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Fiscalía anticorrupción

El exsecretario de Hacienda del gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2021), A.F.V., se encuentra formalmente prófugo de la justicia, luego de que un juez federal revocó este 4 de septiembre las suspensiones definitivas que lo habían protegido temporalmente contra tres órdenes de aprehensión por peculado agravado.

Las órdenes, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (Faech) y concedidas por jueces de control, derivan de tres procesos penales distintos que en conjunto superan los 743 millones de pesos.

La propia Faech informó en un comunicado de prensa que los casos de presuntos actos delictivos que se le imputan son: el desvío de recursos del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), por 401.3 millones de pesos; del Fideicomiso de Fomento Minero (Fosech), por 243.2 millones de pesos; y la contratación de un despacho particular para la reestructuración de la deuda pública, por 98.6 millones de pesos.

En cada uno de estos procesos, A.F.V. promovió juicios de amparo para detener momentáneamente la ejecución de las órdenes de captura.

Los jueces federales le concedieron suspensiones condicionadas a que se presentara voluntariamente ante la autoridad judicial correspondiente en un plazo de tres días.

Sin embargo, el exfuncionario incumplió en las tres ocasiones. En la primera, notificada en mayo de 2023, comunicó al juzgado que había decidido no comparecer. En las otras dos, dejó transcurrir el plazo sin acudir ante los jueces de control.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el propio comunicado de la Faech, las suspensiones concedidas por jueces federales no lo eximían de enfrentar los procesos penales, sino que únicamente le otorgaban la oportunidad de comparecer voluntariamente.

Ante esos incumplimientos, los juzgados de distrito determinaron dejar sin efecto las suspensiones definitivas, con lo que las órdenes de aprehensión quedan vigentes y el exsecretario queda formalmente considerado como sustraído de la acción de la justicia.

La Faech informó que también ha activado mecanismos internacionales de colaboración para su localización y captura, dado que A.F.V. cuenta con ciudadanía estadounidense.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECh) obtuvo la vinculación a proceso penal de un segundo empresario acusado de falsificar documentos para participar en una licitación pública, en la que se adjudicó un contrato cercano a los 4 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, una jueza de control dictó auto de vinculación en contra de E.A.V.A., representante legal de Alpra Construcciones de México S.A. de C.V.

El imputado es señalado por presentar documentación alterada en el procedimiento de contratación, mediante el cual obtuvo un contrato por 3 millones 943 mil 657.65 pesos.

La semana pasada, la Fiscalía ya había conseguido la vinculación a proceso de otro presunto implicado en la misma operación ilícita.

“La resolución es significativa, ya que reafirma que la Fiscalía Anticorrupción puede procesar a particulares cuando se presume su intervención en actos ilícitos”, señaló la FAECh.

La autoridad judicial validó los argumentos técnicos y jurídicos presentados por la Fiscalía, por lo que impuso como medida cautelar la presentación periódica del imputado ante Servicios Previos al Juicio. Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La detención de E.A.V.A. se realizó el pasado 27 de agosto en la ciudad de Chihuahua, mediante un operativo de la Policía de Investigación de la institución.

Otro caso: venta irregular de terrenos en NCG

En un proceso distinto, la FAECH obtuvo la vinculación a proceso de S.I.H.P., por su probable participación en la venta irregular de tres predios propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes.

Según la investigación, se acreditó la enajenación indebida de terrenos municipales, lo que generó un daño al patrimonio público.

La persona ya se encontraba detenida por otras causas penales derivadas de su paso como secretaria del Ayuntamiento de ese municipio, precisó la Fiscalía.

Con el propósito de refrendar la coordinación interinstitucional en el combate a la corrupción, el acceso a la justicia y continuar con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad, este día sostuvieron una reunión el fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela sostuvo un encuentro con la magistrada presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval.

Durante el encuentro, el fiscal Anticorrupción y la presidenta electa coincidieron en que la cooperación entre ambas instancias resulta fundamental para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

Valenzuela Holguín destacó que la confianza ciudadana en sus instituciones depende de que se actúe con legalidad, firmeza y transparencia.

“El combate contra la corrupción no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético con la sociedad de Chihuahua”, dijo.

Por su parte, la magistrada presidenta electa del TSJ reafirmó la disposición del Poder Judicial para que, a partir del inicio de su gestión, se mantenga la garantía de procesos imparciales, expeditos y especializados, resaltando que la independencia judicial es condición indispensable para la protección de los derechos humanos.

Este acercamiento marca un paso firme hacia la consolidación de un frente común contra la corrupción y envía a la ciudadanía un mensaje de unidad, fortaleza institucional y compromiso con la justicia y la legalidad, señalaron.

“Chihuahua debe ser la punta de lanza donde se fortalezcan las instituciones y no debilitarlas como sucede en otras entidades federativas”, concluyó el fiscal Anticorrupción.

“¡México no puede esperar más!” Con esa frase, el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, puso sobre la mesa una propuesta de cuatro ejes para atacar de raíz la corrupción en el país. Lo hizo este lunes, frente a legisladores federales, durante una reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.

Sin rodeos, Valenzuela planteó que mientras las fiscalías anticorrupción no tengan independencia real ni recursos suficientes, el combate seguirá siendo decorativo. También advirtió que la fragmentación legal entre estados abre la puerta a que funcionarios corruptos escapen por los huecos del sistema.

“Ya no basta con discursos ni con voluntades personales. Necesitamos instituciones fuertes que no dependan del capricho político”, soltó ante un auditorio que también incluía representantes del FBI, invitados especiales al encuentro.

Los cuatro puntos que puso en la agenda son:

1. Autonomía efectiva para las fiscalías, que les permita investigar sin presiones y con respaldo técnico y financiero.

2. Homologación de leyes sobre corrupción, para evitar que los responsables se salven por diferencias entre códigos estatales.

3. Más músculo para investigar flujos financieros, seguir la ruta del dinero y golpear estructuras de lavado.

4. Coordinación entre Congreso federal y locales, para cerrar lagunas legales y avanzar en reformas de fondo.

“La impunidad es el oxígeno de la corrupción”, dijo. Y advirtió que, sin un esfuerzo articulado, el país seguirá atrapado en un ciclo de simulación.

Valenzuela fue invitado como ponente por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la comisión legislativa. Al final de su participación, el fiscal agradeció el espacio, pero insistió en que los gestos no bastan: “Esto no se va a resolver con buenas intenciones ni con foros. Se necesita decisión política y acción coordinada”.

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