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Diputados locales y representantes de sectores productivos de la región Centro-Sur del estado analizaron la creación de una Comisión Estatal del Agua, con el objetivo de proteger los intereses de los agricultores y la población ante los retos hídricos que enfrenta Chihuahua.

La reunión, celebrada en la Torre Legislativa, estuvo encabezada por el diputado camarguense Arturo Zubia, presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, y Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias.

Ante un grupo de productores que prácticamente llenaron el salón donde se celebró la reunión, ambos políticos coincidieron que es urgente que Chihuahua cuente con un organismo especializado en materia de recursos hídricos.

Esa “Comisión Estatal” que aún no tiene un acrónimo que la identifique, representaría a la entidad ante instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Consejo de Cuencas del Río Bravo y el Comité Internacional de Límites y Aguas. (CILA).

En la mesa de trabajo participaron los diputados Saúl Mireles e Ismael Pérez Pavía (PAN), Octavio Borunda (PVEM) y Luis Fernando Chacón (PRI).

Los legisladores coincidieron en que se debe crear un equipo técnico especializado, con un enfoque científico y agronómico para resolver la crisis del agua.

Asimismo, esa Comisión deberá frenar el crecimiento de la frontera agrícola, que incrementa la presión sobre los recursos hídricos del estado.

Además, se pretende fortalecer las facultades de la Fiscalía General del Estado para combatir la tala inmoderada del bosque en la sierra Tarahumara, por ser una práctica ilícita que daña a las fuentes de agua del estado.

-Cambio climático y largo plazo

Otro punto relevante fue la urgencia de implementar acciones a largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático.

Los participantes alertaron sobre el riesgo de migraciones forzadas por escasez de agua, lo que podría derivar en desintegración social y graves conflictos económicos.

El ex diputado federal por el PAN, Salvador Alcántar, actual presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), respaldó la necesidad de un organismo autónomo, junto con representantes de las asociaciones de riego de los ríos Conchos y San Pedro.

Los grupos parlamentarios del Congreso del Estado celebraron que el Ejecutivo estatal haya retirado la propuesta de gravar con un 1.5% a las plataformas digitales que operan en la entidad.

Tras dos semanas de controversias y el anuncio de que al menos Morena, el PRI y MC no apoyarían ese nuevo gravamen, este lunes 16 de diciembre se dio a conocer que siempre no se presentará como parte del Paquete Económico para el 2025, el cual contempla un ingreso superior a los 107 mil mdp.

Se trata del segundo incremento que el Gobierno del Estado retira antes de que su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos sea dictaminado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado.

El otro era un incremento sustancial al Impuesto Sobre Nómina, el cual quedará en un 3% sobre el valor total de las nóminas de las empresas, y no del 4%, como se había proyectado.

Mientras las bancadas del Congreso de Estado celebraban el retiro de la propuesta, un grupo de personas dedicadas a entregar comida a domicilio, quienes hubiesen sido las sujetas de ese cobro, se manifestaban desde temprana hora en la Plaza de Armas, frente a la Torre Legislativa.

La demanda central era que no se aprobase el mencionado impuesto, pero, a propósito de su problemática, reclamaron el mal estado en que se encuentran las calles de Chihuahua, lo cual ha provocado percances entre los motociclistas dedicados a esa actividad.

También en la víspera, el coordinador parlamentario de Morena, diputado Cuauhtémoc Estrada, había calificado ese nuevo impuesto como medida “discriminatoria”, porque afectaba principalmente a los repartidores y demás trabajadores de servicios de movilidad que utilizan dichas aplicaciones.

En cambio, las grandes empresas que cuentan con sus propios trabajadores de este giro no sufrirían ningún cobro adicional, advirtió.

Tras el retiro del proyecto, el coordinador parlamentario de PRI, Arturo Medina, quien ya antes había advertido que lo votaría en contra, calificó de “decisión humana y sensible de Gobierno del Estado” el haberlo cancelado.

A su vez, el diputado por Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, celebró la cancelación porque, dijo, “ya era momento de dejar de cargarle la mano a los ciudadanos, a los trabajadores”.

En tanto, la diputada de Morena, Brenda Ríos, dijo que, de haberse aprobado, habría afectado directamente a miles de trabajadores y usuarios en Chihuahua.

“Desde Morena, estamos comprometidos con proteger a quienes diariamente se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Bloquear este impuesto significa evitar una carga adicional para los conductores y repartidores que dependen de estas plataformas para su sustento”.

