congreso

En medio de un debate político entre el bloque mayoritario y la bancada de Morena, la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos autorizar al Poder Ejecutivo de Chihuahua a contratar financiamiento hasta por 3 mil millones de pesos que serán destinado a inversión pública productiva, refinanciamiento de deuda y la contratación de instrumentos financieros para mitigar riesgos por alzas en las tasas de interés.

El decreto faculta al Ejecutivo estatal a realizar las operaciones de financiamiento por un monto de 3 mil millones de pesos, además de los recursos necesarios para cubrir costos asociados, gastos de implementación y fondos de reserva, bajo los términos establecidos en el dictamen legislativo.

Durante la presentación del proyecto ante el Pleno, la diputada Carla Rivas Martínez (PAN), defendió la contratación del nuevo crédito, al señalar que ésta se sustenta en un análisis previo de la capacidad de pago del Estado, el Techo de Financiamiento Neto aplicable a Chihuahua y la definición de fuentes de pago claras. Todo o anterior, afirmó, permite garantizar la sostenibilidad de la deuda.

De acuerdo con lo aprobado, los recursos se destinarán principalmente a infraestructura carretera, al desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como al refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, contratados durante el período de gobierno del 2010 al 2016.

Además, se contratarán instrumentos derivados para reducir la exposición financiera del Estado ante posibles incrementos en las tasas de interés.

Desde la bancada mayoritaria, se argumentó que el financiamiento permitirá impulsar proyectos estratégicos, fortalecer la infraestructura estatal y mejorar las condiciones para el desarrollo económico, sin comprometer las finanzas públicas, al tratarse —subrayaron— de inversión pública productiva.

En contraste, legisladores de oposición expresaron reservas sobre el alcance del endeudamiento, al advertir riesgos en la ejecución de los recursos y en el nivel de compromiso financiero a largo plazo, además de exigir mayor claridad y control sobre los proyectos específicos que serán financiados con el crédito autorizado.

El decreto establece que los recursos del Financiamiento para Inversión Pública Productiva (IPP) deberán destinarse a proyectos como abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, vías de comunicación e infraestructura urbana, edificación no habitacional y equipamiento, infraestructura y equipamiento en seguridad pública, justicia y salud.

También piden destinar recursos al rubro “Desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras”.

¿Cómo quedará la deuda pública de Chihuahua?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa en su reporte “Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos”, la deuda pública de Chihuahua asciende a 55 mil 731 millones de pesos, al corte del 30 de septiembre.

Con el monto recién aprobado, la deuda pública estatal ascenderá a 58 mil 731 mdp, lo que mantendrá a Chihuahua como la cuarta entidad más endeudada del país, Nuevo León, con 108 mil 60 mdp de deuda; Ciudad de México, 99 mil 301 mdp y Estado de México, 61 mil 955 mdp.

En los artículos transitorios se precisa que el detalle de los proyectos deberá quedar asentado en los contratos mediante los cuales se implemente el financiamiento, lo que fue uno de los puntos señalados por la oposición como clave para el seguimiento legislativo.

Durante la discusión, el Pleno aprobó una reserva presentada por el diputado Jorge Soto Prieto, mediante la cual se establece que tanto los créditos como los instrumentos derivados deberán ser registrados ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la normativa federal, incluyendo de manera expresa la clave de registro de cada financiamiento.

Integrantes de la organización “Retén Ciudadano” tuvieron un altercado con guardias de seguridad de la Torre Legislativa del Congreso del Estado cuando intentaron ingresar al edificio para exigir a las coordinaciones parlamentarias una respuesta sobre su petición de reducir el cobro del Derecho Vehicular para el año 2026.

Después de varias horas de espera en la Plaza de Armas, frente a la Torre Legislativa, el contingente intentó entrar por la fuerza justo en el momento en que se celebraba la sesión ordinaria del Congreso. Sin embargo, fueron contenidos por los guardias, quienes dejaron la puerta entrecerrada y se colocaron frente a ella para impedir cualquier ingreso.

