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Un total de 23 colectivas y organizaciones feministas del estado de Chihuahua se reunieron para dar a conocer su postura con respecto a los posicionamientos de 41 empresarios de Chihuahua, donde exigieron la detención y puesta a disposición de los responsables de los actos vandálicos del 8M.

Mediante un posicionamiento, las colectivas de nueve municipios, firmaron un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a los empresarios, al fiscal Zona Centro, Francisco Martínez Valley y a las mujeres conservadoras que se unieron para criminalizar los actos del 8 de marzo.

En la carta rechazan enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social feminista y responsabilizan a la gobernadora por la seguridad de todas.

Asimismo, toda acción que el Estado realice en contra de las feministas y personas que participaron en la protesta, sin que incluya los protocolos exigidos por ley y los derechos humanos, será denunciada como violación a estos y persecución política.

Las organizaciones firmantes provienen de los municipios de Chihuahua, Ojinaga, Saucillo, Parral, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Camargo, Juárez y Ascensión.

En su documento, aluden a lo que el fiscal Martínez Valle dijo durante su pronunciación de los hechos: “No me voy a tentar el corazón por cuestiones de género”.

A lo anterior, las colectivas responden que es una de las razones detrás de tanta violencia contra las mujeres e impunidad en el Estado; por leyes de hombres con falta de perspectiva de género.

“Cuando usted dijo que a las mujeres de colectivos no se les detendrá, pero “se les investigará y se determinará si tienen responsabilidad”, nos alerta sobre detenciones arbitrarias, sobre persecución política y sobre violencia política en base a género”.

“Sabemos que la detención arbitraria aumenta el riesgo de otras violaciones, incluyendo la tortura”, señala en documento.

Por último, se pronuncian contra los 41 empresarios que emitieron un desplegado, donde se mostraron en total desacuerdo con los actos de violencia, ya sean orgánicos o promovidos por intereses “oscuros”.

“Estas protestas del 8M, exhibieron al gobierno actual que se ha dedicado a beneficiar a las cúpulas, a continuar la corrupción y a dejar en último plano nuestras demandas y otras demandas sociales”, externaron.

Ante el Senado de la República y durante la presentación del programa de trabajo de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), Abelardo Valenzuela se pronunció en contra de cualquier tipo de tortura en la integración de carpetas de investigación contra la corrupción.

“Se acabó la tortura física y psicológica en Chihuahua para integrar las carpetas de investigación en delitos por hechos de corrupción”, dijo el fiscal Abelardo Valenzuela en la Conafa.

Dentro de la presentación del Programa de Trabajo de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción en el Senado de la República, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela enfatizó que la apuesta de Chihuahua es fortalecer las Instituciones y la profesionalización en la investigación de los delitos por hechos de corrupción.

“No vamos a caer en el desdibujamiento de mediatizar las carpetas por interés político y además, tenemos que cuidar el debido proceso y respetar la presunción de inocencia y en eso estamos trabajando”, dijo ante sus colegas de todo el país.

En su intervención sugirió que debe fortalecerse el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y por eso las Fiscalías deben lograr su autonomía como ya sucedió en Chihuahua.

Además anunció que se reforzará la capacitación con una certificación que dará la Embajada de Estados Unidos, aunado a la convención con las unidades de Inteligencia Patrimonial y financiera que se llevará a cabo con la propia embajada, toda vez que la FACH, cuenta con la Dirección de Inteligencia Financiera, Fiscal y Patrimonial, así como con la Dirección Jurídica y Extensión de Dominio, ello con el objetivo de profesionalizar el combate a corrupción.

Valenzuela Holguín aprovechó la Convención Nacional para aclarar frente a todos los Fiscales del País y del SNA que en Chihuahua no se detuvo a ningún exfiscal Anticorrupción, sino que a un exfiscal de Derechos Humanos, por violar precisamente los derechos humanos.

“Esta detención se dio por resolución de la CNDH, toda vez que en el encuentro se hizo mención de ello, de forma errónea.

Destacó que en la reunión la presidente de la Comisión Nacional de Fiscales Anticorrupción, la doctora y Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva, refirió que por parte de la Conafa, se harían las gestiones de “cabildeo” en cada uno de los Estados para concretar el que cada entidad cuente con una Fiscalía realmente autónoma como en Chihuahua y Durango ya que no todas cuentan con esta condición Constitucional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) atiende todas las recomendaciones en materia de derechos humanos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, afirmó César Gustavo Jáuregui Moreno.

Esa fue la respuesta del titular de la FGE al ser cuestionado respecto a la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 31 de enero del presente año por omisiones en un caso de tortura.

Jáuregui Moreno recalcó que siempre se atiende este tipo de temas, por lo que para ahondar en dicha información recomendó acercarse a la fiscal encargada del área de derechos humanos.

Esta recomendación es presentada por omisiones en la investigación de un caso de tortura, en el cual la víctima interpuso un recurso de impugnación ante el organismo defensor de los derechos a nivel nacional.

Dentro de la recomendación se le solicitó a la fiscalía de Chihuahua investigar dicho ilícito, así como fue requerida la información de la carpeta de investigación en la que se tenía pendiente el resultado de la prueba pericial consistente en la aplicación del protocolo de Estambul.

Según la comisión de derechos humanos a nivel nacional a pesar de que desde julio de 2019 se solicitó al Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General la asignación de peritos médicos y psicológicos para la aplicación del Protocolo de Estambul, al 14 de enero de 2022 no existía diligencia alguna para tal fin.

Por otra parte, la Fiscalía registra dentro de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un total de 22 recomendaciones en el 2021 y el mismo número en el 2022. De esta cifra, once de ellas presentan el estatus de no aceptadas, 10 fueron aceptadas y una se encuentra en tiempo.

Dos de las recomendaciones, pese a que no fueron aceptadas, se verifica en la página que fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En una de ellas la denuncia fue por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, así como violaciones al derecho al trato digno, mientras que el otro caso se registró por violaciones al derecho a la protección a la salud.

La Fiscalía General del Estado atiende de manera integral el accidente vial suscitado esta mañana en las calles Cuarta y Trías de la colonia Centro, en el que cuatro personas resultaron lesionadas, así como daños en un local comercial.

De los hechos imprudenciales se desprende lo siguiente, el chófer responsable es un agente policial, comisionado a la escolta del Fiscal General del Estado que conducía un vehículo oficial.

A través de un comunicado se estableció que al momento en que el conductor se retiraba del lugar, al maniobrar para salir del cajón de estacionamiento, se impactó contra un local en donde se encontraban las personas afectadas, de lo cual tomó nota la Subsecretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El agente Gerardo L. se encuentra en calidad de detenido, para deslindar responsabilidades en torno a los hechos.

Además, se descarta la presencia de efectos de alcoholemia o cualquier otra sustancia.

Hasta el momento, dos personas identificadas como Joselyn Jacqueline L. P. de 23 años y Rosa Imelda P. A. de 40 años, fueron trasladas a un hospital para recibir atención médica, lugar a donde se trasladó personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En tanto, los otros dos afectados, de la etnia tarahumara, fueron atendidos en el lugar con la representación del personal de los Pueblos Originarios y no requirieron traslado a un nosocomio.

La Fiscalía General del Estado informa que a través de los mecanismos de ley, se hace cargo de todo lo correspondiente a la atención médica y por los daños que se suscitaron en el local comercial.