Los diputados por el PRI en el Congreso local informaron que han solicitado que el Gobierno Federal aplique un presupuesto de al menos 3 mil 500 millones de pesos durante el 2025 para ejecución de obras que consideraron prioritarias y de urgente realización.

En la tribuna del Congreso del Estado, los legisladores priistas Arturo Medina, Guillermo Ramírez, Luis Fernando Chacón y José Luis Villalobos, presentaron informe sobre la gira que realizó el Grupo Parlamentario en la Ciudad de México a fin de incidir en el presupuesto federal para garantizar un trato justo a las familias de Chihuahua.

El Coordinador del GPPRI, Arturo Medina, señaló que Chihuahua requiere al menos 3 mil 500 millones de pesos para que las familias afectadas eviten una crisis severa, acotó que el Gobierno del Estado ya se encuentra operando la dispersión de casi mil millones, por lo que es urgente que la Federación se sume a este esfuerzo de forma contundente.

Entre las obras prioritarias, según su planteamiento, mencionaron el hospital regional del IMSS en Juárez y la clínica del ISSSTE en Cuauhtémoc.

Además, una planta tratadora de aguas residuales para Juárez, acueductos para llevar el recurso hídrico a comunidades rurales de la sierra de Chihuahua, la modernización del cruce fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa, y la inclusión del estado en la ejecución de programas carreteros.

Sobre este último, mencionaron en concreto el proyecto del corredor carretero que va de Topolobampo a Choix, Sinaloa, y de ahí a Cerocahui, en Chihuahua.

El legislador priista calificó como exitosa la gira, pues consideró que se cumplió el objetivo de visibilizar el maltrato que Chihuahua podría recibir si los legisladores federales del oficialismo dejan pasar el paquete económico 2025 “sin moverle una sola coma”.

Destacó se pudieron reunir con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la que participaron en un ejercicio de Parlamento Abierto para externar las necesidades que deben ser cubiertas en la entidad mediante el presupuesto federal.

En dicha reunión fueron atendidos por la presidenta de la Comisión, la morenista Merilyn Gómez Pozos, a quien le plantearon necesidades específicas de los diferentes sectores y regiones del estado, especialmente en lo relacionado a la atención de los estragos de la grave sequía que enfrenta el estado.

El legislador puntualizó que sostuvieron un encuentro con Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

Medina manifestó que “no bajarán los brazos” y seguirán luchando por un Presupuesto Federal justo que ponga fin al maltrato que la entidad sufrió el sexenio anterior.

A pesar de que se encuentra en franco crecimiento, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, eliminar el narcomenudeo de la lista de los delitos graves que pueden ser sancionados con prisión preventiva de oficio.

La iniciativa que modifica el artículo 19 de la Constitución, aprobada 335 votos a favor y 108 en contra, amplía la cantidad de delitos que serán calificados como graves, pero elimina de esa categoría al narcomenudeo y a la defraudación fiscal.

En su participación en la tribuna de la Cámara Baja, el diputado Ricardo Monreal justificó la exclusión del narcomenudeo para darle un “tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes”.

Sin embargo, cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que se trata de una práctica delictiva que va al alza.

A septiembre de 2024, se habían registrado 69 mil 706 casis de narcomenudeo en todo el país, que son mil 640 más que los que se presentaron en el mismo período del 2023.

En el caso de Chihuahua, la incidencia creció de manera exponencial, ya que a septiembre de 2023 iban 2 mil 305, mientras que al mismo mes del 2024 la cifra ya iba en 4 mil 155, lo que indica un incremento del 80% de un año a otro.

Para el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, hubiese sido mejor no aumentar el número de delitos que pueden causar prisión preventiva, sino darle a los jueces la capacidad de tomar la decisión de emitirla.

Era mejor que el Ministerio Público acreditase la peligrosidad del sujeto a proceso y darle al juez la capacidad de tomar la decisión de permitirle al aquel continuar el juicio en arraigo domiciliario o desde una cárcel, agregó.

¿Qué es el delito de narcomenudeo?

El artículo 475 de la Ley General de Salud establece que se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

La tabla en cuestión contempla las siguientes sustancias con la dosis máxima permitida: Opio, 2 gr.; Diacetilmorfina o Heroína, 50 mg.; Cannabis Sativa, Indica o Mariguana, 5 gr.; Cocaína, 500 mg., y Lisergida (LSD), 0.015 mg.

El artículo 476 establece, además, de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley.

Asimismo, el artículo 477 señala que se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.