Fiscalía anticorrupción

Los abogados Marcelo Valenzuela y Óscar Castrejón presentaron este viernes una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) en contra de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y del juez de Ejecución de Penas Juan Carlos Erives Fuentes, por hechos que podrían configurar delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La querella que interpusieron, señalan que el juez Erives Fuentes habría concedido el beneficio de semilibertad a Edgar Escárcega, hermano de la magistrada, pese a tratarse de una persona sentenciada por secuestro, delito por el cual su pena debía cumplirse, en condiciones ordinarias, hasta el año 2050.

De acuerdo con los denunciantes, el beneficio penitenciario fue otorgado apenas 28 días después de que Nancy Josefina Escárcega rindiera protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en septiembre pasado, lo que —a su juicio— plantea un posible conflicto de interés y un uso indebido de influencias dentro del sistema judicial.

El Tribunal de disciplina no ha hecho nada: Castrejón

En entrevista, Oscar Castrejón señaló al Tribunal de Disciplina como corresponsable del presunto acto de tráfico de influencias, pues la denuncia se puso hace cuatro meses “y aún no ha hecho nada”, dijo.

Pese a que se le entregó una denuncia muy sólida, robusta, con todos los elementos, el Tribunal de Disciplina no actúa, tal vez porque iría en contra de una de sus integrantes, agregó Castrejón.

Los promoventes sostienen además que, pese a la gravedad del caso y a la relación directa entre la magistrada y el beneficiario, el Tribunal de Disciplina Judicial no inició procedimiento alguno para investigar los hechos, ni emitió pronunciamiento, ni aplicó medidas preventivas o sancionatorias, lo que calificaron como omisiones graves y reiteradas.

Ante la falta de actuación del órgano disciplinario, los abogados acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos y se determine la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.

Secuestrador “semiliberado”

Edgar Escárcega fue sentenciado por el delito de secuestro en perjuicio de dos víctimas a compurgar una pena que debía cumplirse hasta 2050.

En septiembre de 2025, su hermana, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela rindió protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y 28 días después, el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes le concede el beneficio de semilibertad al secuestrador.

La “semilibertad”, como lo refirió Castrejón al castigo alterno que se le otorgó, se dio de manera totalmente irregular, pues no se tomó el parecer de las víctimas y los elementos que entregó la defensa para solicitar su liberación parcial eran ya improcedentes.

Pese al revuelo que causó ese hecho, el Tribunal de Disciplina Judicial no inicia investigación ni emite pronunciamiento alguno sobre el caso.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, como parte de una investigación en curso por el delito de peculado agravado.

El inmueble corresponde a un condominio denominado “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida, y aparece registrado ante la Dirección de Catastro del Municipio de Ocampo a nombre del exmandatario.

El aseguramiento se llevó a cabo el viernes 16 de enero, en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi, por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control el día previo. Como parte del procedimiento, se realizó la anotación correspondiente en la clave catastral del inmueble.

De acuerdo con la información oficial, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico. El bien forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.

El aseguramiento de la clave catastral forma parte de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La medida busca impedir que el inmueble sea vendido, transferido o gravado, mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía informó que esta acción se suma a otros aseguramientos realizados a distintos imputados dentro de la misma investigación, incluso en otras entidades federativas, como en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Una vez asegurado el inmueble, el Ministerio Público Anticorrupción quedó facultado para realizar diversas diligencias, con el objetivo de garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado al erario estatal, estimado en 98.6 millones de pesos, presuntamente desviados durante el periodo investigado.

La medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición patrimonial o la transferencia de bienes a terceros vinculados, incluyendo posibles redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que habrían participado durante el quinquenio 2016–2021.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que las investigaciones se realizan con apego al debido proceso, respetando la presunción de inocencia y los derechos humanos, y reafirmó su compromiso de perseguir los delitos de corrupción en beneficio de los chihuahuenses.

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que la dependencia no entregará la carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción atribuidos al exgobernador y actual senador de la República, Javier Corral Jurado, pese a los intentos de autoridades federales por atraer el caso.

Valenzuela calificó como “increíble e inaudito” que desde la Fiscalía General de la República se busque obtener control del expediente mediante un juez federal, a través de un proceso que, aseguró, constituye “un abuso excesivo de poder”.

“Existe un intento de llevarse la carpeta de investigación. Hemos sostenido que es ilegal. No vamos a permitir que se la lleven para que pase lo que ha sucedido con otras carpetas”, advirtió.

Sobre esa intención, reiteró enfáticamente que no entregará el expediente “por más alarde que haga el imputado”. Sostuvo que la investigación continuará en Chihuahua.

