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El Congreso del Estado llevó a cabo su segunda baja documental, mediante la cual se eliminarán 530 cajas de documentos generados entre 1980 y 2018, informó la presidenta del Poder Legislativo, diputada Elizabeth Guzmán Argueta.

El proceso tiene como finalidad optimizar los espacios de resguardo y mejorar la gestión administrativa, según lo dio a conocer el Congreso.

La documentación corresponde principalmente a expedientes administrativos y copias de juicios de amparo, que, de acuerdo con la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado, ya cumplieron su ciclo de vida útil.

En conjunto, representan 323.3 metros lineales de papel que serán donados para su reciclaje.

Guzmán Argueta explicó que la baja documental “no implica pérdida de información valiosa, sino un acto consciente de gestión, realizado bajo criterios legales que aseguran la preservación de lo verdaderamente relevante para el Congreso y la ciudadanía”.

Por su parte, la directora del Archivo del Congreso, Isela Martínez Andazola, subrayó que este proceso se efectúa por segunda ocasión y se repetirá cuando sea necesario.

“El archivo siempre está en constante crecimiento, por lo que resulta indispensable liberar espacio y dar un manejo responsable a la documentación”.

La funcionaria agradeció el respaldo del secretario de Administración, Ottofriderch Rodríguez; del secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, Óscar Díaz, así como de los integrantes del grupo interdisciplinario que participa en esta tarea.

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, urgió a las bancadas del PAN y del PRI a decidir a cuál de esas fuerzas políticas le corresponderá presidir la Mesa Directiva del Congreso local en el próximo período ordinario de sesiones.

Recordó que existe un acuerdo parlamentario para que cada una de las bancadas con mayor representación en la LXVII Legislatura ocupe de manera rotativa la presidencia del Congreso en al menos uno de los períodos legislativos. Por esa razón, indicó, ahora corresponde al PAN o al PRI asumir esa función.

Estrada Sotelo explicó que al inicio de la legislatura se pactó que Morena —segunda fuerza política con 11 diputaciones— presidiera el Congreso en el primer año, mientras que priistas y panistas lo harían en los dos siguientes.

“Morena sí se ha apegado a los acuerdos tomados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo)”, sostuvo el legislador, y recordó que en la anterior legislatura no se respetó el derecho de su bancada a proponer quién ocuparía la presidencia en el segundo y tercer períodos de sesiones.

“Nos violentaron el derecho de proponer. Siempre dijimos que violaban la ley y el acuerdo, y que no era sano que se le arrebatara esa decisión a una bancada”, expresó.

Añadió que Morena respetará el acuerdo actual porque “siempre hemos peleado por eso. Creemos que el Congreso debe tener pluralidad”.

Sobre si la presidencia correspondería al PRI o al PAN, Estrada Sotelo señaló que su bancada acatará la decisión que tomen ambos partidos, pero les pidió definir a la brevedad quién ocupará la presidencia durante el período que inicia el 1 de agosto y a qué diputado o diputada propondrán.

“No nos vamos a convertir en el PRI ni en el PAN, aunque ellos así nos lo impusieron en el pasado”, recalcó.

Sin embargo, consideró que lo más probable es que la presidencia sea para el PRI, ya que —dijo— el PAN, por su posición en el Gobierno del Estado, podría buscar cerrar la legislatura actual desde la Junta de Coordinación Política.

Actualmente, la presidencia del Congreso está en manos de Morena, representada por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, quien concluirá su período de un año al frente de los trabajos legislativos el próximo 1 de agosto.

El diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, pidió a las autoridades de seguridad mantener una presencia permanente en la Sierra Tarahumara y realizar reuniones periódicas de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en diversos municipios de la región.

Tras la reciente reunión de fuerzas del orden en el municipio de Guadalupe y Calvo, Medina Aguirre advirtió que no basta con celebrar una sola mesa de seguridad, sino que las acciones deben sostenerse e intensificarse. “En materia de seguridad, las autoridades no deben estacionarse ni retroceder”, declaró en un comunicado.

El legislador exhortó a que estos ejercicios de coordinación se realicen en toda la región serrana, al considerar que son fundamentales para mantener la estabilidad y dar certeza a la población. “La presencia territorial permanente y la acción ininterrumpida son cruciales para conservar la paz en la sierra”, afirmó.

Medina Aguirre, representante del Distrito XXII con cabecera en Guachochi —al que pertenece Guadalupe y Calvo—, destacó la importancia de que la reciente Mesa de Seguridad se haya efectuado en la zona, calificándola como “una señal de fuerza y determinación”.

En la reunión participaron la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el fiscal general César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública estatal Gilberto Loya Chávez, mandos militares destacados en la entidad y representantes de la Guardia Nacional.

El diputado priista celebró que la mandataria estatal acudiera personalmente al municipio, que —recordó— ha sido asediado por la violencia durante años. “La gobernadora ha sido muy cuidadosa al mantener una colaboración abierta entre la Federación y el estado.

Entiende bien que en temas de seguridad no cabe la politiquería; se trata de hacer equipo y dar resultados”, expresó.

Finalmente, Medina subrayó que es necesario concebir a la Sierra Tarahumara como una gran comunidad: “Sí, dividida por montañas y barrancos, pero conectada como una sola. Lo que pasa en una zona impacta de inmediato en el resto. Por eso es fundamental mantener esta estrategia en todos los municipios y no atender los focos rojos de forma emergente”, concluyó.

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto del Congreso del Estado, Alma Portillo Lerma, advirtió que la desaparición de los órganos autónomos a nivel federal representa una amenaza directa para la transparencia en el país, y particularmente para Chihuahua.

En entrevista, la legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que, tras la reforma impulsada por el Gobierno federal que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), persiste una profunda incertidumbre jurídica respecto al futuro de los institutos estatales, como el Ichitaip.

“Estamos realizando un análisis muy complejo, con muchos temas técnicos que debemos estudiar a fondo”, explicó Portillo. “Hemos involucrado a distintos entes para que participen en esta nueva etapa que se avecina en materia de transparencia”.

La legisladora recordó que recientemente se publicó en el Periódico Oficial del Estado una modificación a la Constitución local para reconocer el acceso a la información pública como un derecho fundamental. No obstante, advirtió que la posible desaparición del Ichitaip como organismo autónomo pondría en grave riesgo la preservación de ese derecho.

Portillo Lerma subrayó que Chihuahua ha sido históricamente pionero en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que consideró inaceptable que una reforma federal borre años de avances construidos por la sociedad civil y las instituciones estatales.

“No podemos permitir que esta reforma elimine todos los esfuerzos previos, simplemente porque hay un decreto que afirma que ya no hay transparencia”, enfatizó.

La diputada recordó que el acceso a la información es un derecho humano, y que sin un órgano autónomo encargado de garantizarlo, dicho derecho se ve comprometido.

“El problema no es solo la desaparición de los institutos; es que, al no existir un órgano independiente, la transparencia misma está en juego. Por eso hablamos de que quieren borrar la transparencia”, afirmó.

Respecto al futuro del Instituto Chihuahuense para la Transparencia (Ichitaip), Portillo aseguró que se estudia la posibilidad de mantenerlo vigente como organismo autónomo a nivel estatal.

“Estamos analizando cómo puede permanecer autónomo. Sería fundamental lograrlo, porque eso garantizaría que la transparencia no esté en riesgo en el estado de Chihuahua”, concluyó.