desplazamiento forzado

A través del documental “Volver a casa, un camino de esperanza y dignidad”, Alianza Sierra Madre A.C., comenzó la difusión de testimoniales de personas defensoras de derechos territoriales y ambientales que viven desplazamiento forzado desde el 2018.

“Somos de la comunidad de Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, estamos desplazados, hemos andado en la lucha”, inicia el primer corto denominado “La vida antes”, en el que se escuchan la voz de un hombre y una mujer, mientras se aprecian paisajes de sierra.

“Como mataron a un compañero, Julián Carrillo, nos trajó el Gobierno estamos en una granja, ya van a ser 5 años el 30 de octubre, allá sembrábamos maíz, frijol, teníamos reuniones, fui gobernador indígena, platicaba con la gente, hacía reuniones en cada comisaría para informarles de la defensa del territorio”, dice el testigo.

El segundo corto “¿Cuándo volveremos a casa?”, comparte a través de la voz de una mujer, la vida de Coloradas, su escuela, la vida cotidiana. “Derrepente empezó la violencia y comenzaron a matar a las personas que tenían cargo en la comunidad, el primer desplazamiento fue porque mataron un cuñado, era comisario y en ese año salieron los maestros y la gente”.

A partir de ahí, relata la mujer que comenzaron las amenazas, “extraño a las personas de allá, a mis hermanas”.

Por último, el tercer corto “Extrañamos nuestra comunidad”, retoma las actividades que ejercían previo al desplazamiento forzado, “allá el agua limpia, el aire, y aquí uno se mantiene malo, porque allá tiene uno la tierra donde trabajar y aquí sí trabajas, pero en la obra, en la sierra es diferente”.

Este documental es gratuito y dura alrededor de 6 minutos, está disponible en el canal de Alianza Sierra Madre de YouTube, es parte de la campaña para recaudar fondos para la atención psicosocial, talleres, actividades recreativas y de trabajo con infancias de la comunidad desplazada.

Para quienes deseen apoyar Alianza Sierra Madre habilitó la cuenta en Banorte 1173770187 con la clave interbancaria 072150011737701879 y el Swift MENOMXMTXXX.

Personas en situación de desplazamiento forzado interno de la Sierra Tarahumara (originarias de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo), reconocidas como víctimas directas del delito y defensoras de derechos humanos, interpusieron una demanda de amparo indirecto.

El recurso se promovió contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales, por la omisión de acuerdos firmados e incumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo con fecha 29 y 30 de noviembre de 2022.

Lo anterior se dio a conocer por las organizaciones que acompañan y asesoran jurídicamente a las familias en cuestión, en una rueda de prensa en las instalaciones del Centro Estatal de los Derechos de la Mujer (Cedehm).

El amparo reclama el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades federales, estatales, municipales de implementar correctamente las medidas de protección, para poder garantizar los derechos humanos primordiales como el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también derechos como la salud, vivienda digna y el derecho a defender derechos.

Las organizaciones informaron que las personas promoventes son beneficiarias del Mecanismo desde el mes de febrero del año 2014, fecha en que fueron incorporadas por la situación de violencia que se generó en contra de la comunidad y de forma particular contra algunas autoridades tradicionales y representantes comunitarios, entre ellos el defensor Julián Carrillo Martínez, quien fue asesinado en el año 2018.

En el caso de Julián Carrillo, su familia tuvo que salir de la comunidad para salvaguardar su vida. Otro defensor de la comunidad y su familia también tuvieron que desplazarse por la misma razón. Desde entonces permanecen en un refugio de seguridad proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.

Desde el 2014 son beneficiarios del mecanismo, sin embargo, el año pasado al solicitar su integración como víctimas de desplazamiento forzado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) les fue negada la incorporación, toda vez que el gobernador y su familia no realizaron la denuncia correspondiente por miedo a represalias por parte de sus agresores.

En este caso hubo una reunión con Erick Martín Salas, director del Mecanismo de Protección, así como con Janis Aguirre exencargada de despacho de la Ceave en la que les reiteraron la negativa, a pesar de ser beneficiario del mecanismo, dado que su extracción de la comunidad fue realizada por un cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Desde el 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha realizado cinco evaluaciones de riesgo a integrantes de la comunidad y a quienes hoy han decidido presentar la demanda de amparo y en todos los casos se ha indicado que dichas personas se encuentran en riesgo extraordinario impidiéndoles regresar a su comunidad.

Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado, para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que promueven la demanda de amparo indirecto.

Amenazas contra las personas de la comunidad, familias en situación de precariedad y desplazamiento forzado, es lo que Centro de Derechos Humanos A.C, Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria (Coppsac), Consultoría Técnica Comunitaria A.C., Parroquia de Baborigame u Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. reportaron sobre la Jornada Civil por la Paz en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Durante dos días, llegaron a las diversas reuniones más de 250 personas, de éstas 70 eran niñas y niños.

En la jornada se documentó la situación de las familias recabando información sobre la atención recibida por las autoridades relacionada con ayuda humanitaria, con la presentación de denuncias y con los operativos de seguridad realizados por diferentes instancias.

Las asociaciones involucradas a través de comunicado de prensa, dijeron “constatar las graves violaciones a los derechos humanos que padece esta comunidad que tiene más de 40 años solicitando el reconocimiento legal de su territorio, el cual permanece detenido por la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano (Sedatu), aun cuando la comunidad ganó un amparo en contra de esta instancia”.

Relataron que desde enero del presente año se ha hecho saber a las diversas autoridades la problemática de inseguridad y violencia de la zona, relacionada a la tala ilegal del bosque, personas armadas en los caminos y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados de manera obligada por grupos de la delincuencia organizada.

Informaron que en el mes de junio se dio el desplazamiento forzado de 58 personas de la comunidad de La Sierrita, que se encuentra a dos horas de Santa Tulita, hecho en el que personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la comunidad e hicieron presencia por media hora.

Activistas y acompañantes de la Jornada dijeron tener conocimiento de que un destacamento de militares estuvo durante 15 días del mes de julio en Santa Tulita, tiempo en el que las familias estuvieron tranquilas y en paz. También de que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, llevó en julio despensas y semilla.

No obstante, denunciaron que la brigada médica de la Secretaría de Salud dejó de ir por tres meses y que efectivamente días antes de la jornada estuvieron consultando solo 4 horas, por lo que muchas personas no alcanzaron a ser atendidas.

A la Jornada Civil por la Paz acudieron una enfermera titulada Odami y una religiosa, por lo que se pudo dar atención médica a 83 personas, la mayoría de ellas menores de 5 años, identificando a algún grado de desnutrición, también personas con enfermedades crónicas descontroladas por la falta de medicamentos para su tratamiento.

“Observamos que la lluvia llegó tarde, por lo que muchas familias no cosecharán maíz y frijol, y aunado a la situación de violencia hay un desabasto de alimentos, entre otras cosas por el cierre de las tiendas de abasto de alimentos”, cita el texto.

Las asociaciones manifestaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven las familias, tanto en lo relacionado con la falta de seguridad, la falta de acceso al agua potable como en la falta de alimentos y la salud precaria de mujeres, hombres, personas jóvenes y niñez.

E hicieron un llamado a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal para que asegure a las familias vivir en paz y con tranquilidad, mediante la instalación de un resguardo permanente en la región que a la vez permita el cese de la tala ilegal.

Brinde asistencia médica constante y de calidad, atendiendo de manera urgente la desnutrición de niñas, niños y mujeres principalmente. Ofrezca a las familias alimentos en tanto resuelven la emergencia alimentaria.

Además de que instale un sistema de agua potable en Puerto de Ánimas y las localidades que lo requieran y ofrezcan a las familias financiamiento para proyectos productivos y otras alternativas de sostenibilidad, llamamos a las diferentes secretarías a atender la situación de las personas de dicha comunidad.

Durante su intervención, la maestra compartió el ambiente de delincuencia y tala ilegal que se vive en la entidad, particularmente en la zona serrana y para la que pidió intervención de las autoridades.

“Está afectando a nuestras comunidades, desplazarse, después de varios años de trabajo que hemos construido”, señaló en la asamblea informativa presidida por Claudia Sheinbaum

En cuanto a educación, afirmó que la presidencia de la República está cumpliendo la revalorización del maestro.

“Le pedimos que los maestros no seamos un empleado más, no nada más en los planes y programas, sino realmente un agente de cambio”, comentó.