desplazamiento forzado

El recién publicado Informe del ejercicio de caracterización del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) de Chihuahua, realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), considera estimaciones de que al menos 14 mil 652 personas fueron desplazadas por la violencia, tan solo en el año 2021.

Lo anterior, con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Las autoridades no han realizado un censo específicamente para conocer el número de personas que viven esta situación, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales.

“La estimación a nivel estatal para 2021 tiene una precisión media, con un margen de error del 26%. La última estimación que produjo un resultado con precisión alta a nivel estatal fue la de la Envipe 2011, en la que se estimaron 78 mil 516 integrantes de hogares desplazados”, explica Acnur sobre la cifra de más de 14 mil desplazados.

El mismo informe recupera datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, que del 2015 al 2020, registró 2 mil 877 personas desplazadas. Sin embargo, también destaca que ese dato tiene limitaciones metodológicas.

“No permite conocer desplazamientos dentro de un mismo municipio; desplazamientos temporales (en cualquier periodo entre 2015 y 2020); desplazamientos ocurridos antes de 2015 ni desplazamientos multicausales (el informante solamente podía citar una causa de su mudanza)”, señala.

El documento reconoce que a pesar de no existir una ley estatal sobre DFI, el Gobierno de Chihuahua, paralelamente a la realización de este ejercicio de caracterización, ha ido avanzando en la construcción de las bases para la atención de la problemática.

“El Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 contempla entre sus líneas de acción el acompañamiento jurídico y psicológico a PDFI. Asimismo, en diciembre de 2022, el Congreso estatal aprobó una reforma al Código Penal del Estado para tipificar el DFI como delito, la cual fue publicada en el Periódico Oficial en febrero de 2023”, señala el documento.

La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) denunció públicamente que durante el presente mes de junio, cerca de diez localidades en Guadalupe y Calvo han sido tomadas por grupos armados, lo que ha ocasionado que las personas huyan al monte para ocultarse.

La organización expresó su profunda preocupación por los acontecimientos de violencia que se suceden uno a uno en la zona de Baborigame afectando a cientos de personas de los Pueblos Originarios Ódame y Rarámuri.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que la población en esta zona de manera reiterada ha solicitado auxilio a las autoridades ante las amenazas y ataques de grupos armados a las rancherías, que a decir de ellos ha dejado numerosos homicidios, sin que a la fecha se haya dado una respuesta adecuada.

“No solo no se sienten protegidos ante las incursiones de estos grupos, sino que es incomprensible para los afectados que el destacamento de soldados que se encontraba en la localidad de Portezuelos y que pertenece a Badiraguato, el cual, podía prestarles protección, se retiró de la zona”, señalaron.

Por lo anterior, se hizo un llamado a las autoridades para atender a las víctimas de desplazamiento forzado que está viviendo la población serrana conformada por decenas de familias donde la mayoría de los miembros son niños y niñas.

“Urgimos a las autoridades a actuar con prontitud y eficacia a esta situación que pone en peligro la vida y seguridad de incontables personas, no solo pedimos garantías para salvaguardarlos la salida segura cuando es obligado, sino que es impostergable se atienda de fondo la grave violencia en la zona, para que puedan volver a sus hogares y tierras en condiciones de seguridad”, señaló la ONG.

Por lo anterior, pidieron de manera urgente que haya presencia estatal y federal coordinada para pacificar las zonas; ayuda humanitaria en alimentos, salud y vestido.

También solicitaron protección, seguridad, y vivienda para las familias, así como la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reconocimiento de la calidad de Víctimas.

Finalmente, pidieron resguardo en las comunidades para evitar más desplazamientos y otorgar seguridad para el retorno de las familias.

Como resultado de los trabajos de la primera Mesa de Atención Integral a la Sierra Tarahumara, que se realizó el viernes pasado en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, se detectaron al menos 80 casos de desplazamiento forzado en la región, informó el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Furns.

El funcionario indicó que la Ceave tenía 40 casos, y de los demás que se vieron en la mesa, asciende al doble, es decir, que al menos 80 casos por desplazamiento forzado se tienen detectados en Guadalupe y Calvo.

“Estuvimos platicando directamente con las familias desplazadas”, comentó el funcionario.

Indicó que a estas familias se les invitó a denunciar los eventos para que las instancias correspondientes puedan intervenir, particularmente la Comisión Estatal de Víctimas (Ceave).

La mesa de trabajo en Baborigame se instaló con diversas dependencias estatales, como la Secretaría de Salud, el DIF Estatal, la Coesvi, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, entre otras.

El desplazamiento forzado de las familias se vincula principalmente por la violencia ejercida por grupos criminales, así como despojo de territorios, tala del bosque, amenazas y agresiones por parte de delincuentes asociados con el narcotráfico.

Se está valorando la posibilidad de solicitar un apoyo extraordinario a las fuerzas federales para que desplacen mayor personal a algunas de las áreas de la Sierra donde se han presentado hechos violentos, como Guachochi y Guadalupe y Calvo, dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Se están afinando las medidas, las estrategias que se tienen, sobre todo para los puntos del estado en donde ha habido algunos brotes de incidentes extraordinarios. Y esperamos que vamos a estar presentado rápido los resultados a la población”, indicó el funcionario.

De la Peña confirmó que las autoridades estatales investigan al menos 600 casos de desplazamiento forzado en el interior del territorio estatal, mismos que afectan a diverso número de víctimas cada uno.

En Chihuahua se conocen casos emblemáticos de desplazamientos masivos, como en El Manzano y Monterde, donde hasta más de 100 personas debieron huir por amenazas, violencia y asesinatos en contra de miembros de sus núcleos familiares.

Santiago de la Peña destacó que el gobierno estatal apoya a estas familias con alojamiento, apoyos alimentarios, educativos y otros.

Sin embargo, indicó que lo principal es garantizar que puedan regresar a sus lugares de origen en condiciones de seguridad.