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La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, reveló en conferencia de prensa detalles sobre el violento enfrentamiento entre narcotraficantes que sacudió al municipio de Ojinaga en las últimas horas.

Se aseguró que luego de un fuerte operativo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se logró contener la situación y se mantiene vigilancia permanente tanto de los puntos de monitoreo como en la zona.

Testigos presenciales reportaron que el enfrentamiento entre grupos delictivos tuvo una duración de aproximadamente 5 horas.

El subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre Rodríguez indicó que derivado de los enfrentamientos armados registrados en Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides, se tiene registro de al menos 4 personas sin vida y un agente municipal lesionado.

Asimismo, aseguró que pese a que se difundió entre la población de dichos municipios de un supuesto toque de queda, no existe tal situación en la región y reiteró que hay vigilancia en las calles.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a los representantes de los partidos políticos el esquema de protección que el gabinete de seguridad brindará a los candidatos a las nueve gubernaturas, la Cámara de Diputados y el Senado.

Un documento del cual EL UNIVERSAL posee una copia, y que fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), describe que habrá tres criterios (alto, medio y bajo) para la asignación de seguridad para candidatos y se considerará un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, con la incidencia delictiva en sus entidades y las amenazas personales que se hayan recibido y/o denunciado.

“A candidatos al Senado y Cámara de Diputados, solamente se les proporcionará seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas”, describe la presentación que se hizo a los representantes de los partidos políticos.

Para candidatos a los que se les acredite un nivel de riesgo alto será la Secretaría de la Defensa Nacional la que los proteja y se les asignarán cuatro vehículos (tres escoltas y una camioneta principal), así como 10 elementos de vigilancia.

Para el nivel medio se tendrá una camioneta de escolta, una patrulla de la Guardia Nacional, ocho elementos, y un vehículo principal.

Para el nivel de riesgo bajo solamente se le otorgará un vehículo principal (camioneta) y dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las diapositivas presentadas se describe que actualmente para los aspirantes a las nueve gubernaturas (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), así como a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, “no se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de los candidatos”.

La solicitud de seguridad procederá al comunicarle al INE mediante oficio la seguridad; a su vez, el órgano electoral notificará a la SSPC, que lo pedirá a la Sedena o la Guardia Nacional. Posteriormente se le comunicará la disponibilidad del servicio.

Al final del encuentro, integrantes de la oposición, como el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, lo calificaron como un buen avance para resguardar a los abanderados que estén en riesgo, pero insuficiente porque se necesita más presencia de las fuerzas del orden en las calles, sobre todo el día de la jornada, para evitar la presencia del crimen organizado. Además, criticó que no se esté tomando en cuenta que en la elección pasada hayan sido “levantados” representantes de casilla del PRI y no se esté previendo inhibir esto.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que le preocupa la intervención del Presidente en el proceso, pero que lo que más pone en riesgo la democracia son la violencia y la inseguridad, y calificó este protocolo de insuficiente porque no cubre todos los momentos: postulación de aspirantes, intimidación de funcionarios antes de la jornada y secuestro de paquetes, y que después de la jornada el crimen amenaza a los perdedores para que no impugnen el resultado.

“Esto no es suficiente. Tiene que haber mapa de riesgos, nivel de riesgo, tiene que haber forma de poder denunciar de manera anónima lo que está ocurriendo y que el INE lo atienda”, dijo el panista.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a la oposición de intentar “politizar” el asunto de la seguridad y consideró que las medidas son suficientes.

“El protocolo es suficiente. El INE no es una autoridad de seguridad, es una autoridad de enlace, de ayuda, de vinculación de los candidatos y partidos políticos con las instancias de seguridad”, sostuvo.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el INE está actuando conforme a sus facultades, pero que es insuficiente y podría tomar más acciones.

“Las autoridades electorales debieron dejar claro un pronunciamiento en el sentido de que no van a permitir que los grupos delictivos se involucren para decidir en las elecciones quién puede o no ser candidato, quién puede o no continuar en la campaña, a quién bajan o no de una candidatura y luego, sobre todo, de presionar a la sociedad, a los electores, mujeres y hombres, para que voten por tal o cual candidato”, apuntó.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, suscribió el llamado a los partidos políticos para que no permitan la entrada de recursos “no correctos” a las campañas electorales, así como no postular a personas vinculadas con la delincuencia.

