Fiscalía anticorrupción

Mediante una orden de aprehensión librada por un juez penal, la Fiscalía Anticorrupción del Estado detuvo este lunes 09 de septiembre en punto de las 20:00 horas, al Presidente Municipal de San Francisco del Oro, Chihuahua, Arturo H. L., por los delitos de Uso Ilegal de Facultades y Atribuciones, así como Peculado con penalidad agravada, misma que fue otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.

El detenido adquirió deuda pública por la cantidad de 6 millones 50 mil pesos a través de la celebración de siete contratos de crédito, sin sujetarse a los procedimientos legales previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Es decir, no obtuvo autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado, ni registró la deuda como lo marcan las leyes vigentes.

La finalidad de esos recursos, en lugar de ser utilizados para proyectos productivos que generaran beneficios a largo plazo para la comunidad, presuntamente los habría designado a gastos corrientes, como servicios personales, materiales, suministros y servicios generales. Esto contraviene directamente la finalidad de una deuda pública, que debería estar orientada a la creación de activos y al bienestar de los habitantes del municipio.

Aunado a la mala gestión de este recurso y los intereses tan altos en los que se adquirió el empréstito, provocó que el municipio se comprometiera a pagar una deuda mucho mayor, ascendiendo a 14 millones 471 mil 632 pesos.

Por parte del titular de la FACH, Abelardo Valenzuela, refirió que la lucha contra la corrupción no es solo una prioridad, sino una obligación moral y legal.

“Continuaremos buscando justicia y llevando a los probables responsables de estos actos ante los tribunales, con la finalidad de que sean sancionados conforme a la ley, siempre con el objetivo de recuperar lo que legítimamente pertenece al pueblo de Chihuahua y sus municipios.”, agregó.

En sesión extraordinaria, el fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, hizo entrega al cabildo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de la notificación donde un juez de control ordena la reincorporación de 9 predios, con un valor comercial estimado en los 3 millones 598 mil 677 pesos.

Dichos bienes habían sido enajenados ilegalmente por servidores públicos en asociación con particulares, siendo este el primer acto de reparación del daño para una administración municipal.

Luego de ser aprobado por las y los regidores, el titular de la FACH explicó a los ediles que esta acción es resultado del trabajo en conjunto de las instituciones y de todos las personas servidoras públicas.

Además, agregó, de los testigos que valientemente decidieron colaborar con la autoridad, al denunciar las irregulares prácticas de exservidores públicos, mismos que derivaron en la detención de una alcaldesa por primera vez en la historia de Chihuahua.

Los terrenos que fueron devueltos al municipio fueron los siguientes:

1. Predio urbano ubicado en Lote 20 y 21 de la Manzana B, con un valor comercial calculado en 156 mil 614 pesos.

2. Predio urbano ubicado en Fracción del Lote 1, de la manzana 119, con un costo estimado de 552 mil 546 pesos

3. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Gómez Morín, con un valor de 897 mil 304 pesos

4. Predio urbano ubicado en Anexo Lote 4, de la Manzana “A”, con un valor de 175 mil 361.52 pesos

5. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle del Eucalipto, con un valor de 171 mil 549 pesos

6. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle Privada de Manuel Dublán, con un valor de 244 mil 878 pesos

7. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Rosa Elvia Montiel Valdez), con un valor de 425 mil 742.32 pesos

8. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Mayra Selene Cardona Zapata), con un valor de 294 mil 164.48 pesos

9. Predio tipo terreno urbano localizado en Lotes 1-A, 1-B, 1-C y 1-D (Carlos Medida Medina), con un valor de 680 mil 517.78 pesos

Valenzuela Holguín expuso a los regidores, la síndico y alcaldesa que con la recuperación de activos se pretende inhibir las prácticas corruptas de servidores públicos.

Asimismo, el salvaguardar los derechos victímales que se contemplan en la Constitución, siendo muy clara la norma al establecer que será el Ministerio Público quien estará obligado a solicitar la reparación del daño y a su vez “nuestra norma adjetiva penal la cual establece como derecho de la víctima la reparación del daño por elemental justicia”.

