y herramienta de labranza a 40 familias, con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo y promover una producción más eficiente.

La dispersión de este tipo de apoyo continuará durante lo que resta del año en la región serrana, en municipios como Bocoyna, Morelos, Maguarichi y Batopilas entre otros.

La administración estatal impulsa el desarrollo productivo de las comunidades, fortalece la economía y contribuye a que, quienes viven, en el campo cuenten con los recursos necesarios para avanzar hacia la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

El Gobierno de México dio a conocer las acciones del Gabinete de Seguridad realizadas del 14 al 16 de noviembre en 16 estados del país, entre ellos Chihuahua, donde las intervenciones federales dejaron al descubierto nuevamente la tensión que persiste en zonas estratégicas del territorio.

En Hidalgo del Parral, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Estatal aseguraron 12 vehículos y retiraron dos tractocamiones utilizados para bloquear una carretera, un método recurrente de grupos criminales para obstaculizar operativos y controlar territorios.

Aunque no se reportaron detenciones, el retiro de los camiones confirma la presencia activa de células que operan con capacidad logística suficiente para afectar rutas regionales.

En Ciudad Juárez, personal del Ejército Mexicano detuvo a una persona que transportaba 127 kilos de marihuana y 49 kilos de goma de opio, cargamento valuado en 2.2 millones de pesos.

El operativo incluyó el aseguramiento del vehículo utilizado para el traslado, lo que refuerza la importancia de Juárez como corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las acciones en Chihuahua forman parte de un despliegue federal que se extendió a Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se realizaron cateos, detenciones y aseguramientos de armamento y droga.

Aunque el gobierno federal destaca estos resultados como parte de una estrategia constante, los hechos revelan que los grupos criminales continúan operando con movilidad y recursos en varios puntos del estado.