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Gabriel Díaz Negrete, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional dio a conocer que, a partir de este lunes 13 de noviembre, inicia una nueva etapa con Daniela Álvarez, al frente de la coordinación de las y los diputados federales de Acción Nacional de Chihuahua.

Díaz Negrete dijo que el trabajo desempeñado por la diputada federal sobre todo en defensa de la economía chihuahuense frente al Proyecto de Presupuestos de la Federación 2024, ha sido destacable por lo que su nombramiento como coordinadora es un reconocimiento a ello dentro del PAN.

Por su parte, la legisladora agradeció a los integrantes del Comité Directivo Estatal la confianza y el nombramiento, añadió que la defensa en la Cámara de Diputados en los últimos días “complicado y de discusión”, lo que continuará ahora como coordinadora.

Álvarez asumió el liderazgo desde la licencia por motivos de salud de Eliseo Compeán, quien dejó la coordinación el pasado 27 de septiembre.

Con dispensa de trámites, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron como de “urgente resolución” la cuarta reforma en fast track de este martes.

Se trata de un proyecto que reduce el porcentaje máximo de descuento durante la venta de inmuebles propiedad de la Nación, y que se avaló por mayoría de 259 votos a favor por parte de la bancada guinda y aliados, así como 220 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC.

“Busca asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación”, declaró la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena.

Explicó que la Ley General de Bienes Nacionales vigente, permite vender inmuebles federales cuando no son útiles para destinarlos al servicio público o cuando no son de uso común, venta que debe de realizarse por medio de licitación pública con el valor base que determine el avalúo correspondiente.

Señaló que el marco normativo vigente, establece que si el inmueble Federal no logra enajenarse en una primera licitación pública, se realiza una segunda en la que puede descontarse un 20% del valor base, y si no se adjudica en esa segunda licitación, se permite una tercera en la que se puede reducir el valor base en un 40%.

“Esta Norma permite una pérdida real y significativa en el valor de los inmuebles federales cuando no son enajenados en una primera licitación en detrimento del patrimonio de la nación”, insistió le legisladora Ayala Leyva.

En ese sentido la iniciativa propone elevar los porcentajes considerados para la venta de los inmuebles, dejando el 95% del valor en la segunda licitación y en la tercera el 90 por ciento, “garantizándole al estado mexicano un 30% más en las operaciones a desarrollar en una tercera licitación”.

Durante el debate, la oposición aseguró que el objetivo central del proyecto, es comenzar a vender los bienes de la nación de manera desmedida.

“El gobierno federal, a través de sus diputados, ha anunciado su intención de vender los bienes de la nación a precios de oportunidad, así como lo hizo con el avión presidencial”, acusó la diputada del PAN, Sonia Murillo Manríquez.

El presidente del Cluster Minero de Chihuahua (Clumin), Pablo Méndez Alvídrez, hizo un llamado a los diputados federales a que revisen la iniciativa presentada ante la cámara baja por el presidente de la República, ya que podría desalentar las inversiones del sector minero en el país.

“Hacemos este llamado ya que esta iniciativa limita, en muchos sentidos, a la inversión que podríamos recibir en el sector minero y no solo en la inversión extranjera, sino en la propia inversión nacional y en el sector en general”, dijo el titular.

Las propuestas aumentarían la carga reguladora de los productores e incluso hacen que el otorgamiento de nuevas concesiones sea más incierto.

De igual forma, Méndez Alvídrez señaló que es importante recordar que este sector es un polo de desarrollo en ciertas poblaciones, donde es difícil que el gobierno llegue con algunos servicios básicos.

“Algunas unidades mineras que trabajan en zonas serranas, llegan a sustituir un poco al gobierno y se entregan o se proporcionan servicios que pueden ser beneficiosos para todos”, declaró.

Agregó que se crea un polo de desarrollo, ya que se impulsa la proveeduría local, la cual sin la industria minera afectaría a muchas familias que viven de ella.

Además, dijo que es este sector quien crea escuelas, hospitales y dan apoyos económicos y médicos a familias de zonas mineras.

“De hecho, el monto es muchísimo mayor al que el propio Gobierno Federal ha entregado a estas poblaciones; por ello, hacemos de nueva cuenta un llamado a los diputados para que conozcan a fondo el funcionamiento de la industria para que se puedan aprobar leyes que sean beneficiosas tanto para las comunidades como para dicho sector”, enfatizó.

La iniciativa pretende eliminar el terreno libre de la Ley Minera y con ello quitar la posibilidad de solicitar nuevas concesiones sobre terrenos considerados actualmente como libres.

Con su eliminación, la única forma en que se podrían obtener nuevas concesiones mineras sería a través de concurso que garantice al Estado las mejores condiciones económicas y de beneficio para la población, así como la ejecución de acciones para restaurar y mejorar el ambiente.

Las modificaciones que pretende realizar el Ejecutivo federal, representan un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras, nacionales y extranjeras, invirtieron en el país.

Situación que puede generar salidas de capital a gran escala, lo que deriva en un decrecimiento de la industria minera en México; además de representar un beneficio evidente a empresas paraestatales.