Finalmente destacó que el llevar ante la justicia a los servidores públicos, con una investigación rigurosa, científica, técnica y profesional, requirió de una serie de elementos, que inició con la firme decisión de la denuncia.

“Por eso quiero felicitar a este cabildo, porque fueron ustedes los que permitieron que, en el caso particular del problema de aquí, fue gracias a su intervención valiente y decidida que nos permitió judicializar con éxito una carpeta de investigación para que se hiciera justicia”

“A la Fiscalía anticorrupción le interesa la justicia restitutiva y la justicia humanista, más que tener en la cárcel a los malos servidores públicos nos interesa que regresen los bienes ilegalmente distraídos”, dijo Abelardo Valenzuela.

Previo a que el exgobernador Javier Corral Jurado rindiera protesta como senador de la LXVI Legislatura de parte de Morena, la Fiscalía General del Estado (FGE) Chihuahua hizo un segundo intento y notificó al Senado de la República sobre una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 12:00 horas de este 29 de agosto, agentes de la FGE chihuahuense arribaron al recinto legislativo para notificar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Ana Lilia Rivera.

Pese a que fue informado sobre la entrega del documento, Corral ingresó a la sesión constitutiva del Senado y, en entrevista con Once Noticias, declaró:

“Ha circulado una versión que es absolutamente falsa de que fui detenido. No es así. He estado participando (…) y tomaré protesta como senador de la República”, publicó Infobae.

Peculado agravado

El documento, fechado el día de hoy, refiere que Corral es señalado por el delito de peculado agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción I, último párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

También refiere que el pasado 14 de agosto, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener al exgobernador mientras este se encontraban en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Sin embargo, al no haber recibido la autorización de colaboración del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Ulises Lara López, no se permitió ejecutar la orden de aprehensión.

El fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, anunció que presentará una denuncia en contra de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por haber pretendido efectuar una detención en la capital del país sin tener las facultades para realizar ese tipo de acciones.

Mediante un mensaje difundido en video, Lara López aseguró que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carecía de facultades para actuar fuera de su jurisdicción, incluso para solicitar la colaboración de su similar de la Ciudad de México.

El funcionario se refirió al intento de aprehensión del senador electo Javier Corral Jurado en un restaurante de la Ciudad de México la noche del 14 de agosto pasado, mismo que no se concretó por la intervención directa de él mismo para impedirlo.

Añadió al respecto que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías generales de Justicia de las entidades federativas, vigente desde noviembre de 2012.

“A la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron”, agregó el fiscal de la ciudad de México.

Por tal motivo, presentarán la denuncia ante la Fiscalía General de la República, al considerar que las acciones de la FCA de Chihuahua se realizaron “al margen de la ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso”.

Pretendió la FAC de Chihuahua generar inestabilidad política

Para Ulises Lara, la acción de la Fiscalía chihuahuense fue eminentemente política, y no jurídica, y tuvo por objeto generar inestabilidad justo un día antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregara la constancia de mayoría a la presidenta electa.

“Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa, lo que incide de una manera clara la de generar inestabilidad política”, afirmó.

Como sustento de ese señalamiento, refirió el hecho de que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados, específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias. En este caso, se trató del noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva.

Junto con esas imágenes, continuó Lara, se presentó el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia “con el que se intentó engañar a la opinión pública haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba de la dirigencia”.

Además, junto con esas informaciones, se difundió la versión de que él, en su carácter de encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acudiera a “rescatar” a Javier Corral, algo que el funcionario negó rotundamente.

Reveló además que los agentes de la FAC llegaron desde el 12 de agosto a realizar investigaciones y trabajo de investigación e inteligencia para dar con el paradero del exgobernador de Chihuahua, acción que también calificó de “irregular”.

Sobre ese mismo punto, dijo que era de llamar la atención que los agentes chihuahuenses iniciaran esos trabajos dos días antes de que enviaran la solicitud de colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con esos fundamentos, se presentará, por conducto del fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, una denuncia ante la FGR en contra de quién o quienes resultan responsables “de esta violación flagrante a la ley”.