Se trata de causas penales que se le siguen tanto al exgobernador y hoy senador, como a quien fuera su secretario de Hacienda, por presuntos actos ilícitos cometidos durante el proceso de reestructuración de la deuda pública del estado.

Valenzuela expuso que la FGR promovió la atracción mediante el juez federal Antonio Alcoberde, pero la Fiscalía Anticorrupción obtuvo primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, lo que impide de momento que el caso sea trasladado fuera del ámbito estatal.

El fiscal señaló que el temor de fondo es que el expediente tenga el mismo destino que otros casos que cambiaron al ámbito federal durante la administración de Corral, como el del exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quien no mencionó por su nombre. Recordó que investigaciones relevantes se debilitaron al pasar a manos de autoridades federales, entre ellas las relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior.

“Lo que quieren es repetir lo que ha pasado con otras carpetas, como el caso de tortura del anterior fiscal de Derechos Humanos, quien llevaba los expedientes ‘X’. Los delitos de corrupción que tanto se difundieron se manejaban directamente desde la oficina del gobierno”, señaló.

Valenzuela sostuvo que la dependencia agotará todos los recursos legales para mantener la investigación en Chihuahua y evitar que sea trasladada a la Ciudad de México.

Adelantó además que existen varias carpetas adicionales relacionadas con presuntos delitos cometidos durante la administración de Corral, las cuales serán judicializadas antes de que termine el año.

Dijo confiar en que el conflicto competencial se resolverá a favor del estado, independientemente de los cambios próximos en la Fiscalía General de la República.

“Este es un asunto estrictamente jurídico. Celebro que haya jueces de carrera que mantienen su autonomía pese a las presiones.”

Valenzuela reiteró que la investigación contra Corral permanecerá en Chihuahua y que la Fiscalía Anticorrupción defenderá su competencia para concluir el caso. Añadió que permitir la atracción por parte de la Fiscalía General de la República abriría la puerta para que todas las investigaciones en las que aparezca un senador puedan ser reclamadas, incluso si los hechos ocurrieron antes de que los implicados asumieran el cargo.

El fiscal anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó al juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez de actuar “de manera furtiva e ilegal” al asumir la competencia del caso penal que se sigue contra el exgobernador Javier Corral Jurado, su exsecretario de Hacienda Arturo F. V. y un empresario particular, por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal.

En conferencia de prensa, Valenzuela informó que un juzgado federal concedió al Gobierno de Chihuahua la continuación de la causa penal 3050/24, en la que los tres señalados están acusados de peculado por el presunto desvío de recursos destinados a la contratación de servicios para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El fiscal señaló que el fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la FGR intentó atraer el caso “de manera ligera”, cuando dicha facultad corresponde exclusivamente al titular de la Fiscalía General de la República.

Denunció además que la audiencia donde se determinó la atracción del caso se realizó sin notificar ni permitir la participación de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Secretaría de Hacienda estatal, reconocida como víctima en el proceso.

“La audiencia se llevó a cabo de manera furtiva. Se violaron las garantías de audiencia y acceso a la justicia. Pretenden obsequiar un pase de salida al hoy imputado Javier Corral”, declaró Valenzuela.

El fiscal sostuvo que la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de fundamento legal, pues no existe un acuerdo formal de atracción emitido por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como exige la ley. Afirmó que la FGR busca sustraer el caso del ámbito estatal sin tener competencia ni denuncia federal que lo justifique.

Explicó que los recursos involucrados en el presunto peculado corresponden a participaciones federales ya ministradas al Estado, por lo que adquirieron naturaleza estatal.

“El peculado afecta única y exclusivamente al patrimonio de Chihuahua. La competencia es del juez local del Distrito Judicial Morelos, no del ámbito federal”, recalcó.

La Secretaría de Hacienda estatal promovió un juicio de amparo contra la resolución del juez federal, al considerar que se violó su derecho de audiencia, mientras que el juez local presentó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para definir qué instancia deberá continuar con el proceso.

Valenzuela añadió que una jueza federal otorgó la suspensión definitiva del amparo promovido por Corral, lo que impide entregar la carpeta de investigación a la FGR.

“No vamos a descansar hasta que los 98.6 millones de pesos desviados sean devueltos a los chihuahuenses. La justicia no puede ser objeto de arreglos o maniobras políticas”, afirmó.

Finalmente, el fiscal subrayó que la defensa de la jurisdicción estatal no representa una confrontación política con la Federación, sino un ejercicio de soberanía y respeto al pacto federal.

“Es alentador constatar que aún existen jueces que mantienen su independencia. Contra la verdad y la ley, no hay maniobra que valga”, concluyó.