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Con el objetivo principal de brindar apoyo y asistencia alimentaria a las personas en condición de vulnerabilidad de la entidad, en el periodo de mediados de noviembre a la fecha, el Gobierno del Estado ha distribuido más de mil 620 toneladas de maíz y frijol, para beneficiar a 20 mil 555 familias de la zona serrana y los asentamientos indígenas urbanos.

Estas entregas se han realizado en un total de 131 comunidades de 19 municipios, a fin de atender las necesidades alimenticias de la población ante la sequía extrema que se vive en el territorio estatal.

Dichos municipios fueron Batopilas, Guachochi, Morelos, Maguarichi, Guazapares, Balleza, Moris, Guadalupe y Calvo, Matachí, Chínipas, Nonoava, Bocoyna, Guerrero, Carichí, Temósachic, Ocampo, Uruachi, Urique y Madera.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón Carrillo, encabezaron esta estrategia interinstitucional, en la que también participan las secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, de Desarrollo Rural, Educación y Deporte, de Comunicaciones y Obras Públicas, y de Salud, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Como parte de las acciones, se entregaron más de 13.8 toneladas de alimentos a 173 familias de la localidad de Rancho Blanco, municipio de Guerrero, mientras que en Madera se dispersaron 100 paquetes de alimentos destinados a igual número de familias, y en Ocampo se apoyó a 200 residentes del Barrio Los Ojitos.

También se distribuyeron paquetes alimenticios en las comunidades indígenas urbanas Rubio, Labor de Terrazas y Porvenir de la ciudad de Chihuahua, en beneficio de 58 familias. Además, se apoyó con el reparto de más de tonelada y media de maíz y frijol, a alrededor de 200 familias de comunidades como Carlos Arroyo, Pájaro Azul, Cerro de la Cruz, Pino Alto y Díaz Infante.  

En actividad del DIF Estatal, en Nonoava se visitó la comunidad de Humariza, a donde acudieron habitantes de las rancherías El Gatuñal, La Vinata, Las Tinas y El Ranchito, acción con la que inició la distribución de 400 paquetes alimentarios, equivalentes a 32 toneladas de granos de maíz y frijol.

De igual manera, se entregaron a 680 familias de la comunidad de El Cuervo, municipio de Batopilas, apoyos consistentes en mil cobijas, 500 despensas, 20 cajas de suplemento alimenticio, 500 medias cajas de huevo, 30 rollos de tela para confección de ropa, 490 rollos de hilo de diversos colores, 100 pares de tenis, mil 100 pares de zapatos, mil 141 blusones, calcetas y calcetines.

Más de mil 200 familias de la comunidad de Pamachi, municipio de Urique, recibieron apoyos diversos mediante la estrategia para el combate a la sequía y de la iniciativa “Juntos sin frío”, que consistieron en 32 toneladas de alimento, además de chamarras, cobijas, y juguetes para las niñas y niños.

El DIF Estatal distribuyó módulos, equipamiento y utensilios de cocina en planteles educativos de los municipios de Parral y de Madera, como parte de las acciones del programa de Desayunos calientes y de Comedores Comunitarios, con el cual fueron beneficiados 269 estudiantes, a través de una inversión de 390 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

La SPyCI, en colaboración con el Ayuntamiento de Guachochi, realizó una posada en la comunidad de Santa Anita, para cerca de 700 familias de distintas localidades como Santa Anita, Nacachi, el Ojito, Ohuivo y Mesa de Basiahuare, quienes recibieron paquetes alimenticios, obsequios y dulces para la población infantil.

En conjunto con el municipio de Guadalupe y Calvo y con apoyo del DIF Estatal, un festejo similar tuvo lugar en la comunidad de Baborigame, donde 3 mil familias, principalmente del pueblo ódami, fueron beneficiadas con la entrega de paquetes alimenticios de grano básico, y obsequios.

A través del documental “Volver a casa, un camino de esperanza y dignidad”, Alianza Sierra Madre A.C., comenzó la difusión de testimoniales de personas defensoras de derechos territoriales y ambientales que viven desplazamiento forzado desde el 2018. 

“Somos de la comunidad de Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, estamos desplazados, hemos andado en la lucha”, inicia el primer corto denominado “La vida antes”, en el que se escuchan la voz de un hombre y una mujer, mientras se aprecian paisajes de sierra. 

