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Mediante una coinversión del Gobierno del Estado con el sector privado, la Fiscalía General del Estado (FGE) comprará equipo técnico de última generación para la investigación criminalística.

Se trata de una colaboración entre la FGE y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, (Ficosec) para adquir microscopios, escáneres y mesas de trabajo para sus laboratorios forenses en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Según el acuerdo signado entre ambas partes, Ficosec aportará el 70 por ciento y Gobierno del Estado con el 30 por ciento de la inversión total.

La licitación pública se emitió en el Periódico Oficial del Estado en su edición del pasado miércoles.

Se trata de microscopios digitales para reforzar las pruebas de balística y restos de detonaciones de armas de fuego, computadoras de escritorio con monitores de 27 pulgadas y con mesas de trabajo motorizadas.

Además, escáneres para imágenes de realidad 3D para la captura de escenas forenses, equipados con sistemas de imágenes esféricas y de sensor de panorama termo gráfico y Sistema Inercial Visual (VIS) para el registro previo en tiempo real.

Con estos equipos especializados, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, reforzará la investigación para el esclarecimiento de delitos de alto impacto en la entidad.

Ficosec es un organismo creado por iniciativa del sector privado para impulsar programas que ayuden a hacer más competitivo al estado mediante la aplicación de políticas en materia de seguridad.

Sus fondos provienen del cobro del 5 por ciento del monto que cada empresa paga por concepto de Impuesto Sobre Nóminas.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del año 2024, esa suma asciende a 339 millones de pesos.

El secretario de Seguridad Pública y el fiscal general del Estado, Gilberto Loya y César Jáuregui, respectivamente, negaron que exista desplazamiento forzado de familias habitantes de poblados de la sierra de Chihuahua por amenazas o ataques del crimen organizado.

Ambos funcionarios, abordados por separado, coincidieron en que se han presentado enfrentamientos entre bandas enemistadas, pero no se ha tratado de ataques contra la población civil o que obliguen a la gente a dejar sus lugares de residencia.

Loya Chávez afirmó que sí hay un combate entre dos grupos delincuenciales y que, además están combatiendo contra el Gobierno, pero no tienen como blanco de sus ataques a la población de las comunidades serranas.

“Nosotros hemos estado ahí restableciendo el orden público,”, aseguró Loya.

Lo que sí ha pasado, añadió, es que, ante enfrentamientos entre bandas delictivas, como los ocurridos en Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo, donde la gente se retira ante el temor de salir lastimada por los actos de esos grupos.

En Cinco Llagas, dijo, “llegamos después de este tipo de manifiestos de violencia, restablecemos el orden público y la normalidad”.

Situación similar ha ocurrido en la comunidad de Dolores, del mismo municipio, donde la gente incluso –asegura el funcionario- ya ha ido regresando a sus lugares de residencia, una vez que se reestableció el orden.

Agregó que, así como no ha habido ataques contra la población, tampoco se ha dañado la infraestructura de esos lugares.

A su vez, César Jáuregui, consideró que existen casos muy específicos donde algún grupo llega a buscar a una persona en específico porque supone que está vinculada al bando contrario.

Del desplazamiento de personas, insistió en que no hay tal y que se debe estar atentos ante ese tipo de versiones, pues hay muchas noticias que vienen dirigidas precisamente de quienes están recogiendo los desplazamientos.

En juicio oral, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, lograron una sentencia condenatoria por 18 años de prisión en contra de Ana Nayeli S. A., y Jesús H. G., al comprobarse su participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con lo expuesto por Agentes de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas, durante el periodo comprendido del año 2014 al 2020, en la ciudad de Cuauhtémoc, la víctima fue obligada por su madre y su padrastro a sostener relaciones sexuales con hombres, a cambio de dinero.

Un Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Benito Juárez, emitió el fallo condenatorio y hoy, en audiencia de individualización de sanciones, determinó una pena de 18 años para cada uno de los acusados, así como el pago de la reparación del daño tanto material como moral; además de la pérdida de la patria potestad y se les negó algún beneficio preliberacional, por lo que purgarán la pena en prisión en el Cereso.

(Comunicado)

En Juicio Oral, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, lograron una sentencia condenatoria en contra de Andrés M. A., declarado penalmente responsable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de Guadalupe G. G.

Durante la audiencia de individualización, el Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, se estableció los años que deberá compurgar en prisión el sentenciado en el Cereso.

De acuerdo con la acusación a cargo de agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios, los hechos ocurrieron en la colonia Nuevo Delicias en el seccional de El Sauz, municipio de Chihuahua, cuando la tarde del 27 de agosto del 2023 privó de la vida con un arma de fuego a la víctima, quien era su suegra.

Esta representación social acreditó durante el Juicio Oral, con suficientes pruebas en materia de criminalística, medicina, psicología y otras disciplinas, la participación del acusado en el delito.

(mr)