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Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que busca crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Chihuahua, se informó este martes a través de un comunicado de prensa.

Dicha iniciativa ahora se presentará al Pleno para su votación en próximas sesiones, se dio a conocer.

Se mencionó que dicha fiscalía, en el ámbito de su competencia, realizará funciones de prevención, investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que estará encabezado por un o una fiscal especializada en la materia.

Además, se estableció que se integrará por las unidades orgánicas previstas en el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado y por Agentes del Ministerio Público, quienes direccionarán las investigaciones en coordinación con el personal sustantivo de la Agencia Estatal de Investigación, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como unidades orgánicas.

En esta sesión, se aprobó también el acuerdo para crear la Mesa Técnica Interinstitucional que analizará y trabajará la iniciativa que pide al Congreso de la Unión, propiciar condiciones que coadyuven a fortalecer las instancias de seguridad pública en el país.

Del mismo modo buscará brindar certeza jurídica a las atribuciones conferidas a la Guardia Nacional y con ello, garantizar su actuar bajo el respeto de los derechos humanos.

En esta reunión de trabajo, estuvieron presentes los legisladores Nancy Frías, en su calidad de presidenta; Irlanda Márquez como secretaria; y vocales: Octavio Borunda, Arturo Medina, Elizabeth Guzmán, Pedro Torres y Xóchitl Contreras.

El diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes (Morena)  votó el viernes 28 de febrero junto con el bloque contrario a la 4T para aprobar la lista de candidatos a jueces del Poder Judicial del Estado, a contrapelo de su grupo parlamentario.

Representante por el Distrito 3º de Juárez, Avitia Arellanes aprobó el dictamen elaborado por la Junta de coordinación política (Jucopo), dominada por el bloque PRIAN, en el cual se eliminan las candidaturas a magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Pese a que calificó esa omisión de “error político terrible”, el hasta ahora miembro de la bancada guinda sufragó junto con diputados del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, los cuales habían aprobado en sesión previa que el Congreso no iría con postulaciones a ocupar .

Machetazo a caballo… de Yunes

El voto en contra de su propia bancada por parte de Avitia hizo recordar la conducta del senador panista—hasta ese entonces—quien, un día antes de la votación de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que la aprobaría.

Esto, pese a que, hasta un día antes, formaba parte del bloque de 43 senadores que se opondrían a una de las reformas legislativas más importantes del período obradorista.

El viraje de Yunes motivó que el PAN lo expulsara de su bancada y, recientemente, el senador por Veracruz hizo pública su afiliación a Morena, lo cual desató una airada discusión al interior de ese partido, donde abundaron voces de quienes se oponen a tenerlo como compañero de partido.

Finalmente, el Congreso del Estado, en sesión de Período Extraordinario, aprobó el dictamen que contempla listas de candidatos únicamente a ocupar puestos de jueces y omite las propuestas para magistraturas.

El bloque Prian-PT-PVEM-MC-Avitia, ganó por abrumadora mayoría.

Los aspirantes a jueces y magistrados que eligió el Congreso del Estado mediante insaculación, corren el riesgo de quedarse sin participar en la elección del 1 de junio debido a la falta de asistencia de diputados a la sesión de Período Extraordinario del pasado lunes, advirtió la presidenta del Legislativo, Elizabeth Guzmán Argueta.

Luego de que la representación del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM no se presentaran a la sesión convocada expresamente para aprobar la lista de candidatos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso dijo que todavía hay oportunidad de hacer una nueva convocatoria el viernes 28 de febrero.

Sin embargo, ese día es justamente el último que tiene el Poder Legislativo para entregar sus listas de candidatos, apuntó.

Por esa razón, la Junta de Coordinación Política, donde se reúnen los coordinadores de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Mesa Directiva se reunirá ese mismo día.

Guzmán  Argueta, quien pertenece a la bancada de Morena, dijo que ese día se deberá hacer el dictamen y entregarlo al Instituto Estatal Electoral (IEE), lo cual se debió hacer el lunes.

Cabe mencionar que el Congreso del Estado estaba convocado para un Período Extraordinario de Sesiones, con un solo tema en la agenda, que era el de aprobar la lista de candidatos del Poder Legisaltivo a cargos del Poder Judicial que estarán en juego en las elecciones del 1 de junio próximo.

Dichas listas surgieron de un proceso de insaculación que se celebró el viernes 21 de febrero en la misma sede del Congreso del Estado. De ahí, surgieron 485 aspirantes a magistrados y jueces de las distintas materias.

Asistieron, pero no entraron

En entrevista, la legisladora morenista dijo desconocer aún por qué no “entraron” los miembros de las otras fracciones parlamentarias a la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del lunes pasado, si ya se encontraban en la sede del Congreso.

Más aún: el presidente de la Jucopo es el coordinador parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid, y no dijo nada al respecto, solo se ausentó.

“O sea, yo quisiera que nos explicaran por qué el presidente de la Jucopo, si  convocó, no llegó”, dijo la legisladora. “No dio una explicación”.

Hasta ahora, dijo, no ha habido un acercamiento para dialogar sobre el tema y señalar por qué se dejó “colgada” la sesión. Tampoco sabe a qué se refiere el coordinador panista cuando dice que Morena trata de “partidizar” al Poder Judicial.

“No lo sé, habrá que preguntárselo a ellos”, comentó.

La diputada Antonieta Pérez Reyes (Morena), calificó como inaceptable que las autoridades ambientales federales afirmen no tener registro del accidente ferroviario ocurrido en Villa Ahumada el 4 de septiembre de 2024, cuando en sus propias páginas digitales hay evidencia del suceso.

La legisladora, impulsora de una iniciativa para que Ferromex asuma la responsabilidad de los daños causados, se refirió a la respuesta de la Subdirección Técnica de la Dirección Local en Chihuahua de Semarnat, que declaró no haber iniciado ningún procedimiento sancionatorio contra la empresa.

En un oficio enviado al Congreso del Estado, la dependencia señaló que “no se localizaron antecedentes o evidencias” sobre el caso. Sin embargo, Pérez Reyes recordó que el descarrilamiento del convoy de Ferromex causó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico, además de dejar un niño migrante muerto, una mujer sin pierna y otro viajero indocumentado lesionado.

“El accidente afectó gravemente al medio ambiente y al hábitat de la zona, y no podemos aceptar esta respuesta”, afirmó.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a Profepa y Semarnat para que informaran sobre el daño ambiental y el plan de remediación de Ferromex. No obstante, la respuesta fue desconcertante: las autoridades aseguraron no tener expedientes ni antecedentes del derrame ni medidas sancionatorias contra la empresa.

La diputada cuestionó esta postura, ya que en la página de Profepa se documentó el derrame y se informó sobre una inspección realizada en el lugar del accidente. Además, la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua aseguró la escena, donde se constató que los carros tanque descarrilados seguían derramando ácido sulfúrico.

“No es posible que la representación de Profepa en Chihuahua afirme no encontrar expedientes sobre este caso. Fue un evento grave y no nos quedaremos con esta respuesta”, concluyó Pérez Reyes

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