“Como mataron a un compañero, Julián Carrillo, nos trajó el Gobierno estamos en una granja, ya van a ser 5 años el 30 de octubre, allá sembrábamos maíz, frijol, teníamos reuniones, fui gobernador indígena, platicaba con la gente, hacía reuniones en cada comisaría para informarles de la defensa del territorio”, dice el testigo.

El segundo corto “¿Cuándo volveremos a casa?”, comparte a través de la voz de una mujer, la vida de Coloradas, su escuela, la vida cotidiana. “Derrepente empezó la violencia y comenzaron a matar a las personas que tenían cargo en la comunidad, el primer desplazamiento fue porque mataron un cuñado, era comisario y en ese año salieron los maestros y la gente”. 

A partir de ahí, relata la mujer que comenzaron las amenazas, “extraño a las personas de allá, a mis hermanas”.

Por último, el tercer corto “Extrañamos nuestra comunidad”, retoma las actividades que ejercían previo al desplazamiento forzado, “allá el agua limpia, el aire, y aquí uno se mantiene malo, porque allá tiene uno la tierra donde trabajar y aquí sí trabajas, pero en la obra, en la sierra es diferente”. 

Este documental es gratuito y dura alrededor de 6 minutos, está disponible en el canal de Alianza Sierra Madre de YouTube, es parte de la campaña para recaudar fondos para la atención psicosocial, talleres, actividades recreativas y de trabajo con infancias de la comunidad desplazada. 

Para quienes deseen apoyar Alianza Sierra Madre habilitó la cuenta en Banorte 1173770187 con la clave interbancaria 072150011737701879 y el Swift MENOMXMTXXX.

Tras el ataque registrado el lunes pasado en la comunidad de Santa Anita, Guachochi, en Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) entregó apoyos humanitarios para 400 familias.

Carla Rivas, titular de la SDHyBC, junto con el sacerdote de la región, Enrique Urzúa, encabezó los trabajos en los que se distribuyeron más de mil 200 apoyos como colchonetas, cobijas y despensas con artículos de la canasta básica a la población que más lo requiere en estos momentos.

Para realizar esta visita se mantuvo contacto con el párroco Enrique Urzúa para conocer de primera mano qué tipo de apoyos eran requeridos por las familias y entregarlos de manera presencial.

Enfatizó que las personas afectadas ante cualquier adversidad pueden tener la seguridad de que no están solos y que cuentan con todo el respaldo de la Gobernadora Maru Campos, por lo que desde la SDHyBC, permanecerán atentos para detectar en qué otros temas se puede apoyar a esta comunidad.

Durante esta gira emergente de trabajo por el municipio de Guachochi, la funcionaria estatal estuvo acompañada por el director de Cohesión Social y Participación Ciudadana, Juan César Gardea Vega.

El padre Enrique Urzúa agradeció a las autoridades estatales la disponibilidad, para atender a las víctimas de estos hechos.

Además, pidió al Estado Mexicano velar por la seguridad de todos los habitantes de Guachochi.

“Les ruego a los tres órdenes de gobierno, garantizar el restablecimiento de la paz en estos pueblos y la presencia permanente de las fuerzas del estado, es el clamor comunitario, pues lo ocurrido el pasado lunes, es un hecho que se suma a la terrible tragedia donde murieron nuestros mártires Joaquín y Javier”, pidió el sacerdote.

“Hay ciudadanos que construyen cerca de los arroyos, bajo las líneas de alta tensión y sobre esos tendremos que trabajar un programa especial”, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez Juárez.

El funcionario señaló que muchas de las viviendas que se construyeron desde hace más de 20 años son producto de invasiones, originadas en la necesidad de las familias de buscar un lugar para construir su patrimonio.

Dijo que hay asentamientos irregulares tanto al sur como al norte de la ciudad.

Explicó que no únicamente se trata de problemas de tenencia de la tierra, sino de seguridad de las personas, ya que se asentaron en zonas de riesgo.

Valdez indicó que se trabaja para el retiro de las viviendas ya que definitivamente no pueden estar en zona de riesgo, de acuerdo con la normatividad vigente.

“Estaremos atentos a este tipo de problemáticas para darles un trato específico”, señaló el funcionario. 

Agregó que hay un caso emblemático de invasión riesgosa dentro del arroyo Los Arcos, al norte de la ciudad.

Ahí se ha notificado al menos a 15 personas y se busca retirar de forma legal a las familias asentadas.

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