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Estados Unidos

Entre el 2 de septiembre y el 29 de octubre de este año, Estados Unidos realizó al menos 16 ataques en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico latinoamericano, con un saldo de 61 personas muertas, según una investigación publicada por el diario Milenio.

El reportaje, sustentado en fuentes de defensa y registros oficiales de los países afectados, señala que las acciones fueron ejecutadas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses como parte de una ofensiva que Washington enmarca en su política contra el “narcoterrorismo”.

Los operativos se desarrollaron principalmente frente a las costas de Venezuela, Colombia, Ecuador, México y países de Centroamérica, donde se localizaron embarcaciones rápidas o semisumergibles que Estados Unidos identificó como presuntas rutas del tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

El argumento y el alcance

De acuerdo con la publicación, la administración de Donald Trump sostiene que los ataques buscan desmantelar redes de narcotráfico transnacional y reducir el flujo marítimo de droga. Sin embargo, ninguna de las 16 operaciones ha sido reconocida como conjunta con los gobiernos de los países latinoamericanos, lo que abre cuestionamientos sobre su legalidad y alcance extraterritorial.

En varios de los incidentes, las autoridades locales reportaron que no se encontraron armas ni cargamentos ilícitos entre las víctimas, y que algunas embarcaciones podrían haber transportado pescadores civiles o tripulaciones forzadas por organizaciones criminales.

Casos y reacciones

El ataque más mortífero ocurrió el 28 de octubre, cuando aviones estadounidenses bombardearon cuatro lanchas rápidas en el Pacífico oriental, dejando 14 personas muertas y un sobreviviente, de acuerdo con el recuento de Milenio.

El medio también documentó otros casos, como el del 16 de octubre, en el que una embarcación semisumergible fue destruida en el Caribe. Dos personas murieron y otras dos sobrevivieron, sin que se hallaran pruebas de que transportaran droga o armas.

La publicación recoge que gobiernos de México, Colombia y Ecuador, así como organismos internacionales como la OEA y la ONU, han expresado preocupación por la falta de transparencia en los operativos y el riesgo de ejecuciones extrajudiciales.

El trasfondo: una guerra sin fronteras claras

El reportaje apunta que esta ofensiva marítima es parte de una estrategia regional de control impulsada por Estados Unidos para disuadir el tráfico de drogas y reafirmar su presencia militar en el hemisferio occidental.

No obstante, el saldo humano y el silencio diplomático de los países latinoamericanos reavivan el debate sobre el uso del discurso antidrogas como justificación para operaciones armadas fuera del territorio estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte (DOT), anunció el 28 de octubre de 2025 la revocación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas y la prohibición de vuelos combinados (pasajeros y carga) desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia su territorio.

La medida se justifica, según el DOT, en el incumplimiento del acuerdo bilateral de servicios aéreos firmado entre ambos países, luego de que el Gobierno mexicano habría bloqueado durante tres años las operaciones de una aerolínea estadounidense, impidiendo la apertura de nuevas rutas y generando un trato desigual frente a las compañías mexicanas.

El acuerdo bilateral de aviación, vigente desde 2015, establece condiciones de reciprocidad para el acceso equitativo de aerolíneas a ambos mercados. Sin embargo, el Gobierno estadounidense sostiene que México retrasó o negó permisos operativos a transportistas norteamericanos, mientras autorizaba sin restricciones a empresas nacionales como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

Por esa razón, el DOT decidió suspender 13 rutas previamente aprobadas o en trámite, que conectaban con ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles, Miami y Nueva York, además de restringir la expansión de operaciones desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El anuncio del 28 de octubre ocurre apenas un año después de que México recuperara la categoría 1 de seguridad aérea, lo que había permitido a las aerolíneas nacionales retomar planes de expansión hacia Estados Unidos.

Fuentes del sector aéreo advierten que la decisión podría afectar la conectividad internacional, retrasar la expansión del AIFA y limitar operaciones de carga en temporada alta.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ni la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han emitido una postura oficial ante la resolución del Gobierno estadounidense.

Donald Trump volvió a colocar sobre la mesa pública la idea de un tercer mandato presidencial en Estados Unidos, durante una conversación con reporteros a bordo del Air Force One.

Aunque descartó postularse como vicepresidente, insinuó que un nuevo intento por la Casa Blanca en 2028 “no está del todo fuera de la mesa”, reportan diversos medios de EU.

