congreso

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), órgano del Gobierno Federal, a dar prioridad a los productores locales al momento de repartir los permisos para la exportación ganadera, por encima de las empresas comercializadoras que operan en distintas regiones del país.

El diputado Arturo Medina Aguirre (PRI), autor de la iniciativa, explicó que concentrar la exportación de ganado principalmente en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) permitiría un mejor control sobre la calidad, la trazabilidad y el manejo sanitario del hato.

La propuesta fue presentada durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada este viernes 18 de julio. Ahí, el legislador priista aseguró que la ganadería de Chihuahua ha perdido alrededor de 230 millones de pesos debido al cierre de la frontera con Estados Unidos, medida que se implementó tras la detección de un ejemplar infectado con gusano barrenador en el estado de Veracruz.

Medina Aguirre destacó que las UPP son la base de la economía rural, y que su fortalecimiento puede contribuir directamente al desarrollo de las comunidades locales. En contraste, las llamadas comercializadoras o Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG), que pueden ser personas físicas o morales, ofrecen servicios como acopio, engorda o transporte.

“Si bien estos servicios son importantes para el funcionamiento del sector, la prioridad debe estar en las UPP como eje de la producción ganadera”, subrayó el diputado.

Agregó que, al otorgar trato preferencial a las UPP, se impulsa el desarrollo de explotaciones que cumplen con la normativa exigida por Estados Unidos, además de garantizar que los apoyos lleguen a los productores pecuarios que más los necesitan.

Entre los beneficios adicionales, mencionó el fortalecimiento de la producción pecuaria nacional, la mejora de la trazabilidad del ganado, así como la contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural del país.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la sesión legislativa.

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades correspondientes apliquen la pena máxima a quien resulte responsable del homicidio del niño Jasiel Giovanny Castellano Loya,, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este jueves 3 de julio.

El legislador demandó que se investigue “con total transparencia y firmeza” ese hecho y se aplique todo el peso de la ley al autor de ese crimen.

Olson se refirió de esa forma al asesinato del niño Jasiel Guiovany, de 8 años, quien fue reportado como desaparecido desde la noche del miércoles 2 de junio.

“No podemos permitir que crímenes así queden impunes. Chihuahua no puede ser un lugar donde se normalice la violencia contra nuestros niños. Exijo justicia total y sin titubeos”, enfatizó Olson.

Asimismo, el diputado expresó su solidaridad con la familia del menor y con toda la comunidad que se movilizó durante su búsqueda.

“Mi compromiso es claro: seguiré impulsando iniciativas que protejan a la infancia, fortalezcan las instituciones de justicia y garanticen que ningún delito como este quede sin castigo”, concluyó.

El proyecto para utilizar la telefonía celular activada en el estado para emitir fichas de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas ya entró en una segunda etapa, dio a conocer la diputada local, María Antonieta Pérez Reyes, impulsora de la iniciativa.

Agregó que el siguiente paso es trabajar con las empresas de telefonía y con la Fiscalía General del Estado (FGE) para definir cómo es que se operará esta herramienta tecnológica.

La estrategia, continuó, será un medio eficaz de difusión que contribuirá a la búsqueda, localización y recuperación de menores y adultos desaparecidos, ya que este sistema aprovechará la red de casi 3 millones de teléfonos móviles registrados en el estado de Chihuahua.

“Entramos en la segunda etapa del proceso, en la cual todos los chihuahuenses, a través de los 2.9 millones de celulares activos en el estado, podremos recibir en tiempo y forma la información sobre personas reportadas como desaparecidas o no localizadas”, declaró.

La legisladora mencionó que durante las reuniones de la Subcomisión de Seguridad del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Nancy Frías y de la cual forma parte, junto con la FGE y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSPE), se anunció la integración de organizaciones civiles, como Nuestras Hijas y Madres Buscadoras.

“Estas mujeres me han acompañado desde el inicio como promotoras de esta iniciativa que presentamos en tribuna”, dijo.

El decreto para la operación de alertas a través de teléfonos móviles en casos de personas desaparecidas fue aprobado y publicado por el Congreso el pasado 21 de mayo.

Otros funcionarios que han participado en la implementación del proyecto incluyen a Miriam Antillón de Sipinna Chihuahua; Lourdes Alarcón, del colectivo Madres Buscadoras Chihuahua; además de Nohemí Bencomo, de Justicia para Nuestras Hijas A.C.

Adicionalmente, acudieron Víctor A. Hinojos Paredes, de la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, y Eduardo Cervantes, también de esa instancia.

Pérez Reyes indicó que se espera que el sistema de alertas para personas ausentes a través de mensajes SMS en teléfonos móviles sea una realidad en un plazo estimado de cuatro a cinco meses.

El objetivo de la estrategia, explicó la FGE, es que los ciudadanos reciban un mensaje con la alerta y un enlace que les permita consultar en detalle la ficha oficial con la información de la persona reportada como desaparecida para que apoyen en su localización.

Desde hace dos años, el Congreso del Estado de Chihuahua intentó reformar la legislación federal para reducir la carga de trabajo a médicos internistas y establecer períodos de descanso obligatorio después de cubrir jornadas de 24 horas o más en servicio.

Fue en mayo de 2023 cuando se aprobó por unanimidad un punto dea cuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que reformar la legislación general en materia de salud para garantizar a los profesionales de la medicina del sector público contar con períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos.

La iniciativa proponía que la permanencia en la Unidad Médica Receptora de Residentes podrá ser máximo de 24 horas consecutivas, incluyendo las guardias, y que no podía haber más de dos jornadas de trabajo de esa duración por semana.

Además, quienes permanecieran en una guardia de 24 horas continuas, debían gozar de tres días de descanso, de manera inmediata.

La propuesta no ha tenido eco en el legislativo federal, pero ha cobrado relevancia a raíz de la muerte del médico chihuahuense Luis Abraham Reyes Vázquez, presuntamente a causa de la sobreexplotación laboral a la que fue expuesto en la clínica 25 del IMSS en el estado de Nuevo León.

A raíz de ese suceso, surgieron en redes sociales numerosos testimonios de médicos que denuncian jornadas de hasta 36 horas continuas y que no reciben permiso para comer, sentarse o, incluso, tomar un elevador dentro de la clínica donde prestan sus servicios.

La diputada Jael Argüelles (Morena), secretaria de la Comisión de Salud, advirtió que las pesadas jornadas laborales repercuten en la atención que recibe el paciente, porque la velocidad de reacción de un profesional que lleva más de 24 horas trabajando, sin descanso y sin comida, ya no es la misma, “no tienen la misma condición motora”.

Sin embargo, dos años después de que el Poder Legislativo de Chihuahua solicitara modificar la ley para evitar esas jornadas agobiantes, la situación sigue igual y ya ha causado la muerte de un joven médico chihuahuense.