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Jael Argüelles, Leticia Ortega, América García, María Antonieta Pérez y Magdalena Rentería confirmaron que ya se registraron como aspirantes de Morena rumbo a la diputación local en el próximo periodo electoral 2023-2024.

Las cinco aspirantes son parte de la actual 67 Legislatura del Congreso del Estado, y buscarán reelegirse para la siguiente legislatura comprendida del 2024-2027.

Jael Argüelles llegó como diputada suplente por el Distrito VI de Ciudad Juárez, del Partido del Trabajo y renunció a su partido en 2023, para sumarse al grupo parlamentario de Morena, por lo que buscará ahora la reelección dentro del movimiento.

América García era diputada de Movimiento Ciudadano por representación proporcional y renunció a su bancada en 2022, ese mismo año se integró a Morena, por la que buscará reelegirse ahora con la Cuarta Transformación.

Leticia Ortega, María Antonieta y Magdalena Rentería fueron elegidas por representación de mayoría relativa de Morena en los distritos 2, 10 y 9 de Ciudad Juárez, quienes buscarán de nuevo el apoyo ciudadano, para su reelección en el próximo periodo de precampaña que inicia el 12 de diciembre del año en curso.

El próximo sábado 2 de diciembre se llevará a cabo el Simposio “El suicidio de hoy” organizado por especialistas, Fundación Index y la diputada del PAN, Isela Martínez.

El simposio contará con 6 expositores entre los que se encuentran Montserrat Fernández, Sergio García, Celia Legarda, Alberto Murguía, Martel Azcue y Antonio Villalobos, que son psiquiatras, psicólogos clínicos, tanatólogos y psicoterapeutas.

El evento se desarrollará en el Museo Centro Semilla de 10:00 a 15:00 horas, de forma presencial y virtual, con un costo de 200.00 pesos al público.

El simposio es abierto, busca generar en la población la conciencia sobre este problema, sobre todo el identificar los comportamientos previos al hecho.

La Comisión Especial para la elección de personas comisionadas del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, inició este lunes el proceso de entrevistas a las y los aspirantes a ocupar el encargo en 2024.

Este día se entrevistarán 20 personas, quienes contarán con 20 minutos para exponer las razones por las que aspiran a ser las comisionadas propietarias o suplentes, al terminar, las y los integrantes de la comisión realizarán preguntas.

La calificación estará dividida en 40% examen, 30 por ciento curriculum y 30% entrevista. Una vez que califica la comisión, el o la aspirante recibirá un correo electrónico con su puntaje final.

La evaluación fue avalada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Tecnológico e Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, y consta de 40 reactivos.

Las entrevistas continuarán hasta el 01 de diciembre, encabezadas por Karla Ramos y Flavia Quiñonez, representantes del Poder Ejecutivo; Francisco Fierro y Francisco Acosta, representantes del Poder Judicial; Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del Estado; Alfredo Chávez, Coordinador del GPPAN; Noel Chávez, Coordinador del GPPRI, así como Cuauhtémoc Estrada, Coordinador del GPPMorena.

“Esta forma de violencia se refiere a situaciones en las que las mujeres experimentan tratos deshumanizantes, falta de respeto, abuso verbal o físico, y procedimientos médicos innecesarios o invasivos durante el embarazo, el parto y el periodo postparto”, declaró la diputada Georgina Zapata.

Este viernes presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el Capítulo Cuarto al Título Décimo del Código Penal del Estado de Chihuahua para que se provean servicios de salud materna con los que se garantice el respeto a los derechos humanos de las mujeres embarazadas en la entidad.

Zapara Lucero afirmó que existen avances, pero la violencia obstétrica persiste como una problemática global que afecta la salud física y emocional de las mujeres, además de socavar su autonomía y dignidad de quienes están en proceso de gestación.

Por lo que solicitó que, la conducta sea penada de tres a seis años de prisión y de doscientos hasta trescientos salarios mínimos vigentes al momento de la comisión del delito.