diputada maría antonieta pérez

La diputada Antonieta Pérez Reyes (Morena), calificó como inaceptable que las autoridades ambientales federales afirmen no tener registro del accidente ferroviario ocurrido en Villa Ahumada el 4 de septiembre de 2024, cuando en sus propias páginas digitales hay evidencia del suceso.

La legisladora, impulsora de una iniciativa para que Ferromex asuma la responsabilidad de los daños causados, se refirió a la respuesta de la Subdirección Técnica de la Dirección Local en Chihuahua de Semarnat, que declaró no haber iniciado ningún procedimiento sancionatorio contra la empresa.

En un oficio enviado al Congreso del Estado, la dependencia señaló que “no se localizaron antecedentes o evidencias” sobre el caso. Sin embargo, Pérez Reyes recordó que el descarrilamiento del convoy de Ferromex causó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico, además de dejar un niño migrante muerto, una mujer sin pierna y otro viajero indocumentado lesionado.

“El accidente afectó gravemente al medio ambiente y al hábitat de la zona, y no podemos aceptar esta respuesta”, afirmó.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a Profepa y Semarnat para que informaran sobre el daño ambiental y el plan de remediación de Ferromex. No obstante, la respuesta fue desconcertante: las autoridades aseguraron no tener expedientes ni antecedentes del derrame ni medidas sancionatorias contra la empresa.

La diputada cuestionó esta postura, ya que en la página de Profepa se documentó el derrame y se informó sobre una inspección realizada en el lugar del accidente. Además, la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua aseguró la escena, donde se constató que los carros tanque descarrilados seguían derramando ácido sulfúrico.

“No es posible que la representación de Profepa en Chihuahua afirme no encontrar expedientes sobre este caso. Fue un evento grave y no nos quedaremos con esta respuesta”, concluyó Pérez Reyes

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, perteneciente a la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Chihuahua, ha expresado su indignación ante la situación actual de Armando Gutiérrez Rosas, CEO de ARAS, quien se encuentra libre en el estado de Texas, a pesar de que se le había ubicado hace dos años y se le había girado una ficha roja de la Interpol, según información de la Fiscalía General.

“¿Cómo es posible que el señor Armando Gutiérrez Rosas, el más grande defraudador en la historia moderna del país, esté libre en el estado de Texas?, dijo la morenista.

Aseguró que ahora, en una afrenta a los defraudados y a la Fiscalía de Chihuahua, tiene el descaro de acudir a las autoridades mexicanas para demandar que le sean respetados sus derechos ante un supuesto fraude del que fue víctima en Estados Unidos.

“El hecho de que esté teniendo el tiempo y la libertad de iniciar una defensa ante la Fiscalía General de la República nos dice de manera muy clara que lleva una vida normal, sin preocupaciones y gastándose obviamente los millones de pesos que le robó vía fraude a miles de familias”, enfatizó

La legisladora también criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en este caso al enfatizar que “La Fiscalía lo ubicó y emitió supuestamente una ficha roja, que nunca vimos, en coordinación con la Interpol, y luego detuvo la búsqueda”.

“¿Por qué no fue posible detener a alguien como Armando Gutiérrez Rosas si lo tenían ubicado desde 2022? ¿Y cómo es que ahora busca los recursos del estado mexicano para defenderse, cuando él violentó de manera brutal el derecho a la defensa de los defraudados de su pseudo financiera?”, dijo.

Finalmente, la diputada María Antonieta Pérez Reyes afirmó que la Fiscalía General del Estado le debe una explicación a los chihuahuenses de por qué fracasó en su intento de detener y presentar ante la justicia a Armando Gutiérrez Rosas.

“Hacen una declaración pública que es hasta humillante para la familia, es lastimoso para la familia mostrarlas como que están mintiendo al no reconocer ahora, que eran empleados de Gobierno del Estado. Es inaudito el cinismo, la forma tan mezquina, la forma que están respondiendo esta petición de indemnización”, criticó la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso estatal.

Lo anterior, al referirse a la postura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dentro del juicio que se hace por el motín ocurrido en el Cereso estatal número 3, en enero de 2023.

Donde la dependencia de seguridad, niega que uno de los agentes de custodia penitenciaria de nombre Guadalupe Gámez Galán, no tenía relación laboral con ellos al momento de ser asesinado por reos armados en el Cereso de Juárez hace más de 17 meses y que sus deudos aún no reciben las indemnizaciones de índole laboral que exigen.

La legisladora juarense aclaró que de los 10 custodios asesinados el día de los hechos, las familias de nueve de ellos iniciaron una demanda contra de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y quien resulte responsable, donde la diputada coordina las querellas a petición de las viudas de los agentes.

Se indicó que las demandas han pasado varias etapas y ahora están en la presentación de pruebas, pero le parece inaudito a la congresista cómo Seguridad Pública Estatal y el Secretario Gilberto Loya Chávez respondieron dentro del juicio que el custodio Gámez Galán no era uno de sus empleados.

Agregó que lejos de mostrar empatía al confirmar ante el juez que Gámez Galán si tenía relación laboral con el Gobierno del Chihuahua y no con la Secretaría de Seguridad, ahora peleen legalmente en contra de las familias por el cobro de sueldos caídos, pensiones, seguros médicos y un seguro de vida con el que contaban los policías carcelarios.

Por último, Pérez Reyes exige saber si la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actuará de la misma forma en contra de las ocho familias que mantienen la demanda de pagos no realizados en su favor.

La diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, María Antonieta Pérez Reyes, recriminó que no fue atendido el exhorto presentado en 2023 para que Gobierno del Estado en coordinación con autoridades municipales de Juárez, iniciaran un combate exhaustivo a la enfermedad llamada rickettsiosis provocada por la mordedura de garrapata, que son portadas por perros y gatos.

El llamado desde la primera tribuna del estado, fue realizado por la legisladora Pérez Reyes para que los trabajos de prevención, desparasitación de mascotas, fumigación de hogares y bardas perimetrales, brindar información preventiva y correctiva a los habitantes de colonias como Riberas del Bravo y sus alrededores, no se llevó a cabo como se requiere.

Por lo que ahora se hace la exigencia en favor de los habitantes del suroriente de Ciudad Juárez, para que la administración estatal destine en meses próximos un mayor presupuesto a su Secretaria de Salud y Jurisdicción Sanitaria Zona Norte, a fin de que propietarios acudan con sus mascotas para que sean esterilizadas, desparasitadas de forma gratuita.

Por último la congresista indicó que retomará el caso ante el gran daño que está dejando esta enfermedad que de no ser detectada a tiempo es mortal y donde lamentablemente muchas de sus víctimas son niños que conviven de manera inocente con mascotas portadoras de la enfermedad, pero que cuando llegan a los médicos, ya es demasiado tarde.