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Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una solicitud dirigida al Gobierno Federal para cerrar la frontera sur del país al ingreso de ganado vivo, hasta que se cumplan las condiciones sanitarias necesarias y se detenga la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG).

El diputado Saúl Mireles Corral (PAN), promovente de la iniciativa, señaló que las propias agrupaciones ganaderas del estado han pedido frenar la entrada de reses provenientes de países centroamericanos, así como detener el tráfico ilegal de animales posiblemente infectados que ponen en riesgo la bioseguridad nacional.

La petición exhorta al Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a implementar medidas urgentes para detener el movimiento de ganado del sur hacia el norte del país.

El legislador panista, representante del Distrito XIV con cabecera en Cuauhtémoc, advirtió que las importaciones de ganado centroamericano no solo implican riesgos sanitarios, sino que también generan competencia desleal, provocando una caída de hasta el 40 por ciento en los precios del ganado nacional.

Mireles Corral aclaró que la finalidad de la propuesta no es aislar al país de sus vecinos, sino establecer un mecanismo precautorio excepcional ante una amenaza sanitaria grave, mientras se fortalecen los controles internos.

“Estamos del lado de nuestros productores, impulsando acuerdos y coordinando acciones para garantizar la sanidad del hato ganadero y pugnar por la pronta reactivación de las exportaciones”, declaró el legislador.

El gusano barrenador, un año después

La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, una de las actividades más relevantes del sector primario en las entidades fronterizas, ha estado total o parcialmente suspendida desde finales de 2024, tras la detección del GBG en territorio nacional.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció la reanudación parcial de importaciones de ganado vacuno y bisonte procedentes de México en febrero de 2025.

El 5 de febrero se realizó el primer envío de 500 cabezas desde el puerto fronterizo de San Jerónimo, Chihuahua, y un día después se exportaron 378 becerros y hembras desde Agua Prieta, Sonora.

No obstante, autoridades estatales y agrupaciones ganaderas han denunciado pérdidas millonarias, debido a que gran parte del hato destinado a exportación permanece en territorio nacional.

El 30 de junio, la USDA anunció una reapertura parcial (“phased reopening”) de algunos puertos fronterizos a partir del 7 de julio, condicionada a que México mantuviera estrictas medidas de control sanitario y vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, el 10 de julio se detectó un nuevo caso de GBG en el estado de Veracruz, lo que provocó un nuevo cierre de la frontera.

El Gobierno de Chihuahua ha gestionado la reapertura total mediante la aplicación de protocolos sanitarios y la acreditación de veterinarios especializados, pero el cierre continúa.

En octubre se confirmaron tres nuevos casos: dos en Nuevo León, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Laredo, Texas, y uno más en Querétaro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus conferencias matutinas que la exportación de ganado podría reanudarse en noviembre próximo, aunque la USDA no ha emitido aún una postura oficial al respecto.

El Congreso del Estado de Chihuahua exhortó a los tres poderes del Estado, organismos públicos y ayuntamientos a emprender campañas de recolección de víveres, artículos de primera necesidad y materiales de apoyo para las familias afectadas por las inundaciones registradas en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

La propuesta, presentada por la diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT) y expuesta en tribuna por la legisladora Nancy Frías, subrayó la grave situación que atraviesan ambas regiones tras las intensas lluvias provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Raymond.

De acuerdo con el planteamiento, las precipitaciones ocasionaron daños materiales severos, colapso de viviendas y vehículos arrastrados, además de la lamentable pérdida de una vida humana. La legisladora señaló que la emergencia ha afectado profundamente la infraestructura urbana, los servicios públicos y la seguridad patrimonial de miles de familias, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Informes de medios locales reportan que el desbordamiento del río Casas Grandes agravó el panorama, afectando viviendas, vialidades y cultivos, lo que ha generado una urgente necesidad de coordinar acciones humanitarias y de reconstrucción en la región norte del estado.

