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El alcalde Marco Bonilla encabezó el cierre del Festival de las Familias Felices 2026, que culminó con una presentación circense que llenó de alegría a niñas, niños y adultos en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Durante su mensaje, el edil agradeció la participación de las familias chihuahuenses y destacó que este festival fue diseñado como un espacio para fortalecer los lazos familiares, fomentar la convivencia y promover el tiempo de calidad entre seres queridos.

“Antes de ser presidente municipal, soy padre, soy hijo, soy esposo, y sé lo valioso que es estar con la familia. Este festival es para eso: para convivir, para reír y para reconectar”, expresó el alcalde.

Marco Bonilla reconoció el trabajo del DIF Municipal, encabezado por su presidenta Karina Olivas, así como de las dependencias municipales y estatales que colaboraron en la organización, logrando ofrecer actividades recreativas y culturales para todas las edades.

Asimismo, agradeció el respaldo de organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuya aportación contribuirá a la construcción de un refugio para niñas y adolescentes víctimas de violencia.

El alcalde reiteró que las familias son el eje central de su administración, por lo que se continuará impulsando políticas públicas y espacios que promuevan su bienestar.

“En Chihuahua tenemos claro que las familias van primero, y vamos a seguir trabajando para que cuenten con espacios dignos donde convivir y crecer juntas”, finalizó.

Más de 3 mil 200 familias de comunidades indígenas en los municipios de Guadalupe y Calvo, y Morelos, recibieron paquetes de maíz y frijol como parte del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, impulsado por el DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI).

El programa, instituido por iniciativa de la gobernadora Maru Campos, ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la región, con actividades prioritarias en los rubros de salud, alimentación, educación y agua potable.

En Morelos, municipio ubicado en el occidente de la entidad, fueron 64 toneladas de granos, de las cuales 48 de maíz y 16 de frijol, las que llegaron a mil 600 familias de las comunidades de Potrero de Portillos, Las Pilas, Tescalama (El Ranero), Piedra Bola, Rincón del Pleito, San Miguel y El Chapote.

En tanto, mil 420 familias de Guadalupe y Calvo, de localidades como San Pedro, San Francisco, La Cruz, El Barro, Cueva del Barro, San Francisco de Chinatú, San José de los Reyes, Mesa de la Palma, Navegame, Rancho de Enmedio y La Cruz de Chinatú, se beneficiaron al recibir 42.6 toneladas de maíz y 14.2 toneladas de frijol.

El programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, instruido por la gobernadora Maru Campos, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región mediante acciones prioritarias en salud, alimentación, educación y acceso a agua potable.

Esta iniciativa interinstitucional integra esfuerzos de diversas dependencias para impulsar el bienestar de la población.

Entre las acciones destacan la construcción y mejora de viviendas, incentivos para estudiantes, rehabilitación de caminos rurales, apertura de comedores comunitarios, instalación de sistemas colectivos y proyectos de cosecha de agua.

Durante 2024, se han entregado 6,457 toneladas de paquetes alimenticios, beneficiando a 80,736 familias en 19 municipios serranos incluidos en este plan de atención.

“Gobernadora estamos aquí porque sus funcionarios no nos han querido solucionar en lo que lleva de su administración, las violaciones a derechos humanos en la recomendación 91/2019”, decía la lona con la que bloquearon el primer cuadro de la ciudad, contra esquina de Palacio de Gobierno.

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 91/2019, fue sobre la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del fraccionamiento Rinconada los Nogales, con la que se han afectado derechos humanos de salud, medio ambiente, vivienda e interior superior de la niñez, de quienes habitan la zona.

En total son 43 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Chihuahua, por haber avalado la construcción de casas en suelo contaminado por plomo.

“Le pedimos que se sensibilicen con nuestros niños y nuestras familias, se atienda la sentencia emitida por el juzgado 8vo de Distrito y ya no sigan apelando en contra de nosotros las víctimas, esta es la segunda sentencia y no la han querido solucionar”, denunciaron.

En 2019, cuando se emitió la recomendación, la doctora Ruth Cecilia Venegas Pérez, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sostuvo que hubo una exposición crónica, acumulativa, ocasionando daños severos a nivel de la población.

Mientras que el Dr. Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, denunció que hubo impunidad de parte de la Planta minera Ávalos y servidores públicos, a quienes responsabilizó de los daños a la salud y al medioambiente de esa zona en la capital del estado.

El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) otorguen las medidas y acciones emprendidas para la reparación del daño a las víctimas de las personas migrantes fallecidas en las instalaciones del INM en la ciudad fronteriza, en marzo del 2023.

Como punto de acuerdo, la diputada Georgina Zapata, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, expuso que este siniestro costó la vida de 40 personas migrantes y varias más heridas.

“A casi nueve meses de este incidente, y luego de diversas invitaciones a los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Delegación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, a que acudan a esta soberanía, aún no hemos tenido respuesta alguna, ni los mecanismos que se han implementado para evitar otra tragedia como la acontecida el 27 de marzo”, reclamó la diputada.

Aunque reconoció que puede ser comprensible que las autoridades encargadas de investigar hechos ilícitos guarden sigilo y secrecía sobre sus actuaciones, a fin de que no se destruyan los indicios del delito y se evadan responsabilidades.

“Estas negligencias no pueden quedar impunes, y no pueden suceder, este tipo de omisiones ya han costado varias vidas de personas migrantes, debemos de proteger sus derechos humanos, por lo cual debemos de velar por el cumplimiento de la reparación integral del daño que ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación del 30 de junio del presente año, para las familias de los 40 migrantes fallecidos, así como de las y los sobrevivientes”, agregó.