ELECCIONES

De acuerdo con los resultados preliminares de la elección para renovar el Congreso local, el PAN obtuvo apenas entre el 2.1 y el 2.2 por ciento de los votos, muy por debajo del umbral legal necesario para mantener prerrogativas y representación política en la entidad.

La debacle se produce apenas tres años después de que Acción Nacional participara en la alianza que ganó la gubernatura de Coahuila junto con el PRI y el PRD. Ahora, tras competir en solitario, el partido quedó relegado a una fuerza marginal en el estado.

La elección estuvo marcada por el dominio absoluto del PRI y su aliado Unidad Democrática de Coahuila (UDC), que ganaron los 16 distritos de mayoría en disputa y consolidaron a Coahuila como uno de los últimos bastiones del priismo en el país.

Junto con el PAN, también Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México quedaron por debajo del 3 por ciento de la votación válida emitida, por lo que podrían perder su registro estatal una vez que se oficialicen los resultados.

El resultado representa además un duro golpe para la dirigencia nacional panista encabezada por Jorge Romero y reaviva el debate sobre la conveniencia de reconstruir alianzas con el PRI rumbo a las elecciones de 2027.

Redacción

Luisa María Alcalde, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que el Gobierno federal busca blindar las elecciones de 2027 frente a posibles infiltraciones del crimen organizado.

La iniciativa contempla la creación de mecanismos de revisión de perfiles de aspirantes a cargos públicos, mediante intercambio de información con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

La propuesta surge en medio del debate nacional por presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales, así como por investigaciones abiertas en distintas entidades del país.

De acuerdo con el planteamiento, los partidos políticos podrían someter voluntariamente a revisión sus listas de aspirantes antes del registro oficial de candidaturas, con el objetivo de detectar perfiles considerados de riesgo.

El proyecto busca quedar listo antes del proceso electoral de 2027, considerado uno de los más grandes del país por la renovación simultánea de gubernaturas, alcaldías, congresos locales y cargos federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo a su Gabinete y a la clase política: quien quiera competir en las elecciones de 2027 debe dejar su cargo de inmediato.

Desde su conferencia matutina, la mandataria fue tajante: no habrá espacio para quienes pretendan jugar en dos frentes.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato o precandidato”, sostuvo.

La advertencia presidencial tiene efectos inmediatos.

Uno de los primeros movimientos fue la salida de Citlalli Hernández, quien dejó la Secretaría de las Mujeres para integrarse a la operación política de Morena de cara a 2027.

A la par, figuras como la senadora Andrea Chávez solicitaron licencia para enfocarse en sus aspiraciones políticas, en su caso, la gubernatura de Chihuahua.

El fondo del llamado apunta a frenar una práctica cada vez más evidente: funcionarios en activo que, desde sus cargos, ya operan políticamente rumbo a las elecciones.

Sheinbaum insistió en que la medida busca evitar ventajas indebidas y garantizar condiciones equitativas en el proceso electoral.

El propio calendario interno de Morena presiona: en junio iniciarán las encuestas para definir candidaturas, lo que obliga a los aspirantes a tomar decisiones inmediatas.

Aunque formalmente el proceso electoral está lejos, en los hechos ya está en marcha.

En 2027 se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que ha detonado una carrera anticipada dentro de los partidos.

Un costo adicional estimado en 20 millones 655 mil pesos representaría para el Instituto Estatal Electoral, organizar la elección de regidores por voto directo y por demarcación territorial, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

El diputado panista dijo que la iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral impulsada por Morena implicaría un aumento aproximado del 25 por ciento al presupuesto del órgano electoral local.

Explicó que el costo de la elección se incrementaría por la contratación y capacitación de personal, revisión de candidaturas, traslado y resguardo de material electoral, campañas informativas y fiscalización de nuevas postulaciones.

Chávez recordó que el impacto económico del pasado proceso electoral extraordinario del Poder Judicial fue de 478 pesos por cada elector que participó en la elección.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa con carácter de decreto para replantear la propuesta que contempla elegir regidores por zonas territoriales rumbo al proceso electoral 2026–2027.

La iniciativa panista plantea ajustar artículos transitorios aprobados en legislaturas anteriores que abrían la puerta a ese esquema, al considerar que la realidad territorial y demográfica de Chihuahua es distinta a otros estados donde existe ese modelo.

“La entidad cuenta con 67 municipios y una población estimada de 4 millones 087 mil 306 habitantes, frente a los 20 municipios y un millón 235 mil 456 personas de Nayarit, el único referente donde se aplica ese mecanismo”, indicó el legislador.

Chávez consideró que la implementación directa de regidurías por demarcación territorial, en las condiciones actuales, no garantiza por sí misma una mejora efectiva en la representación ciudadana.

Aseguró que, contrario a la iniciativa morenista, su propuesta busca dar certeza jurídica al próximo proceso electoral y ajustar el modelo electoral con base en criterios técnicos, operativos y presupuestales.