El Congreso hizo un llamado a sumar esfuerzos sin distinciones partidistas, convocando a la ciudadanía, instituciones y funcionarios públicos a participar voluntariamente en las campañas de acopio.

Asimismo, se propuso la instalación de centros de recolección temporales en dependencias estatales y municipales, con mecanismos de transparencia en la recepción, registro y entrega del material donado.

“Es momento de mostrar solidaridad y trabajar unidos para ayudar a las familias que hoy enfrentan esta tragedia”, expresó la diputada Nancy Frías al presentar la iniciativa.

El Congreso del Estado de Chihuahua presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación, cuyo propósito es establecer las bases jurídicas que fomenten la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación social en México.

El documento define los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los principios que regirán las políticas públicas en la materia.

Entre las acciones previstas se incluye el fomento de la cultura de la paz en los ámbitos social, educativo, policial y judicial, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia.

La propuesta contempla la creación del Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación, y designa al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia encargada de coordinar y definir la política nacional en este ámbito.

Asimismo, prevé la formación de una Comisión Permanente para la Cultura de la Paz, con facultades para impulsar la cooperación interinstitucional y promover el intercambio de experiencias con organizaciones civiles, instituciones académicas y redes especializadas.

La diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, explicó que la iniciativa busca construir una sociedad más inclusiva, tolerante y resiliente, capaz de generar condiciones de estabilidad y bienestar para todos sus integrantes.

De acuerdo con el proyecto, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios deberán promover activamente la cultura de la paz y la reconciliación a través de sus dependencias y programas.

Entre sus objetivos destacan garantizar la convivencia armónica entre grupos sociales, fomentar el respeto mutuo, la igualdad y la justicia, y fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia.

El sustento de la iniciativa se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno de paz, seguridad y convivencia armónica.

Ortega Máynez subrayó que el proyecto pretende impulsar una cultura de paz “frente a la violencia que lastima al país”, y enfatizó que “la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia constante de valores como el diálogo, el respeto y la reconciliación”.

Finalmente, los artículos transitorios del proyecto establecen que las legislaturas locales y la Cámara de Diputados deberán emitir las normas necesarias y prever los recursos presupuestales para aplicar la nueva ley.

Además, el Estado mexicano, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá un plazo máximo de diez años para capacitar y certificar al personal del sector público en los principios de la cultura de paz y reconciliación.

El Senado de la República desechó la iniciativa enviada por el Congreso del Estado de Chihuahua para establecer un esquema de subsidios al precio del gas natural, gas L.P. y gasóleo durante los meses de invierno.

La propuesta, aprobada por el Legislativo estatal en marzo de 2023, buscaba reformar la Ley de Hidrocarburos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborara “un programa anual de subsidios y tarifas preferenciales en el precio del gas L.P., gas natural y gasóleo de uso doméstico, considerando las condiciones climáticas de cada entidad o municipio durante la temporada invernal”.

Sin embargo, dos años y medio después de su envío, el Senado comunicó al Congreso de Chihuahua —mediante el oficio número DGPL-1P2A.-660— que, desde el 23 de septiembre de 2025, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos habían determinado desechar la iniciativa y archivarla como asunto concluido.

Congreso de Chihuahua pide gas y no le dan

La negativa del Senado se suma a una serie de gestiones que, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de Chihuahua, han hecho durante casi dos décadas para conseguir apoyo federal en la compra de gas durante el invierno.

En octubre de 2022, el Congreso local aprobó un exhorto promovido por el entonces diputado Omar Bazán Flores (PRI), solicitando al Gobierno Federal establecer un subsidio temporal para los meses más fríos, en apoyo a las familias que dependen de ese combustible para calefacción.

Esa petición tampoco fue atendida, y ahora, con el cierre del trámite legislativo, se acumulan más de 17 años de solicitudes sin respuesta sobre el mismo tema.

Actualmente, el precio del gas L.P. oscila entre 550 y 600 pesos por tanque de 30 litros, mientras que el gas natural se cotiza en 3.14 pesos por metro cúbico (m³) en el estado de Chihuahua.

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