Fiscalía anticorrupción

La exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivonne H.P., fue vinculada a proceso por el delito de Peculado con penalidad agravada, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Lo anterior, luego de haber encontrado indicios que presumen la comisión de la conducta delictiva, en calidad de coautora ya que en, su momento, en conjunto con otros servidores públicos dispusieron de bienes propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Tras escuchar los alegatos de la defensa, la jueza de Control desechó algunos de los argumentos vertidos por los abogados en contra de los antecedentes del Ministerio Público, así como de la imputada, quien asesorada por su defensa, decidió declarar durante las audiencias, de quien dijo reveló un escenario de la mecánica que permitió suponer la existencia de una comunidad delictual, es decir la colaboración y participación conjunta de varias personas, en este caso, servidores públicos, en la comisión de un delito o de varios delitos relacionados, se dio a conocer.

La jueza de control determinó que la exsecretaria de NCG tenía la obligación de fungir como fedataria de los actos realizados por el Ayuntamiento, como lo fue, entre otras cosas, validar los títulos de propiedad de los predios referidos en la causa penal 3980/2023, mismos que, se presume, firmó de manera consciente y voluntaria.

Es decir, la exfuncionaria tenía conocimiento de las irregularidades en el proceso de desincorporación de los bienes del municipio, lo que reveló un conocimiento pleno de que se transgredía las disposiciones normativas, se indicó.

La autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que la imputada se mantendrá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

(mr)

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a cargo de su titular, Abelardo Valenzuela, obtuvo una sentencia condenatoria en el primer juicio oral por peculado, en beneficio del patrimonio de la administración estatal, a cargo del secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

La sentencia condenatoria es contra de Sergio Jurado Medina, quien durante su periodo como coordinador general de Promotora de la Industria Chihuahuense, efectuó la autorización indebida de su propia liquidación laboral en el año 2016, por la cantidad de 888 mil 221 pesos.

La sentencia emitida por un Juez, condena a Sergio Jurado Medina a 4 años 3 meses de prisión, inhabilitación por 3 años 3 meses para el servicio público, el pago de la reparación del daño, así como una multa de 36 mil 711.02 pesos.

De acuerdo a la información emitida en un comunicado de prensa, entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre de 2016, el hoy sentenciado Sergio Jurado Medina, abusando de sus facultades, ordenó al Jefe del Área Administrativa, del organismo descentralizado que calculara su liquidación laboral, a pesar de no haber sido despedido ni presentar una renuncia formal.

El pago que se auto realizó, incluyó conceptos como indemnización, gratificación de fin de año, prima vacacional, sueldo base.

El acto fue tipificado como peculado con penalidad agravada, conforme al artículo 270 Fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Este juicio en todas sus etapas procesales le permitió a la FACH demostrar fehacientemente ante el órgano jurisdiccional la debida Integración de la carpeta de investigación y el desahogo de pruebas hasta obtener sentencia condenatoria como lo estipula el CNPP.

“Nos interesa dejar un precedente que hoy en Chihuahua, la corrupción se castiga hasta sus últimas consecuencias, y que solo llevaremos a juicio las carpetas de investigación debidamente sustentadas y que acrediten un delito por hechos de corrupción”, comentó el Fiscal Abelardo Valenzuela.

Por parte del secretario Ulises Fernández, reconoció el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, pues dijo demuestra, con hechos, la atención que se le da a las denuncias que se presentan por hechos de corrupción y que éstos se castigan con todo el peso de la Ley.

Mediante una orden de aprehensión librada por un juez penal, la Fiscalía Anticorrupción del Estado detuvo este lunes 09 de septiembre en punto de las 20:00 horas, al Presidente Municipal de San Francisco del Oro, Chihuahua, Arturo H. L., por los delitos de Uso Ilegal de Facultades y Atribuciones, así como Peculado con penalidad agravada, misma que fue otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.

El detenido adquirió deuda pública por la cantidad de 6 millones 50 mil pesos a través de la celebración de siete contratos de crédito, sin sujetarse a los procedimientos legales previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Es decir, no obtuvo autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado, ni registró la deuda como lo marcan las leyes vigentes.

