diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los mexicanos que viven fuera del país deberían tener derecho a votar también por diputados, al recordar que su propuesta de reforma electoral buscaba ampliar la participación política de los connacionales en el extranjero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente los mexicanos residentes en el exterior sólo pueden votar por la Presidencia de la República y por algunos cargos locales, como gubernaturas o jefaturas de gobierno en determinados estados.

Indicó que la iniciativa impulsada por su gobierno planteaba facilitar el voto de los migrantes y permitir que eligieran directamente a sus representantes dentro del sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados.

“La reforma que planteamos iba mucho más allá… no solamente sobre facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, sino permitir que ellos votaran por su representación dentro de la representación proporcional”, señaló.

Sheinbaum también aclaró que los consulados mexicanos, operados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, únicamente prestan el espacio para que los ciudadanos tramiten su credencial de elector o se registren para votar, mientras que la organización de los procesos electorales corresponde al Instituto Nacional Electoral.

La presidenta recordó que esa propuesta fue rechazada durante el proceso legislativo, aunque insistió en que ampliar los derechos políticos de los migrantes sigue siendo un tema pendiente en la agenda democrática del país.

Culiacán, Sinaloa – Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda resultaron heridos esta tarde tras un ataque armado perpetrado en pleno centro de la capital sinaloense.

El atentado ocurrió alrededor del mediodía en el Malecón Viejo (Paseo Niños Héroes), a la altura de la calle Domingo Rubí, minutos después de que ambos legisladores abandonaran las instalaciones del Congreso del Estado tras participar en una comparecencia oficial.

Viajaban en una camioneta blanca de doble cabina cuando fueron emboscados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Según reportes preliminares, Elizabeth Montoya Ojeda presentó heridas por impactos de bala y fue reportada estable y fuera de peligro inmediato.

Por su parte, Sergio Torres Félix —presidente estatal de MC en Sinaloa y exalcalde de Culiacán— sufrió lesiones de bala, con reportes que lo describen como grave y requiriendo cirugía en una clínica privada. Además, uno de sus escoltas resultó herido al intentar repeler la agresión.

Ambos fueron trasladados de urgencia a hospitales bajo fuerte custodia policial. El gobernador Rubén Rocha Moya se presentó en uno de los nosocomios para supervisar su atención y ordenó un operativo inmediato de búsqueda y captura de los responsables, con participación de fuerzas estatales y federales.

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, condenó enérgicamente el atentado y exigió una investigación exhaustiva, destacando que la crisis de violencia e impunidad en Sinaloa “ha rebasado todos los límites”. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, calificó el hecho como “muy delicado” y llamó a reforzar la seguridad de los legisladores.

Hasta el momento no hay detenidos ni se ha establecido un móvil oficial, aunque el contexto de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa en la región es señalado como posible factor. Las autoridades investigan el caso como tentativa de homicidio calificado y atentado contra la integridad de servidores públicos.

El senador Javier Corral Jurado arremetió contra la bancada de Morena en el Congreso del Estado por votar a favor de la reelección de Héctor Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), pese a que —afirmó— el funcionario enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación.

Corral, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presunto peculado derivado de auditorías realizadas durante la gestión de Acosta Félix, calificó de “cuestionable” el desempeño del auditor y señaló, entre otras omisiones, la falta de revisión al gasto del actual gobierno estatal en el proyecto Torre Centinela.

“Acosta Félix fue ratificado hoy por los diputados del PRIAN y sus aliados y, de manera insólita, también por los legisladores de Morena”, escribió el exgobernador en su cuenta de X (antes Twitter). A su juicio, la votación contradice los principios que Morena asegura defender.

Corral enlistó casos que, según él, ameritan investigación: adjudicaciones directas en la compra de libros de texto, la adquisición de vehículos a una empresa perteneciente al esposo de la gobernadora, así como la compra de camiones inservibles para la ruta troncal en Chihuahua capital. También acusó al auditor de usar la ASE “de manera facciosa para fabricar expedientes contra adversarios políticos”.

Aseguró que, aun con dicho historial, algunos diputados justificaron la ratificación bajo el argumento de un “buen desempeño”, aunque —señaló— sin precisar en favor de quién.

Cabe destacar que la ASE, bajo el mando de Acosta Félix, realizó la auditoría que derivó en los procesos penales iniciados contra el propio Corral y contra Arturo “N”, exsecretario de Hacienda en su administración.

En el Foro Cultura de Paz y Legalidad, organizado por la Cámara de Diputados, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, aseguró que los delitos de alto impacto en Chihuahua van “a la baja”.

La declaración fue hecha ante legisladores federales, en momentos en que la entidad enfrenta episodios constantes de homicidios, desapariciones, ataques armados y tensión en diversas regiones.

Araiza reconoció que el estado vive un “escenario de violencia”, pero intentó matizarlo al asegurar que el índice de homicidios es “muy inferior” al registrado entre 2008 y 2014, cuando —dijo— se dieron los picos más altos de criminalidad.

“No ha desaparecido del todo la violencia, pero la incidencia delictiva está muy por debajo de lo que vivimos”, sostuvo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 20 de noviembre.

El fiscal evitó referirse a las críticas recientes sobre la efectividad de los operativos estatales, el desgaste de las corporaciones policiacas o los señalamientos de organizaciones civiles que denuncian impunidad y falta de resultados en investigaciones de homicidios y desapariciones.

En cambio, retomó argumentos de académicos que vinculan la criminalidad con la inequidad social y no con la pobreza, deslizando la responsabilidad hacia factores estructurales y a la sociedad misma.

Ante diputadas y diputados de distintos partidos, Araiza aseguró que la reducción de los delitos depende de dos condiciones: un Estado de Derecho fortalecido y una ciudadanía comprometida con denunciar.

“El tema de la seguridad es una carreta de dos ruedas: una es el gobierno y otra es la sociedad. Si no giran al mismo tiempo, la carreta va a dar círculos y no va a avanzar”, expresó, sin abordar las fallas institucionales que continuamente señalan colectivos y especialistas.

Sobre la cultura de la legalidad, insistió en que los gobiernos deben promover la cultura, el arte, la ciencia y la historia como herramientas para “empatizar” y “coexistir”, sin detallar estrategias concretas para contener la violencia en el corto plazo.

Como ejemplo de participación ciudadana, destacó al empresariado de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), donde los empresarios se autoimpusieron un impuesto para financiar proyectos de seguridad. Evitó, sin embargo, profundizar en cómo ese modelo convive —o choca— con las obligaciones del Estado en la materia.