“Otra cosa que se les pidió a los partidos políticos es que evitaran, en la medida de sus posibilidades, porque tampoco ellos son investigadores ni tienen capacidad de darles seguimiento a estas investigaciones, la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales”, apuntó.

Respecto a la petición de los partidos políticos para que realice un mapa de riesgos, señaló que no son la instancia a la que le corresponde elaborar esos instrumentos.

“La elaboración de mapas de riesgo entra en el tema de seguridad nacional, no es atribución de nosotros. Ellos elaboran sus propios mapas y eso lo comentamos con los presidentes de los partidos. Creo que todos estamos convencidos que lo que sucedió el día de hoy es una reunión altamente exitosa”, sostuvo.

Alcaldes y organizaciones defensoras de migrantes han señalado que reciben presiones de autoridades federales como Migración y la Guardia Nacional para que dejen de apoyar a las personas en situación de movilidad.

El alcalde de Jiménez, Marcos Chávez Torres, lamentó que las autoridades federales le reprochen el apoyo que su administración proporciona a los grupos migrantes.

“He tenido algunas situaciones lamentables con Guardia Nacional y Migración, que me reprochan que apoye a las personas migrantes; me dicen que deje de ayudarles, que si he de apoyar que sea para que se regresen a sus países de origen”, lamentó el edil.

Chávez Torres refirió que justo después de la reunión que autoridades estadounidenses tuvieron con sus homónimos de México para estudiar el fenómeno migratorio, el flujo de personas en movilidad se detuvo dramáticamente.

“El último grupo grande que atendimos fue el de unas mil 500 personas que habían quedado varadas en el ferrocarril el pasado 26 de diciembre y que tuvimos que asistir porque se nos estaban congelando”, lamentó.

Resaltó que esperaban un gran grupo procedente de Coahuila y Durango, pero tras la referida reunión binacional el flujo se redujo a pequeños grupos que muy pronto son dispersados por elementos de la Secretaría de Gobernación y Guardia Nacional.

“Yo aquí seguiré apoyando a quien lo necesite, con alimentos y con los albergues que habilitamos en gimnasios y otros espacios, porque ante todo somos humanos y tenemos qué ver por nuestros semejantes”, dijo el edil.

En México, durante 2022, aumentaron 462.5% las detenciones de personas en contexto de movilidad realizadas por la Guardia Nacional.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado, elementos de la Guardia Nacional “rescataron” a 177 mil 166 migrantes y, a comparación del 2021, cuando los elementos de la institución de seguridad “salvaguardaron” la vida de 31 mil 494 personas, la cifra aumentó 145 mil 672 veces más.

El documento detalla que el mayor número de detenciones se registró en Baja California con 8 mil 920; en segundo lugar quedó Nuevo León con 4 mil 263 detenciones; en tercero, Veracruz con 3 mil 965 detenciones; luego, Jalisco con 2 mil 84 y, en quinto lugar, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí con mil 466, mil 264 y mil 134 “acciones de rescate” respectivamente.

El resto de los estados de la República mexicana tienen menos de 500 detenciones.

Entre dichas personas en contexto de movilidad mil 262 son hombres; mil 251 son mayores de edad y 11 son menores. Por otra parte, 83 son mujeres; de ellas, 81 son mayores de edad y 2 son menores de edad.

El censo señala que, de los 177 mil 166 migrantes detenidos, no se logró identificar el género, ni la edad, de 151 mil 388 personas.

Del total de personas en situación de movilidad “rescatadas” por la Guardia Nacional, 10 mil 51 son de distintas nacionalidades de Sudamérica; 6 mil 136 provienen de Colombia; 3 mil 277 son de Guatemala; 2 mil 307 de Honduras y mil 449 de Nicaragua.

El resto, que representa cifras menores a mil, proviene de países como El Salvador, los continentes asiático y africano, países del Caribe, de Europa y otros lugares de Sudamérica con menos de 100 registros.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal de este año revela que para estas labores, que señala como de “rescate”, la Guardia Nacional desplegó a 11 mil 45 elementos, de los cuales 4 mil 152 se extendieron en la Frontera Norte de México y 6 mil 893 en la Frontera Sur.

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