Rocío Martínez, en representación de Retén Ciudadano, informó que su organización ha solicitado reunirse con representantes de las seis fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, pero hasta este martes 25 ninguna de ellas los había recibido.

La reunión tiene como objetivo plantear la necesidad de revisar el cobro del Derecho Vehicular y ajustar a la baja las tarifas que se aplican a las personas de bajos ingresos, pues —señaló— la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales al ingreso de las y los ciudadanos.

“Reclamamos sobre el derecho de circulación vehicular, que es el origen de todos los males”, expresó la manifestante, mientras otros integrantes de la organización intentaban, sin éxito, entrar al edificio legislativo.

“Queremos hablar con los diputados y las diputadas, pero vea: nos han dejado plantados una y otra vez. Dijeron que nos iban a hablar y nunca nos hablaron”, reclamó.

En entrevista con Norte Digital, la representante reiteró la postura que Retén Ciudadano ha sostenido desde hace años: que el cobro del Derecho Vehicular sea proporcional al aumento del Salario Mínimo General.

Sin embargo —agregó— siempre reciben como respuesta que el Gobierno del Estado no tiene recursos suficientes y no puede prescindir de esos ingresos.

Finalmente, advirtió que Retén Ciudadano mantendrá su petición de reunirse con diputados de todos los partidos antes de que se dictamine el Paquete Económico del Gobierno del Estado para 2026, en el cual se incluirán los cobros vehiculares, entre otros gravámenes.

El dirigente campesino Martín Solís, integrante de organizaciones defensoras del agua en Chihuahua, fue expulsado a la fuerza de un foro sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales convocado por el Congreso del Estado, al que asistieron agrupaciones que se oponen a ese nuevo marco jurídico.

De acuerdo con su testimonio, uno de los participantes lo retiró del uso de la voz a jalones, por lo que tuvieron que intervenir guardias de seguridad del Congreso para escoltarlo hasta la salida.

Solís denunció que fue expulsado pese a que la invitación al foro era pública y él se había registrado como participante. Señaló que acudió el 18 de octubre, en un ejercicio convocado por el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, con la expectativa de un espacio plural donde pudieran debatirse las implicaciones de la reforma.

Relató que fue anotado como el quinto orador en un evento donde varios asistentes reclamaron a la Conagua, pero también rechazaron cualquier intento de crear una nueva ley. Cuando llegó su turno, una acompañante de los productores del centro–sur del estado lo “jaloneó para bajarlo” del estrado.

Tras liberarse, el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya intervino para permitirle continuar, pero los organizadores insistieron en que no estaba invitado. El incidente derivó en abucheos, donde —afirmó— participó también el senador panista Mario Vázquez.

“Me habían dado 10 minutos y luego vino el abucheo”, dijo Solís. “El presidente del Congreso me preguntó: ‘¿Qué, no es usted del mismo grupo?’ Era una trampa para provocar que los legisladores de Morena fueran abucheados o corridos”. Calificó el ambiente como una maniobra del ‘bloque negro del PRIAN’.

Acusa “mano negra” y acaparamiento del agua

Solís afirmó que detrás de la oposición a la nueva Ley de Aguas hay “mano negra político-electoral”, orientada a utilizar el tema para confrontar al gobierno federal.

Sostuvo que la reforma es necesaria para combatir la sobreexplotación, el acaparamiento del recurso y para garantizar el derecho humano al agua a más de 100 mil chihuahuenses. Señaló que la situación actual beneficia a grupos que operan miles de pozos ilegales.

“En el estado hay 5 mil pozos ilegales que no tienen contrato. Están atrás de esos grupos”, sostuvo. Acusó directamente al senador Mario Vázquez, originario de Bachíniva, de haber pasado de 4,400 a 12 mil hectáreas con riego por bombeo en una década: “Eso es huachicol”.

Según su análisis, en 12 municipios de Chihuahua existen 100 mil hectáreas sin concesión ni contrato con la CFE. Añadió que hay casos de empresas con 96 constancias de libre alumbramiento en Saucillo, además de situaciones similares en Ascensión y Janos.

