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Jael Argüelles, Leticia Ortega, América García, María Antonieta Pérez y Magdalena Rentería confirmaron que ya se registraron como aspirantes de Morena rumbo a la diputación local en el próximo periodo electoral 2023-2024. 

Las cinco aspirantes son parte de la actual 67 Legislatura del Congreso del Estado, y buscarán reelegirse para la siguiente legislatura comprendida del 2024-2027. 

Jael Argüelles llegó como diputada suplente por el Distrito VI de Ciudad Juárez, del Partido del Trabajo y renunció a su partido en 2023, para sumarse al grupo parlamentario de Morena, por lo que buscará ahora la reelección dentro del movimiento. 

América García era diputada de Movimiento Ciudadano por representación proporcional y renunció a su bancada en 2022, ese mismo año se integró a Morena, por la que buscará reelegirse ahora con la Cuarta Transformación. 

Leticia Ortega, María Antonieta y Magdalena Rentería fueron elegidas por representación de mayoría relativa de Morena en los distritos 2, 10 y 9 de Ciudad Juárez, quienes buscarán de nuevo el apoyo ciudadano, para su reelección en el próximo periodo de precampaña que inicia el 12 de diciembre del año en curso.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de forma inmediata o más tarde dentro de las 4 horas de los hechos, se solicitó dentro de la Diputación Permanente, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 

Georgina Zapata Lucero fue la iniciadora de esta propuesta de decreto, al que se sumaron y felicitaron la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, del grupo parlamentario de Morena y la diputada Rosa Isela Martínez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El proyecto de cambio establece que las órdenes de protección de naturaleza civil también tendrán una duración de hasta 60 días naturales, prorrogables por 30 días naturales más o el tiempo que dure la investigación. 

Entre las novedades de la propuesta de modificación, Zapata Lucero destacó que, a ninguna mujer en situación de violencia, que solicite orden de protección se le pedirá acreditar su situación migratoria, ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y protección.

Para la emisión de las órdenes, expone tomar en consideración los hechos relatados por la niña, adolescente o mujer; las peticiones explícitas, atender el principio del interés superior de la niñez, la persistencia del riesgo y la manifestación de actos previos al hecho denunciado. 

La reforma incluye que durante los primeros seis días de la implementación de las órdenes, es obligación de la autoridad mantener contacto con las víctimas cada 24 horas. Y será a partir del séptimo día que deberá establecer un plan de seguimiento personalizado que valore el riesgo y avance de la investigación. 

“No se necesita un orden para cada medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de medidas necesarias”, comunicó Zapata Lucero.

En caso de que la persona agresora pertenezca a cuerpos policiacos, militares o de seguridad en corporaciones públicas o privadas, se solicitará a su superior jerárquico, el retiro del arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada.

La propuesta fue turnada a Comisiones para su análisis, revisión y en su caso, aprobación por quienes integran el Congreso del Estado. 

“Es un tema que tenemos que robustecer, buscar cómo tener los mecanismos para que la autoridad y víctima se sientan respaldados. Y que vengan a completar la realidad que vivimos”, comentó la diputada.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su rechazo a la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la atención de distintas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, cáncer cervicouterino y la diabetes.

La diputada Margarita Blackaller señaló que el Gobierno Federal “no quiere a las mujeres”.

“De inicio exigimos respuestas de por qué se eliminará la norma que regula y protege la atención a la lactancia materna”, expresó. 

Consideró que la decisión es “aberrante”, ya que estas normas desempeñaban un papel importante al promover la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades.

La diputada Isela Martínez dijo que estas medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “son temas muy delicados que no logramos dimensionar hasta que nos afecta, hasta que llega un padecimiento o algún familiar lo tiene”.

Recordó que la norma PROY-NOM-050-SSA2-2018, se enfoca en el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, y la NOM-035-SSA2-2012, establecía criterios para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. 

Además, la NOM-014-SSA2-1994, se encargaba de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, y la NOM-041-SSA2-2011, abordaba la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

Un largo y áspero enfrentamiento verbal desde la tribuna del Congreso fue lo que generó la petición de la diputada del PAN, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas, para que se investigue a profundidad quien fue el responsable de los destrozos.

Más de una hora duró el intercambio de acusaciones entre diputadas panista y morenistas, en el cual las del partido guinda y las del grupo parlamentario del blanquiazul se señalaron unas a otras como responsables de los hechos.

La diputada Reyes Calzadillas, integrante de la bancada del PAN, presentó esto dentro de los puntos generales, donde destacaba que la mayoría de las participantes se escudaron en el anonimato con el uso de capuchas y pusieron en riesgo a quienes participaban dentro de la misma.

En el enfrentamiento, la diputada representante del Distrito I con cabecera en Nuevo Casas Grandes señaló que algunas de las participantes en la marcha vieron a grupos infiltrados por parte de Morena.

En respuesta, la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynes, respondió que no es posible sacar la atención de la causa de las mujeres.

En la tribuna, la morenista presentó el audio de una persona que perdió a su hija por violencia de género, la afectada señaló que no necesitaba de un partido para que la represente y como mujer tiene todo el derecho a “quemar y a romper” exigiendo respeto a la causa.

Ilse América Aguilar Soto, diputada de Morena, calificó la postura panista como un lucro político de lo sucedido, culpando a la oposición.

La congresista se dijo indignada por cuestiones como el que las víctimas tengan que escribir en un muro el nombre del agresor porque no se hace justicia y que se preste más atención a los daños.

Dentro de su discurso, se cuestionó sobre la toma de medidas preventivas y acorde a lo sucedido, poniendo como ejemplo la Ciudad de México.

Recordaron que en aquella ocasión se buscó sacar raja política por parte del PAN acusando a Morena, sin embargo, en las ciudades que gobierna el partido guinda no se ha manejado el tema.

Finalmente, este debate fue concluido luego de más de una hora de que se trató en punto y citando a los congresistas a sesión para el próximo martes.

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