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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ignacio Mier, aprobó un acuerdo para modificar el procedimiento de la convocatoria para elegir a las nuevas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El documento fue avalado este martes por unanimidad de votos por parte de los coordinadores parlamentarios, y deberá también ser aprobado en el pleno. Al término de la sesión, Mier Velazco señaló que la sentencia del Tribunal fue acatada, pero desde su punto de vista, se trató de una “acción abusiva” por parte de los magistrados.

“Quedó aprobado por unanimidad, pero señalando y reiterando que es una acción abusiva por parte del Tribunal Federal Electoral. Ahorita se va al pleno y seguramente irá con el respaldo de todas las diputadas y diputados porque fue un acuerdo que salió por unanimidad”, puntualizó en conferencia de prensa.

El acuerdo establece que serán los integrantes del Comité Técnico de Evaluación quienes, tras analizar la documentación presentada por las y los aspirantes, “evaluarán la idoneidad para ocupar los cargos de una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y tres cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Asimismo, que después de evaluar a los mejores perfiles, dicho Comité integrará cuatro listas de cinco personas por cada cargo vacante; tres cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente.

Paridad de género en listas

Para garantizar la paridad de género que exigió el Tribunal, se establece que las listas se integrarán de la siguiente manera:

1.- Personas aspirantes de género hombre

2.- Personas aspirantes de género mujer

3.- Personas aspirantes de género hombre

4.- Personas aspirantes de ambos géneros, en razón de 2 personas aspirantes de un género y 3 personas aspirantes del otro.

El acuerdo modifica las fechas y plazos, por lo que la inscripción y registro de aspirantes se realizara a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero de 2023.

La evaluación de los aspirantes se realizará a partir del 24 de febrero, mientras que la remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las listas de personas aspirantes a la Junta de Coordinación Política, será el 26 de marzo de 2023.

De avalarse la propuesta, la Mesa Directiva sería notificada el 29 de marzo, mientras que la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, se daría el 30 de marzo.

En caso de llegar a la insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados, ésta se realizaría el 31 de marzo, mientras que si la lista se remite al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la insaculación sería el 3 de abril de 2023.

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, entregó este lunes al Congreso del Estado una iniciativa de reformas legislativas con el fin de reducir el requisito a los agentes de la Policía Municipal para obtener la pensión a 25 años de servicio, en lugar de los 30 que deben cubrir actualmente.

La reducción de años laborales beneficiará tanto a los policías como a los bomberos, acción que pretende dignificar y proteger a los elementos, así como a sus familias, dijo.

Para tal efecto, se deberá reformar la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, que actualmente marca 30 años de servicio para alcanzar el retiro. Para la elaboración de la propuesta.

“El Instituto Municipal de Pensiones va a tener total salud financiera hasta el año 2040, estamos asegurándole casi 20 años más al instituto con todo y la reforma” declaró el edil capitalino.

Destacando que esta es una medida necesaria ya que el estrés en el que viven no es igual al resto de los demás.

Con ello también pretenden que los elementos continúen en dentro del marco legal y no busquen pasar a las filas delincuenciales.

Bonilla Mendoza pidió a la presidente del órgano legislativo el apoyo para que esta iniciativa sea aprobada.

Ante esto Adriana Terrazas señaló que esto es positivo tanto para los elementos como para sus familias. Por otra parte, no descartó que se haga un análisis para que esta disminución se dé no solamente en el municipio de Chihuahua, sino en otros municipios.

La 67º Legislatura del Congreso Estatal exigió al Congreso de la Unión la creación de una Ley General de Seguridad Privada que regule a las empresas que se dediquen a ese giro en todo el país.

En particular, se debe someter a las personas que laboran en esas empresas a una normatividad sobre el uso de armas de fuego y portación de uniformes distintivos para evitar que se les confunda con agentes de seguridad pública o con “trasgresores de la paz social”.

“Es importante que el Congreso de la Unión expida esta ley, ya que no podemos dejar que pasen desapercibidas estas acciones que trasgreden la paz social, a causa de la falta de una legislación”; dijo el promotor de la iniciativa, diputado Gabriel García Cantú (PAN).

Señaló, ante integrantes de la Diputación Permanente, que las empresas de seguridad privada deben tener una regulación para obtener licencias colectivas para portar armas de fuego, de modo que éstas se usen exclusivamente en la prestación de servicios de vigilancia.

Mencionó que el 28 de mayo del año 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que adiciona la fracción XXIII Bis, en la cual el Congreso de la Unión se otorga la facultad para expedir la Ley General de Seguridad Privada.

En el mismo decreto, se otorgan 180 días a fin de que se expida esta nueva ley, sin embargo, a la fecha, no se ha legislado al respecto, encontrándonos ante una vacatio legis.

Comentó que, en días pasados ocurrió un hecho en Ciudad Juárez donde se vieron personas con armas largas deambulando dentro de un establecimiento comercial, eran personas que se encontraban resguardando a un cliente de este negocio.

“El no portar uniforme y exhibir sus armas largas, ocasionó una intranquilidad y preocupación a los demás ciudadanos, ya que no se sabía si pertenecían a una institución de seguridad pública, si eran escoltas privados o bien, si eran enemigos de la paz”, dijo García Cantú.

Esto constituye un hecho grave, más aún cuando este exhibicionismo de armas se da dentro de establecimientos públicos en el cual asisten niñas, niños y adultos mayores, añadió.

Señaló que el derecho a la seguridad no debe de estar por encima de la paz social, algo que “cotidianamente sucede”.

Casos como los de las personas armadas que dan servicios de escolta rompen con la paz social cuando se comportan de manera altanera por la vía pública, inclusive dentro de establecimientos públicos, agregó.

Al no contar con una regulación, el actuar de esas personas hace que la población tema por su seguridad, ya que desconocen si quien las porta pertenece o no a alguna institución de seguridad pública, concluyó.

El decreto aprobado se enviará al Congreso de la Unión para que se analice y se haga el dictamen correspondiente.

Las irregularidades detectadas por el Auditor Superior del Estado (ASE) en el Ejercicio 2021 del Gobierno del Estado deben investigarse sin hacer prejuicios, demandaron los diputados de Morena, Oscar Castrejón y Cuauhtémoc Estrada.

Ambos legisladores coincidieron en que no se debe de condenar esto sin una previa averiguación a fondo a lo que fue el último año del gobierno de Javier Corral Jurado.

Luego de que Héctor Acosta Félix, titular de la ASE, expusiera los resultados de la revisión a la cuenta pública 2021 del Gobierno del Estado, con la detección de una serie de irregularidades, los congresistas destacaron que se tiene que llegar al fondo.

A su vez, Oscar Castrejón dijo que “todo lo que es público debe de ser más público y transparente”.

“Debe de revisarse la veracidad de los datos o saber si es cuestión de interpretación, así como esperar los tiempos para que se dé respuesta a estos requerimientos presentados”, comentó.

Estrada Sotelo, quien coordina a la bancada morenista, declaró a favor en que se haga la investigación y las denuncias se interpongan ante las áreas correspondientes, ya que como ciudadanos tenemos derecho de conocer la verdad histórica.

“Tampoco prejuzguemos, sometamos esos resultados de las auditorías a los órganos competentes y que esos órganos competentes nos digan si las hubo. Y si las hubo, yo pediría que existan las sanciones correspondientes”, externó Estrada Sotelo.

Este ejercicio en cuestión es de la administración de Javier Corral Jurado, donde se han detectado diversas irregularidades en programas de diversas dependencias como el área de Desarrollo Rural, donde se entregaron cheques de beneficiarios a una misma cuenta.