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El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena), denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el despojo ilegal de agua perpetrado por el exgobernador César Duarte Jáquez, por la construcción de una presa, varias represas y un pozo en su propiedad conocida como El Saucito.

El legislador aseguró que esas obras las realizó sin la autorización obligada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y en medio de una crisis hídrica que afecta al 98.6 % del territorio estatal.

“El exgobernador se robó el agua del pueblo para llenar sus represas privadas, mientras miles de familias enfrentaban los estragos de la sequía. Eso es corrupción en su forma más descarada y no puede quedar impune”, señaló el legislador.

Torres Estrada presentó datos sobre la magnitud de la emergencia hídrica que vive Chihuahua: la producción de frijol reducida al 5 %, las presas como La Boquilla por debajo del 15 % de su capacidad y una disminución del hato ganadero de más del 30 %.

El legislador recordó que, tras la exposición pública de las obras ilegales en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició en abril la demolición de las estructuras hidráulicas construidas por Duarte Jáquez sin permisos.

Sin embargo, una suspensión provisional concedida por la jueza federal Madhay Soto Morales, detuvo los trabajos en menos de 24 horas.

Torres Estrada criticó que, a pesar de que Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y enfrenta múltiples procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, permanezca libre y sin restricciones judiciales visibles. Calificó esta situación como una “burla a la justicia”.

Asimismo, advirtió que la jueza Soto Morales ya ha sido señalada en otras decisiones controversiales, como la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“El agua no es un lujo, no es un negocio. Es un derecho humano. Si no defendemos la vida desde este Congreso, ¿entonces para qué estamos aquí?”, cuestionó el legislador.

Finalmente, Pedro Torres presentó una proposición con carácter de acuerdo, en la que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de la jueza Soto Morales en el amparo 1183/2025-IX, por presunta extralimitación en la interpretación de la ley, y a imponer sanciones en caso de confirmarse irregularidades.

El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en materia de jubilación y retiro anticipado de jueces y magistrados.

La modificación fue al Artículo Segundo Transitorio, fracción I, del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E., se informó a través de un comunicado de prensa.

La reforma está dirigida a las personas que debían de retirarse del cargo antes de concluir su periodo por haber declinado o manifestado su interés a no participar en el proceso de elección, y que pudieran acceder a una pensión o jubilación, se indció.

La adecuación presentada por la Comisión de Justicia, a través de la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, permite que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado y demás leyes relacionadas, soliciten su pensión o jubilación, finiquitándose su relación laboral con las prestaciones laborales que les correspondan, según sea el caso.

Titulares de Magistratura y juzgados de primera instancia que se encuentren en el supuesto referido, accederán a manera de pensión complementaria al cincuenta por ciento de la compensación que percibían como activos hasta su fallecimiento, la cual tendrá un incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se informó.

Además, los juzgadores o sus beneficiarios que se encuentren disfrutando de una pensión o jubilación, así como aquellos que a más tardar el 31 de agosto de 2025 reúnan los requisitos para obtenerla, podrán gozar de los beneficios contenidos en los artículos 29 y 30 en su texto vigente antes de la presente reforma; los cuales no se verán afectados por la entrada en vigor de este Decreto. Sin embargo, podrán acogerse a los beneficios que éste les otorgue, añade el comunicado.

Dentro de los transitorios se estableció que las magistradas, magistrados, juezas y jueces de primera instancia, que cumplan con los requisitos que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado para acceder a una pensión o jubilación, ya sea que se encuentren en proceso de retiro o que presenten su solicitud de pensión o jubilación antes del primero de septiembre del 2025, serán acreedores a los beneficios del Decreto, con independencia de la fecha en que hayan presentado su solicitud, especifica el reporte.

Finalmente, la reforma plantea que las pensiones y jubilaciones que reciban las personas integrantes del Poder Judicial del Estado o sus beneficiarios familiares, ya en retiro o que se otorguen en los términos del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E. y del presente, constituyen derechos adquiridos, y en consecuencia no podrán ser afectadas por ninguna resolución o disposición normativa que se expida con posterioridad a su otorgamiento.

El Congreso del Estado de Chihuahua instaló este martes las Comisiones Unidas de Justicia y Salud, para analizar y en su caso dictaminar dos iniciativas promovidas por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Una de esas propuestas legislativas, conocida como “Ley de los Dos Corazones”, busca penalizar el aborto desde la detección del latido cardíaco del embrión, aproximadamente a las seis semanas de gestación, con excepciones previstas por la ley y sin criminalizar a la mujer.

La primera iniciativa que se analizará es una reforma a la Constitución Política y el Código Penal del Estado para ampliar la protección jurídica al personal de salud, tomando como referencia criterios internacionales.

Ambas propuestas serán analizadas en las siguientes reuniones de las comisiones.

Las Comisiones Unidas serán presididas por la diputada Yesenia Reyes (PAN) y con el diputado Francisco Sánchez (MC) como secretario.

En la sesión de instalación estuvieron presentes las diputadas Herminia Gómez, Xóchitl Contreras y los diputados Guillermo Ramírez y Pedro Torres, mientras que el diputado Francisco Sánchez participó de manera remota.

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado pidió apoyar la propuesta de la dirigencia nacional de su partido para crear la Coordinación Nacional de Combate al Fentanilo y Drogas Sintéticas.

El proyecto original lo presentó el senador Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional priista, quien a su vez solicitó a los legisladores locales de su partido llevar la propuesta a sus respectivos congresos locales.

El diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, Coordinador de los Diputados del PRI, presentó el asunto en la sesión de Período ordinario del Congreso del Estado del martes 11 e marzo.

La mencionada Comisión se encargaría específicamente del combate al fentanilo y otras drogas sintéticas.

“El Gobierno Federal no puede negar la producción, tránsito y comercialización del fentanilo en el país”, afirmó el priista.

La estrategia de combate al crimen organizado, y específicamente al narcotráfico, debe contemplar acciones precisas que tiendan a la especialización e inteligencia para desarticular las redes de operación, fuentes de financiamiento y vías de distribución interno y al exterior, dijo.

Medina reiteró el compromiso de los priistas con la seguridad del país, y exhortó a todas las fuerzas políticas a tener como prioridad la seguridad de las familias, la paz en el territorio nacional y la posición confiable de nuestro país en el mundo

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