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Por un mes más se amplió la licencia para los diputados panistas Mario Vázquez Robles y Carla Yamileth Rivas Martínez por parte de la Diputación Permanente, ya que ambos ocupan cargos en el gabinete del Gobierno del Estado en los cargos de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y como Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, respectivamente.

La vigencia de la nueva licencia es de un mes ya que no puede aprobar un periodo más largo, sin embargo, cuando el Pleno del Congreso entre en funciones se podrá otorgar licencia hasta por un plazo de seis meses.

El permiso otorgado podrá ser requerido por los congresistas con licencia a partir del primero de marzo.

Para tal efecto, el Congreso amplió la presencia en el Legislativo de. Ismael Mario Rodríguez Saldaña, suplente de Mario Vázquez, y de Andrea Daniela Flores Chacón,  de  Carla Yamileth Rivas.

La integración de los legisladores al gabinete estatal se dio luego de una serie de modificaciones realizadas por parte de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en la que dejó su cargo Carlos Aguilar como titular de Obras Públicas e Ignacio Galicia de Luna fue separado de su cargo en Desarrollo Humano.

Dentro de esos cambios quien también dejó su cargo fue quien fungía como titular de la Fiscalía Roberto Fierro Duarte, quien tomó posesión como secretario particular.

En tanto, César Jáuregui Moreno, quien ocupaba la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, tomó posesión como fiscal dejando el cargo de secretario general a Santiago de la Peña, que en ese momento era secretario del Ayuntamiento del municipio de Chihuahua.

La 67º Legislatura del Congreso Estatal exigió al Congreso de la Unión la creación de una Ley General de Seguridad Privada que regule a las empresas que se dediquen a ese giro en todo el país.

En particular, se debe someter a las personas que laboran en esas empresas a una normatividad sobre el uso de armas de fuego y portación de uniformes distintivos para evitar que se les confunda con agentes de seguridad pública o con “trasgresores de la paz social”.

“Es importante que el Congreso de la Unión expida esta ley, ya que no podemos dejar que pasen desapercibidas estas acciones que trasgreden la paz social, a causa de la falta de una legislación”; dijo el promotor de la iniciativa, diputado Gabriel García Cantú (PAN).

Gabriel García Cantú

Señaló, ante integrantes de la Diputación Permanente, que las empresas de seguridad privada deben tener una regulación para obtener licencias colectivas para portar armas de fuego, de modo que éstas se usen exclusivamente en la prestación de servicios de vigilancia.

Mencionó que el 28 de mayo del año 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que adiciona la fracción XXIII Bis, en la cual el Congreso de la Unión se otorga la facultad para expedir la Ley General de Seguridad Privada.

En el mismo decreto, se otorgan 180 días a fin de que se expida esta nueva ley, sin embargo, a la fecha, no se ha legislado al respecto, encontrándonos ante una vacatio legis.

Comentó que, en días pasados ocurrió un hecho en Ciudad Juárez donde se vieron personas con armas largas deambulando dentro de un establecimiento comercial, eran personas que se encontraban resguardando a un cliente de este negocio.

“El no portar uniforme y exhibir sus armas largas, ocasionó una intranquilidad y preocupación a los demás ciudadanos, ya que no se sabía si pertenecían a una institución de seguridad pública, si eran escoltas privados o bien, si eran enemigos de la paz”, dijo García Cantú.

Esto constituye un hecho grave, más aún cuando este exhibicionismo de armas se da dentro de establecimientos públicos en el cual asisten niñas, niños y adultos mayores, añadió.

Señaló que el derecho a la seguridad no debe de estar por encima de la paz social, algo que “cotidianamente sucede”.

Casos como los de las personas armadas que dan servicios de escolta rompen con la paz social cuando se comportan de manera altanera por la vía pública, inclusive dentro de establecimientos públicos, agregó.

Al no contar con una regulación, el actuar de esas personas hace que la población tema por su seguridad, ya que desconocen si quien las porta pertenece o no a alguna institución de seguridad pública, concluyó.

El decreto aprobado se enviará al Congreso de la Unión para que se analice y se haga el dictamen correspondiente.

La dirigencia estatal del PAN brindó todo su apoyo a las propuestas que el grupo parlamentario de su partido promueve en la Cámara de Diputados paliar la inflación.