En cuanto al uso urbano, advirtió que los acuíferos que abastecen a Ciudad Juárez presentan una extracción excedente de 171 millones de metros cúbicos, mientras que los de Chihuahua capital tienen un déficit anual de 157 millones, lo que —dijo— pone en riesgo a la población.

“Dicen mentiras sobre la ley”

Solís sostuvo que parte del rechazo a la reforma se basa en información falsa. Aclaró que la iniciativa sí permite heredar o reasignar los títulos de concesión, contrario a lo que han afirmado algunos productores y legisladores.

“El 29 Bis 3 establece que, si el titular deja un heredero, se expedirá un nuevo título. Está más claro que en la ley actual”, explicó. También resaltó que la figura de reasignación permite transferir el volumen concesionado, con aviso a Conagua, que deberá certificarlo.

Exige ordenamiento y vigilancia

El dirigente respaldó la creación de la Contraloría Social del Agua, impulsada por académicos y especialistas de la Red de Investigadores Sociales por el Agua (RISA), para garantizar que el Estado cumpla con su obligación constitucional y ponga orden en los acuíferos.

Recordó que desde 2013 existen más de 7 mil constancias de libre alumbramiento en incertidumbre jurídica y que en más de una década ningún acuífero ha sido reglamentado, pese a que la suspensión afectaba al 45% del territorio nacional.

“Lamento haber ido al Congreso”

Para finalizar, Solís lamentó haber asistido al foro bajo la expectativa de diálogo abierto y plural.

“A nombre del presidente del Congreso se me negó el uso de la voz”, dijo. “Pensé que era un espacio plural; si era un evento partidista, no tenía nada que hacer ahí”.

Con casi un mes de retraso, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatal y federal a atender a la población afectada por las inundaciones registradas en octubre en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, e incluir a los damnificados en los programas de apoyo que se aplican en otras entidades del país.

Durante la sesión del jueves 6 de noviembre, la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN) presentó una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Bienestar levantar un censo de damnificados en ambos municipios y otorgar apoyos directos a las familias afectadas.

En el mismo documento, pidió al Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitir la declaratoria de emergencia, la cual —recordó— no ha sido publicada a pesar de que el desastre ocurrió hace casi un mes.

Reyes Calzadías, quien la semana anterior no pudo presentar su propuesta por falta de quórum, señaló que los municipios del noroeste del estado sufrieron severas consecuencias por el temporal, pero no han sido contemplados en los programas federales que sí se activaron en otras regiones del país.

Explicó que, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la Secretaría del Bienestar estableció el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, destinado a mitigar la vulnerabilidad de quienes enfrentan emergencias derivadas de fenómenos naturales o sociales.

Sin embargo —añadió—, los habitantes de la región noroeste desconocen dicho programa y no han recibido visitas de personal federal para registrar daños ni brindar apoyos como limpieza de viviendas, reposición de muebles o recuperación de documentos extraviados.

“En Chihuahua, al igual que en las tragedias del sur, la resiliencia de la sociedad civil ha sido heroica, estirando la mano una y otra vez por sus vecinos. Pero la solidaridad de la gente no debe sustituir la responsabilidad del Estado”, expresó Reyes Calzadías.

Finalmente, subrayó que la promesa de mitigar la vulnerabilidad de las personas en emergencia debe aplicarse por igual en todo el país, “desde las costas de Veracruz hasta la sierra de Chihuahua”.

Por su parte, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta presentó un exhorto adicional para que el Gobierno del Estado explique las razones por las cuales no se ha emitido aún la declaratoria de emergencia.

Asimismo, con 19 votos a favor y 10 abstenciones, fue aprobada una moción del diputado Carlos Olson San Vicente, en la que se solicita al Gobierno Federal informar por qué no ha atendido la declaratoria de emergencia por las lluvias intensas del pasado 30 de junio en el municipio de Chihuahua.

En ninguno de los puntos de acuerdo aprobados se mencionó al municipio de Juárez, donde más de 20 colonias resultaron afectadas y cientos de viviendas sufrieron daños por el desbordamiento de arroyos e inundaciones, sin que hasta la fecha se haya incluido a los damnificados en programas de apoyo oficiales.