CNDH

El exhorto hecho por el Congreso del Estado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la revisión de las denuncias por el polvo denominado “clinker”, efecto de los procesos de Grupo Cementos de Chihuahua y que afecta la salud de colonos aledaños a la Sierra de Nombre de Dios, se encuentra en revisión por el organismo.

Así lo confirmó la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes quien informó que fue notificada de la entrega del exhorto los primeros días de enero y que se encuentra en espera de la respuesta del organismo, mientras que en Chihuahua ya ha sostenido reuniones con Profepa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La legisladora recordó que, en diciembre del año pasado, el Congreso del Estado aprobó hacer un llamado a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos para revisar las denuncias de “clinker” emanado diariamente sobre la Juan Escutia y Heroico Colegio Militar, desde hace tres años.

El cual explicó que se ha impregnado en vehículos, banquetas, paredes de las casas, así como el interior de los hogares de las decenas de colonias como Nombre de Dios, Fraccionamiento Quintas del Rio, Fraccionamiento Continental y otras más.

María Antonieta Pérez, dijo que el exhorto cuenta con estudios del propio Centro de investigación en Materiales Avanzados S.C con fecha del 27 de enero del 2023, en el que confirman que se observa moderado (49%) contenido de Silicato de calcio (Ca3SiO5).

Las afectaciones por inhalaciones del silicato de calcio pueden ser varias, pero que la inhalación de partículas de sílice promueve el desarrollo de fibrosis pulmonar y durante periodos prolongados aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, por lo que es urgente la intervención de las autoridades.

Por último, la diputada confirmó que el siguiente pasó es la reunión con agrupaciones ambientalistas como Salvemos los Cerros de Chihuahua, colectivo que se ha dedicado a la defensa de la Sierra de Nombre de Dios, con quienes abordarán la estrategia para detener esta forma de contaminación a la población.

Ignora GCC apercibimientos administrativos de Profepa por “clínker”

El diputado del PAN, Gabriel García Cantú, solicitó ante el pleno del Congreso del Estado una moción para que el exhorto de la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes se enviara a la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo, para revisar y contribuir en las recomendaciones emitidas al Gobierno del Estado por las condiciones del Cereso 3 de Ciudad Juárez.

El primero de enero del año en curso, se suscitó un motín en el Centro de Reinserción Social número 3, donde la Fiscalía General del Estado reportó un saldo de 17 personas muertas, 10 custodios y 7 reos, así como 25 reos fugados.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos en documento identificado REC_2023_132 emitió una serie de recomendaciones sobre la atención a las violaciones en derechos humanos, cometidas por la “inadecuada gobernabilidad” del Cereso.

Entre las acciones, la Comisión Nacional pidió la inscripción de 34 víctimas en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave).

Que se repare el daño integral a 17 víctimas, que incluya una medida de compensación en términos de la Ley General de Víctimas y se notifique a la CNDH su cumplimiento.

Que la Ceave de seguimiento a 10 víctimas que quedaron con lesiones a causa de las heridas de bala, garantice su seguimiento médico integral, incluyendo los medicamentos y atenciones ya sea en el estado o fuera de él, sin que esto genere un gasto para la familia y lo absorba el Estado.

Además de brindar atención psicológica y tanatológica por las violaciones en derechos humanos, misma que debe ser gratuita, inmediata, en un lugar accesible con especificidades de edad y género, a 17 de las víctimas indirectas.

Aunado a que solicita colaborar ampliamente con las autoridades investigadoras, en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de 3 funcionarios públicos, por los hechos y omisiones durante los hechos ocurridos el 1 de enero.

Por lo anterior, María Antonieta pidió al Gobierno del Estado, acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a las condiciones del Cereso No. 3 en Ciudad Juárez.

Minutos antes de concluir su participación, la sesión fue declarada en receso por falta de quórum con 14 diputados, 10 minutos después arribaron los diputados del PAN, Carlos Olson San Vicente y Gabriel García Cantú, retomando actividad con 20 diputados en formato virtual y presencial a las 2:44 pm.

Al llegar a la votación del punto de acuerdo, el diputado García Cantú pidió la moción para enviar directo a comisión la petición de Morena, misma que aceptó la promovente.