“Los panistas sabemos que los precios están por los cielos y que el dinero no alcanza, por eso estamos ocupados en soluciones que sí frenen la inflación”, afirmó Gabriel ‘Gabo’ Díaz Negrete, presidente del Comité Directivo Estatal.

Al respaldar el planteamiento de los legisladores federales, Díaz dijo que el plan propuesto por los diputados, contempla en resumidas cuentas, reducir un 50 por ciento a el IEPS para que los chihuahuenses paguen menos por gasolina.

Asimismo, descuentos de al menos 20 por ciento en la tarifa de suministro básico de luz y la entrega de una tarjeta con 2 mil pesos al mes a las familias que perciban menos de 18 mil pesos, para que puedan comprar productos de la canasta básica.

En medio de esta crisis económica, dijo, 14 productos que el gobierno de AMLO afirmó iban a reducir su precio, lo han incrementado, señaló Díaz Negrete. 

“El presidente de la República muestra una postura relajada ante los efectos de la inflación en las familias mexicanas, y declara que no es tan fuerte sencillamente porque no le importa”, reprochó.

Resaltó que las estadísticas económicas, a cuatro años de que el Gobierno de la República fue asumido por Morena, preocupan y contrastan con las administraciones panistas, por ejemplo; en el 2021 hubo 6.2 millones más de personas en pobreza en comparación con el 2008, segundo año del gobierno de Felipe Calderón, externó el dirigente albiazul.

“La inversión extranjera se ha desplomado -8 por ciento respecto a 2018, con Felipe Calderón creció 57 por ciento en los primeros tres años”, detalló.

Gabo Díaz reiteró que el Partido Acción Nacional continuará presentando propuestas que den soluciones a la ciudadanía, y manifestó el compromiso de seguir encabezando buenos gobiernos.

Por unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a que haga un análisis sobre las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que puedan representar un riego para los centros penitenciarios de la entidad.

En su exhorto, el Congreso pidió que las acciones se hagan realizadas de manera coordinada entre las autoridades estatales y federales, ya que esa coordinación “rindió frutos” con la pronta ubicación de uno de los principales fugitivos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez.

La iniciativa, que luego fue aprobada por unanimidad, incluye la petición a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial, a instalar mesas de trabajo para “fortalecer el trabajo institucional a favor de la seguridad pública en la entidad”.

“Es tiempo de sumar esfuerzos y voluntades para dar los resultados que todos esperamos”, expresó el diputado Edgar Piñón (PRI), autor de la iniciativa.

El tema de la masacre y fuga de reos ocurrida el primero de enero de 2023 en el Cereso 3 generó discusiones, intercambio de datos y hasta un recuento de hechos sangrientos ocurridos en los últimos 30 años en las cárceles de Chihuahua, el Congreso del Estado.

No hacen falta más normas, sino acciones, dijo el diputado juarense Gustavo de la Rosa Hickerson (Morena), quien propuso que primero se atienda a las 10 viudas de los custodios asesinados y a los 40 hijos que quedaron huérfanos.

“Tenemos que plantearles soluciones de justicia y reparación del daño”, agregó.

El legislador juarense cuestionó que hasta este momento no se haya tomado otra acción que destituir al director del penal.

“Tengo una certeza: el director del Cereso ni siquiera podía entrar; la mitad del Cereso lo controlan los Mexicles y la otra mitad, los Aztecas”, dijo.

Oscar Castrejón, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuestionó que, hasta este lunes 9 de enero, no había ningún detenido y nadie, salvo el director del penal, ha dejado el cargo que tenía.

En su turno en el uso de la palabra, recordó hechos similares, como la fuga de reos de la Penitenciaría del Estado en 1990, el motín en el Cereso de San Guillermo, en 1996 y la fuga del mismo penal en el 2021.

En todos esos casos, agregó, la autoridad se hizo presente y hubo servidores públicos sancionados.

El priista Piñón abundó en su iniciativa que la situación por la que pasa el estado “no debe hacer que impere el pesimismo y menos que se genere discordia entre las fuerzas políticas”.

“Así como entre los órdenes de gobierno, por el contrario, deben dar la pauta para fortalecer el diálogo, así como los mecanismos de coordinación que permitan brindar la paz y seguridad que la ciudadanía desea y merece; culminó.

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