La finalidad de esos recursos, en lugar de ser utilizados para proyectos productivos que generaran beneficios a largo plazo para la comunidad, presuntamente los habría designado a gastos corrientes, como servicios personales, materiales, suministros y servicios generales. Esto contraviene directamente la finalidad de una deuda pública, que debería estar orientada a la creación de activos y al bienestar de los habitantes del municipio.

Aunado a la mala gestión de este recurso y los intereses tan altos en los que se adquirió el empréstito, provocó que el municipio se comprometiera a pagar una deuda mucho mayor, ascendiendo a 14 millones 471 mil 632 pesos.

Por parte del titular de la FACH, Abelardo Valenzuela, refirió que la lucha contra la corrupción no es solo una prioridad, sino una obligación moral y legal.

“Continuaremos buscando justicia y llevando a los probables responsables de estos actos ante los tribunales, con la finalidad de que sean sancionados conforme a la ley, siempre con el objetivo de recuperar lo que legítimamente pertenece al pueblo de Chihuahua y sus municipios.”, agregó.

En sesión extraordinaria, el fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, hizo entrega al cabildo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de la notificación donde un juez de control ordena la reincorporación de 9 predios, con un valor comercial estimado en los 3 millones 598 mil 677 pesos.

Dichos bienes habían sido enajenados ilegalmente por servidores públicos en asociación con particulares, siendo este el primer acto de reparación del daño para una administración municipal.

Luego de ser aprobado por las y los regidores, el titular de la FACH explicó a los ediles que esta acción es resultado del trabajo en conjunto de las instituciones y de todos las personas servidoras públicas.

Además, agregó, de los testigos que valientemente decidieron colaborar con la autoridad, al denunciar las irregulares prácticas de exservidores públicos, mismos que derivaron en la detención de una alcaldesa por primera vez en la historia de Chihuahua.

Los terrenos que fueron devueltos al municipio fueron los siguientes:

1. Predio urbano ubicado en Lote 20 y 21 de la Manzana B, con un valor comercial calculado en 156 mil 614 pesos.

2. Predio urbano ubicado en Fracción del Lote 1, de la manzana 119, con un costo estimado de 552 mil 546 pesos

3. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Gómez Morín, con un valor de 897 mil 304 pesos

4. Predio urbano ubicado en Anexo Lote 4, de la Manzana “A”, con un valor de 175 mil 361.52 pesos

5. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle del Eucalipto, con un valor de 171 mil 549 pesos

6. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle Privada de Manuel Dublán, con un valor de 244 mil 878 pesos

7. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Rosa Elvia Montiel Valdez), con un valor de 425 mil 742.32 pesos

8. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Mayra Selene Cardona Zapata), con un valor de 294 mil 164.48 pesos

9. Predio tipo terreno urbano localizado en Lotes 1-A, 1-B, 1-C y 1-D (Carlos Medida Medina), con un valor de 680 mil 517.78 pesos

Valenzuela Holguín expuso a los regidores, la síndico y alcaldesa que con la recuperación de activos se pretende inhibir las prácticas corruptas de servidores públicos.

Asimismo, el salvaguardar los derechos victímales que se contemplan en la Constitución, siendo muy clara la norma al establecer que será el Ministerio Público quien estará obligado a solicitar la reparación del daño y a su vez “nuestra norma adjetiva penal la cual establece como derecho de la víctima la reparación del daño por elemental justicia”.

Finalmente destacó que el llevar ante la justicia a los servidores públicos, con una investigación rigurosa, científica, técnica y profesional, requirió de una serie de elementos, que inició con la firme decisión de la denuncia.

“Por eso quiero felicitar a este cabildo, porque fueron ustedes los que permitieron que, en el caso particular del problema de aquí, fue gracias a su intervención valiente y decidida que nos permitió judicializar con éxito una carpeta de investigación para que se hiciera justicia”

“A la Fiscalía anticorrupción le interesa la justicia restitutiva y la justicia humanista, más que tener en la cárcel a los malos servidores públicos nos interesa que regresen los bienes ilegalmente distraídos”, dijo Abelardo Valenzuela.