Una vez concluido el asunto, de nueva cuenta se retiraron Olson San Vicente y García Cantú.

“Respetamos las declaratorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, en los hechos ocurridos el 1 de enero, la autoridad estatal fue contundente, además de mitigar la crisis en las primeras horas y darle una respuesta a la ciudadanía, permitió la captura de todos los prófugos”, defendió el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, Alfredo Chávez Madrid.

El diputado local aseveró que la autoridad actuó de inmediato lo que no se vio en los últimos 11 años a cargo de los exgobernadores César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado, “era evidente que los ceresos estaban así en otros gobiernos; Maru Campos ha hecho cero tolerancias. No se puede permitir que los delincuentes operen desde los centros”.

Chávez Madrid dijo que se destinan recursos para que eventos como el motín del 1 de enero, no pasen de nuevo. Sin embargo, hizo énfasis en que si bien es cierto que se deben defender los derechos humanos de quienes purgan una condena, se debe garantizar la seguridad de todos los chihuahuenses.

El diputado albiazul consideró que es importante indemnizar a los custodios fallecidos, “no tenían muchas prestaciones laborales, hoy ya las tienen; soy un convencido que los elementos deben tener condiciones laborales que les permitan hacer con mayor tranquilidad su trabajo y tener un patrimonio para su familia”.

Reitera CNDH violaciones graves de derechos humanos a 34 víctimas

El primero de enero del año en curso, se suscitó un motín en el Centro de Reinserción Social número 3, en cual la Fiscalía General del Estado reportó un saldo de 17 personas muertas, 10 custodios y 7 reos, así como 25 reos fugados.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en documento identificado REC_2023_132 emitió una serie de recomendaciones sobre la atención a las violaciones en derechos humanos, cometidas por la “inadecuada gobernabilidad” del Cereso.

Entre las acciones, la Comisión Nacional pidió la inscripción de 34 víctimas en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave).

Que se repare el daño integral a 17 víctimas, que incluya una medida de compensación en términos de la Ley General de Víctimas y se notifique a la CNDH su cumplimiento.

Que la Ceave de seguimiento a 10 víctimas que quedaron con lesiones a causa de las heridas de bala, garantice su seguimiento médico integral incluyendo los medicamentos y atenciones, ya sea en el estado o fuera de él, sin que esto genere un gasto para la familia y lo absorba el Estado.

Además de brindar atención psicológica y tanatológica por las violaciones en derechos humanos, misma que debe ser gratuita, inmediata, en un lugar accesible con especifidades de edad y género, a 17 de las víctimas indirectas.

El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que proceda a la reparación integral del daño a la familia de Jessica Silva, con una compensación justa y suficiente, y que sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.

El exhorto fue promovido por el legislador Francisco Adrián Sánchez Villegas de Movimiento Ciudadano, quien recordó que la muerte de Jessica Silva ocurrió el 8 de septiembre de 2020 en Delicias, cuando ella tenía 35 años de edad, y junto con su esposo, Jaime Torres, participaban en una manifestación en la presa La Boquilla.

“A pesar de los obstáculos establecidos por el Gobierno Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe cumplir con la recomendación de la CNDH de brindar una compensación justa por los daños sufridos a las víctimas con lo cual se alcance la reparación integral”, expuso en sus motivos el legislador naranja.

Agregó que la CEAV tiene múltiples funciones, que incluyen, entre otras, la reparación integral del daño a las víctimas, la prestación de servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico y social, así como garantizar que se cumplan las medidas de satisfacción y no repetición para prevenir victimizaciones.

Además de que es responsable de inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan recibir las ayudas y reparaciones que les corresponden conforme a la Ley General de Víctimas y otras normativas aplicables.

“La CNDH ya determinó que se repare el daño. La Sexagésima Séptima Legislatura en unanimidad con independencia de ideologías ya exigió que se otorgue justicia a Jessica Silva. El no cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH prolonga la incertidumbre para la familia”, puntualizó.

Al acuerdo se sumó el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes detallaron que “el homicidio de Jessica Silva es el resultado del abuso de autoridad en contra de los agricultores de la región, que solamente buscaban proteger, lo más vital, el agua”.

El exhorto fue apoyado con 17 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones de parte de la fracción parlamentaria de Morena.