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La elección de los seis magistrados que faltan para completar el pleno del Poder Judicial deberá esperar a que se aprueben y entre en vigor las reformas a la constitución local.

Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, quien especificó que la falta de magistrados no afectará el funcionamiento de las salas del Poder Judicial, toda vez que están en funciones los encargados de despacho en cada una de esas áreas.

La magistrada mencionó que, la modificación constitucional, se trabaja en una serie reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al ser cuestionada respecto a los perfiles de los próximos magistrados, dijo que se ha buscado un acercamiento con organismos a nivel estatal y colegios de otros entidades.

“Tenemos reuniones prácticamente de manera bimensual y hemos resuelto todas las inquietudes; no siempre se hace de inmediato”, dijo Hernández.

Contradice Adriana Terrazas a magistrada presidenta

Adriana Terrazas Porras, presidente del Congreso del Estado, contradijo a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, ya que dijo no tener conocimiento de una reforma presentada en la materia.

“Me ha comentado de manera informal que va a presentar una reforma, no hemos tratado el tema no sé exactamente en qué sentido venga. Me lo ha comentado cuando hemos coincidido en algún evento”, afirmó Terrazas Porras.

Sin embargo, consideró necesario que se dé una reforma para la elección de magistrados. Aunque ésta es una actuación propia de los poderes, por lo que como integrante del Poder Legislativo buscará llevar a cabo acciones dentro de su competencia.

En una sesión solemne del Poder Legislativo, se hizo la develación oficial del nombre del que fuera presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y secretario de Hacienda en dos periodos presidenciales.

María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado; Adriana Terrazas Porras, presidenta del Poder Legislativo y Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, encabezaron la sesión y, posteriormente, develaron el letrero en el recinto de sesiones.

En la ceremonia estuvo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es descendiente este chihuahuense destacado.

La iniciativa se dio a petición del diputado parralense Edgar Piñón Domínguez, quien, en su discurso, señaló que con esto se cubre una deuda histórica con un chihuahuense nativo de Hidalgo del Parral; ciudadano destacado como servidor público al fortalecer del mercado interno y el modelo de separar la política hacendaria del poder presidencial.

Otro de los puntos que recalcó el congresista de extracción priista fue que a Ortiz Mena se le debe el éxito económico de los años 50s y 60s del pasado siglo en nuestro país.

Por todo su legado, dijo, se colocó en letras doradas del nombre de Antonio Ortiz Mena, en los Muros de Honor del Salón de Sesiones del Poder Legislativo.

En el acto de develación la gobernadora María Eugenia Campos Galván enfatizó que con este tipo de acciones se conmemora “la vida y el legado de un líder excepcional”.

La mandataria mencionó que el homenajeado fue un secretario de Hacienda que trabajó para mejorar la vida de los mexicanos.

“Fue un verdadero visionario, convirtió a México en “el milagro mexicano”; política que transformó la economía y la convirtió en una de las más fuertes de América Latina y permitió la creación de empleos y reducción de la pobreza”, enfatizó la mandataria.

En su participación, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nieto del hoy homenajeado, presentó al hombre y funcionario que tras 73 años de casado dejó en este mundo seis hijos, 26 nietos y 39 bisnietos.

Mientras que como servidor público trabajó dentro del Gobierno Federal, así como el Banco Nacional de México.

En el hombre detrás del cargo se encontró un buen comunicador, así como una persona que generaba confianza la cual, según el mismo Antonio Ortiz, es un elemento básico en la vida de cualquier ser humano que se construye a través de los años y se destruye en un segundo, señaló su también nieto.

Como chihuahuenses somos responsables y debemos de incidir en el tema de la desnutrición, declaró la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, luego del acalorado debate entre las bancadas de PAN y Morena por las muertes de siete menores en la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

La congresista dio su apoyo a ambas bancadas y afirmó que todos los actores políticos son coparticipes de acciones para beneficio de las personas dentro del territorio estatal.

“Se debe de buscar el castigo para los funcionarios que fueron en su momento omisos”, agregó la presidenta, quien dijo que con sus fallas, permitieron el fallecimiento de menores en dicha comunidad.

“Nosotros como legisladores también tenemos una responsabilidad, no podemos excluirnos de esos hechos, aunque haya sido en cualquier administración”, añadió.

Señaló que, independientemente del origen partidista de cada administración, todos los chihuahuenses “somos responsables y nosotros como legisladores debemos incidir en el tema”.

Otro de los puntos que se debe de tocar es el buscar la no repetición de los hechos, por lo que se tienen que emprender acciones las cuales ya están en marcha, como lo mencionó en tribuna el diputado Noel Chávez, representante del Distrito XXI, donde se encuentra la comunidad de Choreachi.

De la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, petición que hizo la bancada de Morena, dijo que esa facultad solamente le corresponde a quien encabece el Poder Ejecutivo.

“Aunque no sea responsabilidad nuestra debemos de estar viendo su desarrollo y su desempeño como tales”, declaró.

Cabe recordar que esta situación se da luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 12/2023 al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo por violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de siete menores de cinco años.

Dentro de esta recomendación CNDH solicitó a ambas instancias que inscriban a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación.

La nomenclatura de la Ley de Migrantes fue modificada a “Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua”, dentro de los dos dictámenes aprobados este jueves por el Congreso del Estado, así como varios artículos que la integran.

En el segundo dictamen se estableció el “Día Estatal del Migrante”, a conmemorarse anualmente cada 18 de diciembre.

Dentro de la reforma de la ley de protección de migrantes se modificaron los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero señaló que estas reformas son necesarias para la evaluación presupuestal, recursos requeridos para que el Estado Mexicano cumpla compromisos signados a nivel internacional.

“Los estados tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de los migrantes”, dijo.

Debido a que el estatus migratorio es injerencia de la federación, señaló que con esta reforma también se busca reforzar los lazos entre los tres niveles de gobierno.

Dentro de la lectura del dictamen se dio a conocer que el 90 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH son violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de una estación migratoria o estancia provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, cuando el migrante “irregular” se encuentra privado de su libertad, conforme al procedimiento administrativo migratorio previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se declaró día 18 de diciembre de cada año como “Día Estatal del Migrante”. La creación de esta conmemoración se da por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

Estos movimientos migratorios se dan porque las personas buscan mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen.

Este grupo de la población generalmente enfrenta problemas como hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como cambios climáticos y catástrofes naturales.