El mandatario afirmó que no buscaría regresar al poder a través de una fórmula compartida: “I’d be allowed to do that… but I wouldn’t do that. I think it’s too cute. I think the people wouldn’t like that. It’s not — it wouldn’t be right” (“Podría hacerlo… pero no lo haría. Creo que sería demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. No estaría bien”), dijo en referencia a ocupar la vicepresidencia como vía indirecta para volver a la presidencia.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si descartaba por completo un tercer mandato, Trump respondió con ambigüedad: “Am I not ruling it out? I mean, you’ll have to tell me” (“¿No lo estoy descartando? Quiero decir, tú tendrás que decírmelo”), una frase que bastó para encender nuevamente el debate político y constitucional.

Trump también presumió su buena posición en las encuestas: “I have my best numbers ever” (“Tengo mis mejores números de todos los tiempos”), aseguró, al tiempo que algunos de sus seguidores comenzaron a hablar —una vez más— de la posibilidad de una “nueva era Trump”.

En paralelo, su aliado y exasesor Steve Bannon declaró a Newsweek que “hay un plan” para que Trump regrese en 2028, afirmando que “él va a obtener un tercer mandato”. Estas afirmaciones alimentaron la especulación sobre una eventual estrategia política o legal que desafíe las restricciones constitucionales.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, “ninguna persona será elegida presidente más de dos veces”. En otras palabras, un tercer mandato es legalmente imposible sin una reforma constitucional que, hasta ahora, nadie en el Congreso ha propuesto.

Por ahora, no existe un anuncio formal de campaña, pero la simple mención de “Trump 2028” ha sido suficiente para reactivar el debate político en Washington y dividir opiniones entre republicanos: algunos celebran la idea como símbolo de fortaleza; otros temen que vuelva a tensar la ya frágil línea entre la ambición y la ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes fue extraditado a Estados Unidos Marco Antonio López, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.

El traslado se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición México–Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas.

López fue entregado a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado bajo custodia hacia California, donde enfrentará proceso penal ante la Corte Federal del Distrito Sur.

Los cargos: drogas, armas y conspiración

De acuerdo con la información oficial, el acusado es requerido por los delitos de:

•⁠  ⁠Asociación delictuosa para distribuir drogas en territorio estadounidense,

•⁠  ⁠Delitos contra la salud,

•⁠  ⁠Tentativa de exportar artículos de defensa sin licencia, y

•⁠  ⁠Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México

Las autoridades estadounidenses sostienen que López coordinaba envíos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de manejar una red logística para abastecer al Cártel de Sinaloa con armamento de alto poder procedente del mercado estadounidense.

Su captura en Baja California

Marco Antonio López fue detenido en febrero de 2024 durante un operativo conjunto en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, mantenía vínculos con operadores del cártel en la franja fronteriza y era responsable de organizar cargamentos que cruzaban hacia California por pasos clandestinos, especialmente entre San Luis Río Colorado y Calexico.

Su aprehensión derivó de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la FGR tras el requerimiento del gobierno estadounidense.

Fuentes judiciales citadas en el expediente señalan que López pertenece a la estructura criminal encabezada por los llamados “Chapitos”, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su rol habría sido principalmente logístico y financiero, coordinando almacenamiento, traslado y protección de cargamentos entre Sonora, Baja California y el sur de Estados Unidos.

Entre 2018 y 2020, según la acusación norteamericana, habría participado en el tráfico de grandes volúmenes de drogas sintéticas, contribuyendo al auge de la red de distribución de fentanilo que colocó al Cártel de Sinaloa en la mira internacional.

Lo que representa su extradición

La entrega de Marco Antonio López a Estados Unidos se interpreta como un nuevo gesto de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.

La FGR destacó que con este caso se reafirma el compromiso del Estado mexicano de “evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves que afectan la seguridad de ambos países”.

Con esta extradición, el Gobierno mexicano suma otro golpe a la estructura del Cártel de Sinaloa, tras las entregas previas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y de otros operadores relevantes procesados por narcotráfico.

Un mensaje para los cárteles

La detención y posterior entrega de López refuerzan la estrategia de desarticulación de redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

En el plano político, la acción se lee como una muestra de coordinación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la presión internacional por frenar el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las prioridades del gobierno estadounidense y en un momento en que el presidente de EU hace señalaminetos fuertes hacia la figura presidencial el vecino del sur.

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