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El Congreso del Estado aprobó la actualización de las tablas catastral y, con ello, el aumento al monto que pagarán los propietarios de bienes inmuebles por concepto de impuesto predial.

Para el diputado Jorge Soto (PAN), presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, la aprobación de las nuevas tablas de valores catastrales, permitirá que los municipios “generar mejores mecanismos de ingresos”.

Pese al descontento que podría generar la decisión de elevar la base que sirve para calcular el pago del predial, Soto afirmó que, con esa actualización, “se da un paso firme para construir una política fiscal más justa”.

Las nuevas tablas de valores “no solo garantiza el pago equitativo del predial, sino que también impulsará el desarrollo de los municipios”, aseguró el panista.

Con más recursos en sus arcas, los gobiernos municipales podrán otorgarle a sus gobernados mejores servicios públicos: calles pavimentadas, seguridad y espacios recreativos, que hacen la diferencia en nuestras comunidades, continuó el legislador del partido blanquiazul.

Soto destacó que la actualización aprobada por mayoría también beneficia a los ciudadanos que busquen vender sus propiedades, ya que otorga un valor catastral actualizado y más cercano al de mercado.

“Los propietarios pueden negociar con mayor transparencia y confianza, lo que no solo facilita las transacciones, sino que también incrementa la estabilidad y competitividad del sector inmobiliario en el estado”, afirmó.

Dentro del dictamen aprobado, se mencionó que los municipios de Hidalgo del Parral, Uruachi y Guazapares no presentaron su propuesta en tiempo y forma, por lo que continuarán en vigencia las tablas de 2024.

La reciente actualización “marca un antes y un después” en la forma en que los municipios podrán generar recursos propios, contribuyendo a su autosuficiencia financiera, concluyó.

El Congreso del Estado analizará una iniciativa para sancionar con penas de hasta doce años de cárcel a quien haga un uso indebido de un automóvil de renta.

El proyecto consiste en agregar un artículo el Código Penal del Estado de Chihuahua y tipificar como delito el uso irregular de ese tipo de autos, ya sea mediante alteraciones a su equipamiento y su documentación, o bien, porque se les utiliza para cometer ilícitos.

La propuesta busca establecer penas de entre seis y doce años de prisión para conductas como desmantelamiento, comercialización ilegal y alteración de documentación de vehículos arrendados.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, presentó la propuesta durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado efectuada este martes 3 de diciembre.

Zubía destacó que la problemática afecta gravemente a las empresas arrendadoras y al sector turístico en Chihuahua.

Según datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVE), las pérdidas por estas prácticas superan los 150 millones de pesos anuales a nivel nacional.

“El abuso en el uso de vehículos de renta no solo genera pérdidas económicas, también afecta la confianza y la competitividad en este sector clave para la economía del estado”, señaló el legislador.

La iniciativa incluye la creación del artículo 212 Ter del Código Penal estatal, que sancionaría a quienes no devuelvan los vehículos rentados, los utilicen en actividades ilícitas o modifiquen su documentación para ocultar su identidad.

Esta medida, indicó el diputado, responde a la necesidad de proteger tanto a las empresas como a los usuarios legítimos del servicio de arrendamiento.

“La reforma busca enviar un mensaje claro: no toleraremos ninguna práctica que atente contra la certeza jurídica de las empresas y los ciudadanos. Chihuahua debe ser un estado seguro y confiable para quienes visitan y para quienes invierten en él”, concluyó Zubía.

El Congreso del Estado exhortó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se asignen recursos a los programas de conservación del medio ambiente, gestión hídrica, infraestructura hidráulica y modernización de sistemas de riego dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF-25).

El llamado del Legislativo de Chihuahua se aprobó por mayoría de votos, sin la anuencia de la bancada de Morena.

El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN), representante del Distrito 11º con cabecera en Meoqui, donde se encuentra parte del Distrito de Riego 05, afirmó en la tribuna del Congreso que el  PEF-25 contempla recortes “alarmante” a las partidas destinadas a atender los efectos de la sequía que afecta a Chihuahua y al resto del país.

Mencionó entre esas reducciones, la que tendrá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que será de 73 mil 265 millones de pesos en 2024 a solo 44 mil 370 millones para el próximo año.

A su vez, el renglón de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sufrirá un recorte del 97.4 por ciento, es decir, de 11 mil 255 millones de pesos a solo 288 millones.

En tanto, la  modernización de riego y temporal tendría una disminución  del 90.4 por ciento, ya que le quitarían casi 19 mil millones de pesos, pese a que es un programa  clave “para aumentar la eficiencia hídrica en el sector agrícola, un sector que representa el 76 por ciento del uso del agua en México”, dijo el legislador panista.

Agregó que, el presupuesto 2025 refleja una desconexión preocupante entre las prioridades nacionales e internacionales de México y en un momento crítico para el planeta, donde la crisis climática exige acción inmediata y decidida, recortar los recursos destinados al medio ambiente y la gestión hídrica es un retroceso que el país no puede permitirse.

El punto de acuerdo de Pérez Pavía fue respaldado por los grupos parlamentarios del PRI y PAN y se aprobó como un exhorto del Congreso del Estado.

El plantón y toma de oficinas que un grupo de productores agrícolas lleva a cabo en las oficinas de la Secretaría del Bienestar motivó la aprobación de un punto de acuerdo del Congreso del Estado para exhortar tanto al Gobierno Federal, como al estatal, a que atiendan la problemática del campo.

El asunto llegó a la tribuna del Legislativo por conducto del diputado Saúl Mireles Corral (PAN), representante del Distrito XIV con cabecera en Cuauhtémoc, quien propuso aprobar un punto de acuerdo para conminar a la presidenta Claudia Sheinbaum a que libere los 380 mdp que demandan los manifestantes.

El legislador panista recordó que son más de 60 mil familias afectadas, y señaló que hay reglas de operación establecidas, pero no se le están dando seguimiento, y agregó que ese dinero bien se pudo haber entregado en marzo pasado y no hasta finales del año.

Recordó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aún debe 597 mdp de programas de apoyo a productores de Chihuahua, mismos que debieron entregarse desde el año 2019.

Posteriormente, la diputada por el Distrito VI con cabecera en Juárez, Irlanda Márquez Nolasco, propuso una moción para que el Gobierno del Estado también recibiera el exhorto de liberar los recursos para los programas destinados al campo.

A su vez, la diputada Magdalena Rentería (Morena) señaló que el tema de los 360 mdp no corresponde a la Secretaría del Bienestar, sino a la Sader, por lo que la toma de las oficinas de aquella dependencia carece de sentido.

En cambio, dijo, se está perjudicando a decenas de mujeres que no han podido realizar sus trámites para recibir los apoyos que sí otorga esa secretaría a adultos mayores y grupos vulnerables.

A su vez, el panista  Arturo Zubía (PAN), del Distrito XX de Camargo, dijo que el programa del Gobierno de la República “es muy bueno”, porque va dirigido a productores pequeños que prácticamente dependen de su cultivo para subsistir.

El problema, añadió, es que a la presidenta Claudia Sheinbaum le están fallando sus colaboradores.

Tras una larga discusión, motivada en parte por la confusión que surgió en torno a cómo quedaría redactado el Punto de Acuerdo, el Congreso aprobó emitir esa petición a las dos instancias de Gobierno.

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