Fiscalía anticorrupción

Un juez de Control vinculó a proceso por peculado a C.M.A.J., exjefa del Departamento de Contabilidad de Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua, S.A. de C.V. (Bowí), por un presunto desvío de 645 mil pesos de la empresa estatal.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), un análisis financiero realizado bajo control judicial permitió documentar 32 transferencias desde distintas cuentas de la paraestatal hacia una cuenta personal de la imputada.

La Fiscalía sostuvo que las operaciones se realizaron aprovechando las facultades de su cargo. De los hechos investigados, 29 fueron clasificados como peculado con penalidad agravada.

Dentro de la causa penal 4603/2025, el juez ordenó el embargo precautorio de un inmueble de la imputada para garantizar la reparación del daño, en caso de que así se determine al concluir el proceso.

También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La vinculación a proceso permite continuar el procedimiento penal y no constituye una sentencia condenatoria.

En Chihuahua, casi 47 de cada 100 investigaciones iniciadas por órganos de fiscalización superior concluyeron con una sanción definitiva, frente a siete de cada 100 en el país, afirmó el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, al presentar cifras de un estudio de Transparencia Mexicana.

Durante una sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario sostuvo que el combate a estas conductas debe evaluarse tanto por la percepción ciudadana como por la capacidad de las instituciones para investigar, sancionar, judicializar y recuperar patrimonio público.

Según los datos que expuso, el análisis de Transparencia Mexicana documentó 5 mil 100 investigaciones iniciadas por órganos de fiscalización superior entre 2015 y 2025, de las cuales 363 terminaron con una sanción definitiva, equivalente al 7.1 por ciento.

Para Chihuahua, el estudio reportó 147 investigaciones y 69 sanciones definitivas, una proporción aproximada de 46.9 por ciento. El estado ocupó el segundo lugar nacional por número de sanciones, detrás de Nayarit, que registró 97.

Sanciones de fiscalización, no sentencias penales

Las cifras citadas corresponden a investigaciones de órganos de fiscalización superior; no fueron presentadas como un balance de sentencias penales obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción.

Valenzuela señaló que la institución a su cargo tiene la función de investigar y perseguir penalmente posibles delitos de corrupción. Añadió que mantiene procesos de capacitación y certificación para fortalecer su desempeño.

El fiscal también mencionó una medición del World Justice Project que ubicó a Chihuahua en el lugar 12 nacional en ausencia de corrupción, aunque en la información difundida no se precisó la edición del índice.

Pide comunicar mejor los resultados

El funcionario sostuvo que los resultados dependen de la actuación de distintas instituciones, desde las responsables de detectar irregularidades hasta las encargadas de investigarlas y sancionarlas.

En ese sentido, llamó a fortalecer la comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus integrantes y cuente con elementos para evaluar su desempeño.

“Los datos muestran que el reto sigue siendo enorme, pero también que Chihuahua cuenta con instituciones capaces de generar resultados medibles”, expresó.

Washington, D.C., Estados Unidos — El Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, participó como panelista y conferencista en el Foro Internacional “Cartels, Transnational Criminal Organizations and Compliance in Latin America”, organizado por el American Conference Institute (ACI) y la Asociación del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (DC Bar Association).

El evento, considerado uno de los encuentros especializados más relevantes del continente en materia de cumplimiento normativo, lavado de dinero, seguridad nacional y crimen organizado transnacional (TCOs), reunió a representantes de empresas transnacionales, instituciones financieras, firmas jurídicas y funcionarios del sistema de justicia de Estados Unidos.

Valenzuela Holguín, quien es vicepresidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), presentó la ponencia “Fortalecer las Instituciones en el Combate a la Corrupción”.

En su intervención expuso la experiencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en la investigación de delitos de corrupción, la recuperación de patrimonio público, el fomento de la denuncia y la cooperación internacional.

Durante su mensaje, el fiscal señaló que la corrupción ha dejado de ser un problema exclusivamente doméstico para convertirse en un riesgo estratégico para la seguridad nacional y la estabilidad económica de América del Norte.

“Combatir la corrupción ya no debe entenderse únicamente como una obligación ética, moral y jurídica; hoy representa una estrategia para proteger la seguridad social y económica”, afirmó.

Además, enfatizó la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho con un enfoque de coordinación internacional y patriótico, más allá de consideraciones político-electorales.

“Estoy convencido que cada día somos más los mexicanos que queremos un país con instituciones fuertes, que se coordine con los demás países para combatir el flagelo de la corrupción y de la impunidad, y está tarea tan ardua y compleja debe verse con un enfoque patriótico y no desde un enfoque tan simplista como en el terreno político-electoral”, expresó.

La participación de Chihuahua en este foro se da en un contexto de especial relevancia para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y para los desafíos regionales en materia de corrupción y crimen organizado.

Los abogados Marcelo Valenzuela y Óscar Castrejón presentaron este viernes una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) en contra de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y del juez de Ejecución de Penas Juan Carlos Erives Fuentes, por hechos que podrían configurar delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La querella que interpusieron, señalan que el juez Erives Fuentes habría concedido el beneficio de semilibertad a Edgar Escárcega, hermano de la magistrada, pese a tratarse de una persona sentenciada por secuestro, delito por el cual su pena debía cumplirse, en condiciones ordinarias, hasta el año 2050.

De acuerdo con los denunciantes, el beneficio penitenciario fue otorgado apenas 28 días después de que Nancy Josefina Escárcega rindiera protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en septiembre pasado, lo que —a su juicio— plantea un posible conflicto de interés y un uso indebido de influencias dentro del sistema judicial.

El Tribunal de disciplina no ha hecho nada: Castrejón

En entrevista, Oscar Castrejón señaló al Tribunal de Disciplina como corresponsable del presunto acto de tráfico de influencias, pues la denuncia se puso hace cuatro meses “y aún no ha hecho nada”, dijo.

Pese a que se le entregó una denuncia muy sólida, robusta, con todos los elementos, el Tribunal de Disciplina no actúa, tal vez porque iría en contra de una de sus integrantes, agregó Castrejón.

Los promoventes sostienen además que, pese a la gravedad del caso y a la relación directa entre la magistrada y el beneficiario, el Tribunal de Disciplina Judicial no inició procedimiento alguno para investigar los hechos, ni emitió pronunciamiento, ni aplicó medidas preventivas o sancionatorias, lo que calificaron como omisiones graves y reiteradas.

Ante la falta de actuación del órgano disciplinario, los abogados acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos y se determine la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.

Secuestrador “semiliberado”

Edgar Escárcega fue sentenciado por el delito de secuestro en perjuicio de dos víctimas a compurgar una pena que debía cumplirse hasta 2050.

En septiembre de 2025, su hermana, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela rindió protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y 28 días después, el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes le concede el beneficio de semilibertad al secuestrador.

La “semilibertad”, como lo refirió Castrejón al castigo alterno que se le otorgó, se dio de manera totalmente irregular, pues no se tomó el parecer de las víctimas y los elementos que entregó la defensa para solicitar su liberación parcial eran ya improcedentes.

Pese al revuelo que causó ese hecho, el Tribunal de Disciplina Judicial no inicia investigación ni emite pronunciamiento alguno sobre el caso.