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CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Con 150 años de cárcel fue condenado Jorge Manuel C. E., tras acreditarse su responsabilidad en los homicidios de seis hombres, cometidos en distintos lugares del fraccionamiento Urbivilla del Prado, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, logró acreditar el delito durante un juicio oral, sobre los hechos en los que tuvo responsabilidad penal el acusado, los cuales se registraron el 8 de febrero del 2023, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

Las investigaciones ministeriales establecieron que, el hoy culpable, acompañado de un menor de edad, entre las 11:30 horas y las 12:00 horas, a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet, color rojo y portando armas de fuego, acudieron a la calle Prados de la Alameda, en donde dispararon contra Tereso C. V., quién quedó herido, para luego perder la vida a consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, se indicó.

Enseguida, se dirigieron a un domicilio que se localiza en el cruce de las calles Prados del Edén y Prados de la Alegría, en donde privaron de la vida a otra persona, para luego trasladarse a la intersección de las calles Prados del Paraíso y Prados de las Flores y privar de la vida a dos masculinos más, agrega el informe.

Posteriormente, se trasladaron a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Prados de las Haciendas y Prados del Paraíso, en donde accionaron sus armas contra dos hombres y los privaron de la vida, para luego huir del lugar a bordo de la camioneta, refiere el reporte.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención en los términos de la flagrancia, se recordó.

Concluido el proceso, en la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal Oral impuso la pena privativa de la libertad que, Jorge Manuel C. E. cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social No. 3, además, se le condenó al pago de 9 millones 584 mil 867 pesos, apunta el comunicado.

(mr)

El pleno de la 68 Legislatura estatal aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie las carpetas de investigación a 12 posibles matrimonios entre, o con menores de edad, en los Registros Civiles de las comunidades de Riva Palacio, Ahumada, Guazapares, Julimes y Morelos.

La autoridad investigadora debe iniciar las averiguaciones para determinar la posible acción penal en contra de funcionarios del Registro Civil del Estado que realizaron matrimonios donde al menos uno de los contrayentes era menor de edad, afirmó la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la bancada de Morena, quien presentó la iniciativa.

De comprobarse ese hecho, quien haya celebrado esos matrimonios podría alcanzar los 22 años de prisión, según lo ha establecido la legislación federal en la materia, sobre todo, si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, dijo.

El exhorto a la FGE se deriva de una publicación periodística reciente, en la cual se informa de la celebración de 12 matrimonios irregulares celebrados en los municipios antes mencionados durante el 2023.

Las autoridades locales de esas oficinas del Registro Civil validaron los “matrimonios infantiles” a pesar de que, desde 2017, el Código Civil del Estado de Chihuahua establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, según se establece en el Artículo 136 del citado ordenamiento.

Además, el Senado de la República aprobó en marzo de 2023 una reforma al Código Penal que hace imprescriptible este delito, reforzando la importancia de su persecución y sanción.

Esta situación coloca a Chihuahua como el estado con mayor incidencia de matrimonios infantiles, pese a que el Código Penal Federal ya había señalado esta práctica como un delito, añadió la legisladora juarense.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua debe investigar a fondo estos casos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos relacionados con matrimonios infantiles, deslindar responsabilidades conforme a la ley”, dijo.

La legisladora mencionó que el director del Registro Civil del Estado, Rafael Alejandro Corral Valverde, ha declarado que las actas de matrimonio de menores detectadas en este caso no tendrán validez legal.

La diputada Pérez Reyes subrayó que la presentación de este exhorto tiene como objetivo asegurar que no se repitan violaciones al Código Civil de esa especie, y que las autoridades actúen conforme a la ley para salvaguardar la integridad de los menores.

Por todo lo anterior, el Congreso aprobó el punto de acuerdo para pedir a la FGE para que se realicen las investigaciones adecuadas y se deslinden responsabilidades según corresponda al Código Penal.

Por el delito de Administración Fraudulenta, Jesús S. P., fue sentenciado a nueve años de prisión, quien además deberá pagar la cantidad de 63 millones 864 mil 480 pesos a las víctimas por concepto de la reparación del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la sentencia condenatoria, en el juicio oral 03/2023, a través de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario.

Asimismo, demostró ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana, la responsabilidad penal del ahora sentenciado por hechos delictivos registrados entre el año 2016 al año 2019.

En ese periodo, Jesús S. P., tenía a su cargo la administración de diversos ranchos ganaderos, ubicados en los municipios de Buenaventura, Villa Ahumada, Namiquipa y Casas Grandes, cuando cometió el delito consistente en el faltante de 4 mil 560 cabezas de ganado bovino.

En el juicio seguido en su contra se demostró que cometió el delito por el monto total de 63 millones 864 mil 480 pesos.

Hechos por los que fue detenido en enero de 2022 con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario.

La sentencia impuesta al agresor, demuestra el cumplimiento del compromiso para mantener el orden y el respeto a los representantes de la ley, necesario para que prevalezca el estado de derecho.

La Unidad de Delitos de Extorsión obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Humberto M. G., por los delitos de fraude, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, amenazas y asociación delictuosa.

Le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, toda vez que quedó acreditada su probable participación en dos hechos delictivos, informó la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, en un comunicado.

El imputado realizaba simulación de contratos de compraventa y/o permutas de vehículos de los cuales no tenía la propiedad, en detrimento patrimonial por la cantidad de un millón ochenta mil pesos en contra de una víctima, así como de un millón setenta mil pesos en perjuicio de una segunda víctima.

Lo anterior ya que el imputado y otros sujetos pactaban el intercambio de vehículos, exhibiendo y entregando facturas apócrifas a sus víctimas. Además, actuaban como una asociación criminal, ya que también las amenazaba para que no procedieran legalmente contra ellos.