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“La educación como un derecho humano de toda la población, es un objetivo de desarrollo sostenible”, dijo el diputado Benjamín Carrera, quien presentó un exhorto al Gobierno del Estado para otorgar subsidios de al menos el 50% en el monto de inscripción en educación superior.

Esta solicitud fue presentada en 2019 y 2021 por parte del legislador, pero en ambas ocasiones fue turnada a la comisión.

El diputado señaló que con la existencia de más 114 mil estudiantes de educación superior en el estado de Chihuahua, la situación de vulnerabilidad económica de las familias, resultado de las diversas crisis y las prácticas recaudatorias de la administración estatal, y el derroche del presupuesto en obras de dudoso establecimiento y regalos millonarios, se evidencia la negligencia y la gran deuda del Estado con los ciudadanos.

“Cualquier administración que se diga interesada en el progreso y el desarrollo económico, debe cimentar e impulsar el capital humano, creando las condiciones necesarias para que las instituciones educativas tengan la posibilidad de generar vínculos efectivos con el empresariado local, evitando la fuga de talentos y la deserción escolar”, externó el diputado Carrera.

Cabe señalar que la Ley General, publicada en abril de 2021, contempla en sus transitorios que la gratuidad en la educación superior en México entrará en vigor para el ciclo escolar 2022-2023 que está finalizando, por lo que es ya una obligación que la actual administración debería estar atendiendo, afirmó.

Aunado a lo anterior, dijo, debemos señalar que ya hay resoluciones judiciales en las que se ha concedido de manera retroactiva la gratuidad en la educación superior a quienes han recurrido al juicio de amparo, a lo que habría de sumarle que, la educación como un derecho humano de toda la población es un objetivo de desarrollo sostenible.

Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todo ámbito, la diputada de Morena, Julieta Ramírez Padilla, presentó una iniciativa con la que busca que la pensión alimenticia no sólo contemple el apoyo de los tutores durante la educación primaria, sino que ésta sea obligatoria hasta la educación superior.

La legisladora indicó que el objetivo de su proyecto “es que los padres o tutores asuman, en el marco de las obligaciones de pensión alimenticia, lo que comprende la educación partiendo de la inicial hasta la superior”.

Ramírez Padilla recordó que “el actual artículo que rige a la pensión alimenticia y a los alimentos como derecho de un menor de 18 años, en lo que respecta a educación se limita a la educación primaria, cuando es precisamente el artículo tercero de la norma suprema del país, en el que no solamente precisa gratuidad de la educación sino también obligatoriedad desde la inicial, hasta la superior”.

En ese tenor, la diputada de Morena abogó por terminar con las diversas interpretaciones y criterios en los tribunales que han permitido el desamparo de los menores respecto a su formación académica.

Y manifestó que a través de la iniciativa presentada a la Comisión Permanente, que reforma el artículo 308 del Código Civil Penal, se incorpora una perspectiva de derechos humanos a la norma y se actualiza el precepto de gastos de educación.

“Como es evidente, la norma permanece sigue sin actualizarse y de aquí la oportunidad de mejorarla y ponerla al día”, expresó.

Julieta Ramírez señaló que serán las autoridades, especialmente los jueces familiares, los que tendrán la tarea de corregir y reparar cualquier irregularidad que limite o restrinja calidad de vida del menor, teniendo en cuenta que se trata de una obligación compartida, sin distinción de género.

“Existe, sin duda, la necesidad imperiosa de actualizar esta norma, la que en su simple lectura arroja serias deficiencias y limitantes, mismas que pueden ser resueltas y superadas con perspectiva de derechos humanos”, declaró.