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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, quien este viernes absolvió a Rosario Robles Berlanga, de actuar contra la ley y de los autos por los cuales se le inició no sólo una queja administrativa, sino un procedimiento penal por el delito de uso indebido del servicio público.

La FGR anunció que apelará la resolución, ya que “no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”.

La institución señaló que la ley establece que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una se aplica independientemente de la otra.

“Y así lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, donde dice que las sanciones establecidas en esta ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales, y al respecto establece: ‘Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes'”.

Lo anterior, aseguró, lo han ratificado los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Robles Berlanga en 2019; Ganther Alejandro Villar Ceballos y la magistrada Michelle Franco González.

Fueron vinculados a proceso los cinco adultos que fueron ligados al grupo de “Los Mexicles”, al ser detenidos con 24 armas el pasado 22 de enero en un cateo a un domicilio en el fraccionamiento Vistas del Valle en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) se obtuvo del Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, vinculación a proceso en contra de cinco personas por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Además se les vinculó por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta, así como pandillerismo.

Se trata de Jesús “E”, Miguel “M”, Mariana “O”, Jesusa “O” y Erick “B”, los cuales fueron arrestados en flagrancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A estas personas se les aseguraron 17 armas de fuego largas y siete cortas; cinco mil 483 cartuchos y 102 cargadores de diferentes calibres, un lanzagranadas, una base metálica para ametralladora y 53 puntas para cartuchos; además, 107 cascos tácticos, 53 placas y 65 chalecos, ambos balísticos; tres pierneras y cuatro portacargadores.

También, tres pares de guantes, dos bolsas utilitarias, 28 pares de rodilleras, tres pilas de radio, cuatro cuchillos, tres machetes, 18 camisolas, 15 pantalones tácticos, cinco coipas, 21 pares de botas, cinco teléfonos celulares, un vehículo y cerca de cinco kilos de clorhidrato de metanfetamina.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó los datos de prueba suficientes al Juez, quien calificó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a los imputados, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses de investigación complementaria.

En los años que le quedan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se aclarará el tema de las desapariciones de personas durante la “guerra sucia” de los años 70s, aseguró Diego Lucero Estrada, hijo del guerrillero Diego Lucero Martínez.

Integrante del colectivo “Nacidos en la Tempestad”, cuyo objetivo es esclarecer aquellos hechos, Lucero Estrada señala que hay una falta deliberada de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que, de ocho ministerios públicos que se tenían en el 2022 se ha reducido a dos.

En entrevista para Norte de Chihuahua, el activista dijo que las organizaciones de búsqueda de desaparecidos mantienen una exigencia a la FGR para que se involucre en las indagatorias en el tema.

“La Fiscalía tiene que tomar armas en este asunto, tiene que dedicarle espacio para que los responsables, que estén con vida, se lleven prisión aunque sea domiciliaria”, dijo.

“Es necesario que se conozca que ellos no son unos héroes por las acciones que se llevaron a cabo dentro de la década de los sesentas y principios de los noventa”, añadió.

Acusan familiares que la FGE obstaculiza la búsqueda

Señaló que con la reducción de elementos del Ministerio Público la FGE obstaculiza de forma premeditada el esclarecimiento, dejando a México como un país impune ya que no se ha logrado la detención de los causantes de la desaparición de cientos de jóvenes.

El país, continuó Lucero Estrada, es uno de los pocos que no ha logrado la detención de quienes realizaron acciones de desaparición y tortura en contra de los militantes de grupos subversivos en aquella época.

“En todos los países de América Latina hay gente presa y aquí nosotros no podemos encarcelar a nadie. Ni a los gatilleros, ni a los que torturaban o a los que comandaban o llevaban a cabo los vuelos de la muerte”, puntualizó el hijo del guerrillero Diego Lucero Martínez.

A cinco semanas de que inició este 2023, el Gobierno Federal ha destruido 11 vehículos con blindaje artesanal, denominados monstruos, que probablemente pertenecieron a organizaciones de la delincuencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), en su delegación en Reynosa, Tamaulipas, destruyó 11 de estas unidades, la cuales fueron aseguradas en enfrentamientos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Fuentes consultadas manifestaron que elementos del Ejército realizaron el aseguramiento luego de presentarse varios enfrentamientos entre posibles miembros del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, que se disputan el control de la zona de Camargo.

La FGR señaló que los vehículos están relacionados con nueve expedientes y detalló que a través de la Fecor dio cumplimiento al Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito.

Al acto de destrucción asistió el agente del Ministerio Público de la Federación, quien coordinó la identificación, así como autoridades de la Octava Zona Militar, peritos oficiales y miembros del Órgano Interno de Control de la FGR.

En el evento, la fiscalía destacó la labor y coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes aseguraron y pusieron a disposición los vehículos.

En julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad dieron a conocer que de 2019 hasta esa fecha se habían asegurado, decomisado y destruido un total de 257 vehículos con blindaje artesanal.

Con estas acciones, señalaron, se restó movilidad y capacidad de fuego a los grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con las dependencias, el agente del Ministerio Público ordenó la destrucción de las unidades, debido a que con el tipo de confección y modificaciones que se les realizan representan un peligro para la seguridad de la comunidad.

“Muchos de los llamados monstruos cuentan con blindaje que les permiten integrar armas de alto poder, que son usadas en situaciones de enfrentamientos con grupos rivales o en contra de corporaciones de seguridad”, señalaron las dependencias en aquella ocasión.

Los aseguramientos de las unidades se efectuaron durante operativos de localización luego de enfrentamientos y fueron puestas a disposición de la fiscalía estatal por parte de la FGR para el seguimiento de las investigaciones y su destrucción.

En octubre de 2022, la FGR destruyó 15 vehículos monstruo, que presuntamente eran utilizados por el crimen organizado.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la FGR ubicadas en Reynosa, Tamaulipas y se relacionó con aseguramientos de agosto y septiembre de 2022, efectuados por la Sedena y puestos a disposición de la FGR.

En la entidad, la instalación, comercialización y uso de vehículos con blindaje sin autorización es un delito que se sanciona con penas de hasta 15 años de prisión.