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Una treintena de organizaciones y asociaciones civiles de derechos humanos del norte de México exigieron un alto urgente a la persecución de las personas en movilidad a través de “operativos de rescate” coordinados por los tres órdenes de gobierno.

Las organizaciones entre las que se encuentran casas migrantes de Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, responsabilizaron a la Guardia Nacional  (GN) y al Instituto Nacional de Migración (INM) de haber propiciado el abandono en pleno desierto de más de mil 500 migrantes el pasado jueves 2 de noviembre.

Resaltaron a través de un pronunciamiento conjunto que la intervención de las autoridades, lejos de apoyar a las personas en movilidad, los ponen en condiciones de mayor riesgo, sin acceso a organizaciones o servicios y provocan que el número de personas aglutinadas incremente tras las negativas para continuar con su tránsito.

“Cese al hostigamiento por parte de elementos de INM y seguridad privada en los patios y alrededores de la empresa Ferromex, al sur de la entidad en donde han recurrido a amenazas y violencia física contra las personas varadas”, detalla el texto firmado por Save the Children México, Trans Queer Pueblo y Seminario Niñez Migrante de Sonora, entre otros.

Exigieron la creación de condiciones mínimas de seguridad para garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

“Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional abandonan a personas en movilidad en el desierto de Chihuahua”, destacan.

“El jueves 2 de noviembre elementos del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional impidieron el libre tránsito de personas en movilidad (incluyendo a niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas) a bordo de un tren de carga de la empresa Ferromex que se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua; fueron abandonadas a su suerte tras dejar los vagones de carga sin locomotora en un punto conocido como Estación

Refugio, junto a una carretera en medio de la nada, a 11 kilómetros de la estación (deshabilitada) en Mápula, Chihuahua”, detallaron.

Narraron que aproximadamente mil 500 personas, entre ellas madres de familia, adultos mayores, personas con discapacidades, con diversos padecimientos de salud propios derivados de las condiciones climatológicas fueron dejados sin condiciones para la sobrevivencia en una zona desértica, sin acceso a servicios e insumos básicos (agua, comida, refugio, entre otros). Este tipo de actuación únicamente ocasiona que los grupos en movilidad queden atrapados, aumentando las posibilidades de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con testimonios de personas afectadas plasmados en notas periodísticas, indican que personal del INM y Guardia Nacional ordenaron a los maquinistas desacoplar la máquina de los vagones sobre los que se encontraban las personas. 

La mayoría esperaba llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar protección internacional.

Resaltaron que algunas personas continuaron a pie, incluyendo familias en compañía de niñez y adolescencia, así como adultos mayores; caminaron a lo largo de la carretera cercana a Delicias, otros acamparon a la intemperie con la esperanza de que el tren llegara para evitar riesgos de continuar caminando. Han solicitado auxilio por la falta de alimentos y agua, atención médica, además de señalar las condiciones de frío extremo durante las noches y el sol durante el día, lo que agudiza las enfermedades respiratorias.

Personas defensoras, en movilidad y periodistas, han señalado no solo la ausencia e inacción de autoridades de los diferentes niveles de gobierno sino la cotidianidad en la cual personas sujetas de protección son abandonadas por quienes deberían protegerles, como las cerca de mil 800 personas varadas en el desierto de Ahumada hace un par de semanas, resultado de uno de sus “operativos de rescate”, donde lo único que se garantiza, es la violación a sus derechos humanos.

“Hacemos un llamado urgente a: Seguimiento oportuno y expedito de las distintas autoridades competentes del ámbito estatal y federal para la atención de quienes aún permanecen en el desierto, atendiendo sus diversas vulnerabilidades, aunado a quienes se encuentran en albergues o espacios de acogida en las distintas ciudades y poblados de Chihuahua”

Firman:

Adriana Vial Cornu

Albergue Nuestra Señora de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas)

Alejandra Penélope Pedroza Cantú

Alma Migrante A. C.

Alondra Serrano

Ana Hurtado Pliego

Anabel Morales Soto

Árboles en Resistencia A.C.

Asylum Access México (AAMX)

Casa del Migrante de Saltillo

Casa del Migrante en Tijuana, A.C.

Casa del Migrante Frontera Digna PN

Casa Refugio San Juan y comedor pbro. Gerardo Montelongo

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C.(CEDIMAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). A.C

CVX Migrantes, México

Daniela Salazar Cervantes

Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) A.C.

Colectiva Arte, Comunidad y Equidad A.C

Elizabeth Coronado V.

Espacio Migrante A.C.

Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante Saltillo)

Laura Calderón Pérez

Marta Villarreal

Miriam Padilla Ramos

Mujeres Libres COLEM A.C.

Plan Estratégico de Juárez A.C.

Plan International México

Raúl Zaragoza

Rubén Anaya S.

Rubith Anaya C.

Save the Children México

Seminario Niñez Migrante (Sonora)

Sin Fronteras. IAP

Trans Queer Pueblo

Transformemos desde la Raíz A.C

Uno de Siete Migrando

Vianey Anaya C.

La diputada del PRI, Ivón Salazar, denunció que en el entronque Ojinaga-Manuel Benavides, así como en el cruce Aldama-Ojinaga- Coyame del Sotol, visitantes, ciudadanos y paisanos se han quejado de extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional. 

“Lo hemos vivido antes con otras autoridades, en el quinquenio pasado fue con la policía estatal, en donde hacen conexión algunos tramos carreteros y donde desafortunadamente no hay señal de celular, para aprovechar y poner retenes”, expresó. 

Ivón Salazar dijo que si bien las denuncias son a través de redes sociales y no hay una denuncia formal, “se viene una temporada donde esperamos a muchos paisanos que pasan por estos puntos; que triste que su primera llegada al país sea con moche”. 

“Muchos paisanos no pierden el tiempo en presentar una denuncia, tienen un largo camino que recorrer, además de que los afectados también son los habitantes y los menonitas”, agregó. 

Además, señaló que no hay una cantidad específica por la que se realice la extorsión, sino que varía de acuerdo a la persona que les toque revisar. 

El punto de acuerdo será presentado dentro del orden del día de la sesión ordinaria de Congreso del Estado convocada para este jueves 9 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

Ante el robo y saqueo que se registra en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán “Otis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional (GN).

En conferencia de prensa matutina y al dar a conocer el plan de apoyo a los damnificados por el huracán, el mandatario federal detalló que cada uno de estos cuarteles de la Guardia Nacional tendrá 250 elementos en cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda y establecimientos comerciales.

“Se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, establecimientos comerciales”, detalló López Obrador.

EL UNIVERSAL ha reportado que habitantes del puerto de Acapulco han comenzado a organizarse en grupos de vigilancia, para evitar saqueos a sus negocios y empleos.

La gobernadora Maru Campos Galván se mantuvo al margen de la acusación que pesa sobre la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre la muerte de dos migrantes en la frontera de Ciudad Juárez.

De acuerdo a las primeras indagatorias dos migrantes resultaron muertos y otros cuatro con lesiones, luego de que el vehículo donde viajaban con un pollero, fue balaceado por elementos federales en el borde fronterizo.

Maru Campos comentó que en esta situación, en materia jurídica, el proceso penal indica que se debe dar vista a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

“No podemos decir que la Guardia Nacional o que la Sedena asesinó a estos dos migrantes, tenemos que hacer toda la investigación y tenemos que actuar conforme el proceso indica, que es enviar toda la investigación a la Fiscalía General de la República, quien ha estado en contacto con el fiscal general del Estado y con el fiscal de la Zona Norte”, agregó la mandataria estatal.

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