Ciudad Juárez

Cruz Pérez Cuéllar (Morena), Rogelio Loya (PAN, PRI y PRD), Esther Mejía (Movimiento Ciudadano), Fernando Rodríguez Giner (Partido Verde Ecologista de México) y el youtuber Jaime Flores mejor conocido como “Máquina de Fuego” (Partido Pueblo), son los cinco candidatos oficiales que contenderán por la Presidencia Municipal de Juárez el próximo 2 de junio, informó la Asamblea Municipal Juárez.

El registro de aspirantes para las candidaturas de presidente municipal, regidurías, síndico y diputados locales cerró el pasado 14 de marzo y este lunes por la mañana se dieron a conocer los nombres de los candidatos a la alcaldía juarense.

La presidenta de la Asamblea Municipal Juárez Olga Hernández Hernández, comentó que el registro del aspirante del Partido Pueblo procedió porque la solicitud se presentó debidamente y a tiempo por las personas que promovieron sus aspiraciones a la candidatura y cumpliendo con todos los requisitos.

“Las candidaturas se validan el 2 de abril. Las valida el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral. El período intercampaña termina el 25 de abril, que es cuando arranca la campaña y de ahí hasta el día 29 de mayo antes de las elecciones formales el 2 de junio”, indicó.

La administración de Cruz Pérez Cuéllar, en el Municipio de Juárez, incurrió en irregularidades en su estrategia de seguridad “Juárez Vigilante”, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que recientemente publicó la revisión de la cuenta pública 2022.

La ASF concluyó que el Gobierno Municipal de Juárez causó daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal con la administración de 14 contratos, de los cuales 13 de ellos se celebraron para adquirir equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: patrullas, uniformes y calzado para policías, cámaras de videovigilancia, brazaletes, botones de pánico, entre otras herramientas y equipos para las operaciones del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, CERI 911.

En torno al equipamiento y servicios contratados para las operaciones del CERI 911, de manera compaginada con la estrategia Juárez Vigilante, los auditores de la ASF identificaron una inversión, en este rubro, de 232.1 millones de pesos repartidos en tres contratos y nueve partidas.

Las irregularidades

El proyecto para alinear al CERI con la estrategia de seguridad Juárez Vigilante, contrató los siguientes servicios y bienes:

3,000 mil brazaletes electrónicos tipo pulsera
Póliza de mantenimiento integral
Unidades equipadas como centro de mando móvil
Plataforma unificada conectividad comercial
Seguridad de la red
Sistema de visualización para el geoposicionamiento de indicadores de seguridad pública
Suministro e instalación de 1,000 cámaras de videovigilancia

Suministro e instalación de 60 cámaras lectoras de placas
Servicio de licenciamiento y soporte técnico para incorporar una plataforma unificada para la operación del CERI 911 con la Torre Centinela, de Gobierno del Estado.

Sobre esta base descansó la parte más importante del proyecto tecnológico del Municipio para atender, con el aprovechamiento de la tecnología, las demandas de seguridad de los juarenses.

Sin embargo, la auditoría identificó diversas irregularidades e inconsistencias en la administración de los contratos DCA/SSPM/162/2022, DCA/SSPM/161/2022 y DCA/SSPM/2022.

Faltantes y deficiencias

Con respecto al suministro e instalación de más de mil cámaras de videovigilancia con conexión en 250 espacios públicos de la ciudad, para el que destinaron 118.5 millones de pesos, la auditoría estableció que los bienes consistentes en mil 250 servidores para grabación de video (30 días 24/7), no fueron recibidos por el Municipio, toda vez que no pudieron acreditar su existencia física.

Estos equipos formaron parte del contrato, tuvieron un costo de 14.3 millones de pesos, incluso su recepción fue inventariada por el Municipio.

En cuanto a los tres mil brazaletes electrónicos por los que se pagaron 10 millones de pesos, 2 mil 889 de ellos se encontraron en una bodega del CERI, sin ningún uso. Estos componentes se compraron para la protección de mujeres en situación de violencia doméstica.

La auditoría consideró que los bienes almacenados no cumplen con el objetivo con el cual justificaron el gasto.

Compran softwares piratas para instalar en tabletas inexistentes

Con respecto al servicio y adquisición del Sistema de Visualización para el Geoposicionamiento de Indicadores de Seguridad Pública CERI 911, el proveedor solicitó modificar el contrato original, la autoridad municipal no promovió una sanción administrativa ante el incumplimiento.

También identificaron que expiraron en diciembre de 2023, así mismo fueron informados que las suscripciones se instalaron en tabletas; sin embargo, a la fecha de la visita, constataron que de las 300 suscripciones, únicamente 59 se encontraban en igual número de dispositivos.

Evaluaron que las suscripciones fueron activadas sin contar con dispositivos para su utilización, lo cual se considera un desperdicio de recursos.

El proveedor de la licencias informáticas de estos programas, entre estos Motor de Análisis Predictivo, no proporcionó documentos para acreditar derechos de autor, lo cual supone que vendieron servicios de software “piratas”.

Concluyeron que los bienes recibidos no corresponden a los bienes requeridos, toda vez que no presentan las especificaciones pactadas en el contrato.

Incumplimiento en la plataforma unificada conectividad comercial: solo un negocio conectado

Con respecto a los servicios de conectividad de la plataforma unificada conectividad comercial, la cual requirió recursos por 20.5 millones de pesos, evaluaron que el proveedor incumplió con los requerimientos técnicos contratados; entre estos servicios y licenciamiento para agregar al módulo de conectividad comercial de la Plataforma Unificada hasta 18,000 cámaras y Servicios de configuración, suministro e instalación de botones de pánico en los comercios registrados en el programa.

