Fiscalía anticorrupción

Con el propósito de refrendar la coordinación interinstitucional en el combate a la corrupción, el acceso a la justicia y continuar con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad, este día sostuvieron una reunión el fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela sostuvo un encuentro con la magistrada presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval.

Durante el encuentro, el fiscal Anticorrupción y la presidenta electa coincidieron en que la cooperación entre ambas instancias resulta fundamental para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

Valenzuela Holguín destacó que la confianza ciudadana en sus instituciones depende de que se actúe con legalidad, firmeza y transparencia.

“El combate contra la corrupción no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético con la sociedad de Chihuahua”, dijo.

Por su parte, la magistrada presidenta electa del TSJ reafirmó la disposición del Poder Judicial para que, a partir del inicio de su gestión, se mantenga la garantía de procesos imparciales, expeditos y especializados, resaltando que la independencia judicial es condición indispensable para la protección de los derechos humanos.

Este acercamiento marca un paso firme hacia la consolidación de un frente común contra la corrupción y envía a la ciudadanía un mensaje de unidad, fortaleza institucional y compromiso con la justicia y la legalidad, señalaron.

“Chihuahua debe ser la punta de lanza donde se fortalezcan las instituciones y no debilitarlas como sucede en otras entidades federativas”, concluyó el fiscal Anticorrupción.

“¡México no puede esperar más!” Con esa frase, el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, puso sobre la mesa una propuesta de cuatro ejes para atacar de raíz la corrupción en el país. Lo hizo este lunes, frente a legisladores federales, durante una reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.

Sin rodeos, Valenzuela planteó que mientras las fiscalías anticorrupción no tengan independencia real ni recursos suficientes, el combate seguirá siendo decorativo. También advirtió que la fragmentación legal entre estados abre la puerta a que funcionarios corruptos escapen por los huecos del sistema.

“Ya no basta con discursos ni con voluntades personales. Necesitamos instituciones fuertes que no dependan del capricho político”, soltó ante un auditorio que también incluía representantes del FBI, invitados especiales al encuentro.

Los cuatro puntos que puso en la agenda son:

1. Autonomía efectiva para las fiscalías, que les permita investigar sin presiones y con respaldo técnico y financiero.

2. Homologación de leyes sobre corrupción, para evitar que los responsables se salven por diferencias entre códigos estatales.

3. Más músculo para investigar flujos financieros, seguir la ruta del dinero y golpear estructuras de lavado.

4. Coordinación entre Congreso federal y locales, para cerrar lagunas legales y avanzar en reformas de fondo.

“La impunidad es el oxígeno de la corrupción”, dijo. Y advirtió que, sin un esfuerzo articulado, el país seguirá atrapado en un ciclo de simulación.

Valenzuela fue invitado como ponente por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la comisión legislativa. Al final de su participación, el fiscal agradeció el espacio, pero insistió en que los gestos no bastan: “Esto no se va a resolver con buenas intenciones ni con foros. Se necesita decisión política y acción coordinada”.

La exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivonne H.P., fue vinculada a proceso por el delito de Peculado con penalidad agravada, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Lo anterior, luego de haber encontrado indicios que presumen la comisión de la conducta delictiva, en calidad de coautora ya que en, su momento, en conjunto con otros servidores públicos dispusieron de bienes propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Tras escuchar los alegatos de la defensa, la jueza de Control desechó algunos de los argumentos vertidos por los abogados en contra de los antecedentes del Ministerio Público, así como de la imputada, quien asesorada por su defensa, decidió declarar durante las audiencias, de quien dijo reveló un escenario de la mecánica que permitió suponer la existencia de una comunidad delictual, es decir la colaboración y participación conjunta de varias personas, en este caso, servidores públicos, en la comisión de un delito o de varios delitos relacionados, se dio a conocer.

La jueza de control determinó que la exsecretaria de NCG tenía la obligación de fungir como fedataria de los actos realizados por el Ayuntamiento, como lo fue, entre otras cosas, validar los títulos de propiedad de los predios referidos en la causa penal 3980/2023, mismos que, se presume, firmó de manera consciente y voluntaria.

Es decir, la exfuncionaria tenía conocimiento de las irregularidades en el proceso de desincorporación de los bienes del municipio, lo que reveló un conocimiento pleno de que se transgredía las disposiciones normativas, se indicó.

La autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que la imputada se mantendrá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

(mr)

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a cargo de su titular, Abelardo Valenzuela, obtuvo una sentencia condenatoria en el primer juicio oral por peculado, en beneficio del patrimonio de la administración estatal, a cargo del secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

La sentencia condenatoria es contra de Sergio Jurado Medina, quien durante su periodo como coordinador general de Promotora de la Industria Chihuahuense, efectuó la autorización indebida de su propia liquidación laboral en el año 2016, por la cantidad de 888 mil 221 pesos.

La sentencia emitida por un Juez, condena a Sergio Jurado Medina a 4 años 3 meses de prisión, inhabilitación por 3 años 3 meses para el servicio público, el pago de la reparación del daño, así como una multa de 36 mil 711.02 pesos.

De acuerdo a la información emitida en un comunicado de prensa, entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre de 2016, el hoy sentenciado Sergio Jurado Medina, abusando de sus facultades, ordenó al Jefe del Área Administrativa, del organismo descentralizado que calculara su liquidación laboral, a pesar de no haber sido despedido ni presentar una renuncia formal.

El pago que se auto realizó, incluyó conceptos como indemnización, gratificación de fin de año, prima vacacional, sueldo base.

El acto fue tipificado como peculado con penalidad agravada, conforme al artículo 270 Fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Este juicio en todas sus etapas procesales le permitió a la FACH demostrar fehacientemente ante el órgano jurisdiccional la debida Integración de la carpeta de investigación y el desahogo de pruebas hasta obtener sentencia condenatoria como lo estipula el CNPP.

“Nos interesa dejar un precedente que hoy en Chihuahua, la corrupción se castiga hasta sus últimas consecuencias, y que solo llevaremos a juicio las carpetas de investigación debidamente sustentadas y que acrediten un delito por hechos de corrupción”, comentó el Fiscal Abelardo Valenzuela.

Por parte del secretario Ulises Fernández, reconoció el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, pues dijo demuestra, con hechos, la atención que se le da a las denuncias que se presentan por hechos de corrupción y que éstos se castigan con todo el peso de la Ley.