La inspección de los auditores el 31 de diciembre de 2023, solo encontró la instalación de un botón verde y la conexión de una cámara, ambos correspondientes a un comercio que funciona como hotel.

Durante la misma diligencia, dieron cuenta que no que no se presentaron los botones de pánico físicos para su instalación hasta en 8 mil comercios.

Una de ellas es el servicio de la Plataforma Unificada Conectividad Comercial; además, cuando los auditores verificaron los equipos, no pudieron constatar que si los servidores que les mostraron corresponden a los servicios contratados.

Inconsistencias en la compra de cámaras

Una de las conclusiones a las que se llegó en esta revisión, es que en el caso del contrato de suministro y colocación de mil cámaras, así como 60 más que leen matrículas vehiculares, entre otras partidas, los bienes adquiridos no cumplen con las especificaciones mencionadas en el anexo técnico del contrato.

Por otra parte, en cuanto al suministro e instalación de cámaras lectoras para el CERI 911, entre el 13 y el 17 de octubre de 2023, los auditores constataron que 60 servidores para procesamiento y grabación de 30 días, con un costo de 4.4 millones de pesos, no fueron recibidos por el Municipio de Juárez.

Con respecto al pago de los servicios de Licenciamiento y Soporte Técnico, para la integración de la plataforma inteligente de seguridad pública, el personal de la ASF dejó asentado en actas que el Municipio de Juárez no corroboró la existencia de 600 licencias para agregar cámaras del Gobierno del Estado de Chihuahua a la plataforma; 36 licencias para lectura de placas y análisis vehicular de las cámaras del Gobierno del Estado; 600 licencias para botones existentes, ni 50 mil aplicaciones de botón de emergencia digital, por las cuales se pagaron 8.1 millones de pesos.

Precisaron que derivado de lo anterior el municipio no acreditó la existencia de los bienes descritos por un importe de 47.5 millones de pesos.

La promesa del Juárez Vigilante

En agosto de 2022, la administración “crucista” dio a conocer la implementación del programa Juárez Vigilante, “para recuperar la tranquilidad, haciendo equipo con los juarenses”.

“La fuerza y tecnología de la corporación de nada sirve, si no se trabaja en equipo con cada juarense”, expuso en aquel entonces el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Este programa prometía la instalación de mil nuevas cámaras de vigilancia con tecnología de última generación; las cuales contarían con tecnología de análisis inteligente de video el cual permite analizar de manera rápida y eficiente las imágenes de una cámara de seguridad, detectando objetos y personas.

También se mencionó la adquisición de dos Centros de Comando Móvil con los que se vigilarían las zonas de difícil acceso. Estos vehículos estarían enlazados permanentemente al Centro de Emergencias CERI 911, mientras que los arcos carreteros contribuirían en la búsqueda de criminales en fuga y facilitarían la detección de vehículos robados.

La auditoría realizada por la ASF, corresponde a los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) aportados por el Gobierno Federal para el gasto del Municipio en el 2022, por un monto de 1 mil 200 millones de pesos, los cuales se revisaron solo 15 contratos con valor de 528 millones de pesos.

Durante el 2023, Juárez fue la ciudad del país que registró el más bajo índice de pobreza laboral, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su informe sobre el último trimestre del año pasado, indica que solo 17 de cada 100 trabajadores juarenses recibieron un ingreso menor al costo de la canasta básica, lo cual se clasifica como pobreza laboral.

Solo la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila, tuvo un registro similar, con un 17.22%, ligeramente superior al de Juárez.

En tanto, la capital del estado se ubicó en el lugar 11, con un 22.4% de hogares que no ingresan lo necesario para comprar la canasta básica.

El indicador de Juárez muestra una mejoría respecto al año anterior, ya que en el mismo período registró 19.3 hogares de cada 100 que no ganaban lo suficiente para sostenerse.

Antes, en el 2021, fue de 19.7% y en el 2020, año de inicio de la pandemia por la propagación del SARS-Cov 2 o Covid-19, el indicador fue de 23.7%.

En tanto, el promedio nacional fue de 37 por cada 100, más el doble del indicador que registró la ciudad fronteriza de Chihuahua.

La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso global de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.

A nivel estatal, el indicador fue de 22 de cada 100 hogares que no ingresan lo necesario para adquirir la canasta básica, cifra superior en un 29% a la que registró Juárez en el mismo período.

Mediante la colaboración con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de policías de investigación de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Bryan Fernando H. R., un expolicía acusado de secuestro.

La detención se realizó en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 08 de marzo, luego de trabajos de inteligencia realizados por los agentes de la Unidad Modelo, se informó a través de un comunicado de prensa.

El sujeto contaba con orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de 17 personas de diferentes nacionalidades y de hechos cometidos en marzo de 2023 en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez.

En ese lugar, Brayan Fernando H. R., realizaba labores de custodia hacia las víctimas y las amagaba con un arma de fuego, mientras exigían a familiares un monto económico a cambio de restituirles de su libertad.

Es importante destacar que, al momento de los hechos, el detenido se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal en Ciudad Juárez, formando parte estructural de una banda de secuestradores, integrada por civiles y elementos policiacos, de los cuales ya habían sido detenidos y vinculados a proceso dos de ellos.

Este 10 de marzo se llevó a cabo la formulación de imputación en contra del detenido, donde un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en punto de las 11 horas.

El hoy detenido ha sido objetivo de la Unidad de Secuestros al haber hecho uso de su empleo como servidor público para hacerse de una ventaja en la ejecución de sus actos y constituir una compleja red de corrupción en su actuar.