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La Secretaría de Economía de México dijo que recibió la solicitud formal de Estados Unidos de iniciar un panel laboral de respuesta rápida bajo el T-MEC que analice si el conflicto laboral de la Mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, de Grupo México, viola los compromisos del acuerdo comercial.

Sin embargo, reiteró que no aceptaron iniciar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que solicitó el país vecino porque la supuesta denegación de derechos laborales tiene que ver con hechos ocurridos desde el 2007.

En un comunicado la dependencia federal aseguró que el 1 de agosto informaron que no aceptaron iniciar el mecanismo que solicitó el gobierno estadounidense en mayo pasado por las siguientes causas:

“Una primera razón por la que México rechazó la solicitud de revisión de Estados Unidos es elemental: hacer valer el principio legal de no retroactividad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Segundo, en todo caso, este conflicto laboral ha sido analizado por las instancias nacionales competentes, razón por la cual no sería aceptable una interferencia de un procedimiento paralelo bajo el T-MEC”, expuso la secretaría de Economía.

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro explicó que “es la primera vez que un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida desemboca en un panel, por lo que será fundamental garantizar que en cada etapa prevalezcan los principios de imparcialidad y certidumbre”.

Agregó que debe hacerse un “uso razonable y adecuado del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, y añadió que harán valer su posición ante el panel conforme a los plazos que establece el tratado.

Ante el rechazo de la Secretaría de Economía de México a aceptar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Grupo México, el gobierno de Estados Unidos solicitó que conforme un panel de expertos que determine si hay o no denegación de derechos a los trabajadores que violen los compromisos laborales del T-MEC.

La oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Katherine Tai, dijo que por primera vez se pidió la conformación de un panel para un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el caso de la mina de Grupo México, llamada San Martín, en el municipio de Sombrerete, en Zacatecas.

El gobierno de Joe Biden consideró que hay suficientes elementos para determinar que se negaron los derechos de los trabajadores a la libre asociación y negociación del Contrato Colectivo de Trabajo. El gobierno mexicano rechazó la queja por considerar que tiene relación con un asunto que inició en 2007 que será resuelto por instancias judiciales mexicanas.

La Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo a El Universal: “El tema ahí es que la USTR está presionada por los momentos políticos de Estados Unidos y ellos hacen administrativa y técnicamente lo que les compete para tranquilidad de Estados Unidos, pero sin mayor trascendencia, porque a la hora que llegue con los panelistas que son terceros imparciales nosotros creemos que ahí se acabará el problema”.

Afirmó que no se debe abusar del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y “si ellos (Estados Unidos) siguen insistiendo vamos a ir rechazando todo lo que creamos que no aplica”.

El caso inició ante la solicitud de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), el sindicato United Steel Workers (USW), y el organismo ligado a Napoleón Gómez Urrutia, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúgicos y Similares de la República Mexicana.

La mina San Martín produce zinc y cobre pero de acuerdo con la Secretaría de Economía no exporta a Estados Unidos.

Para la dependencia “este conflicto data de julio de 2007, cuando el Sindicato Minero estalló la huelga en la Mina. Después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejo sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores”.

En sólo una semana se sumaron dos casos más al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. En esta ocasión, Estados Unidos presentó una solicitud al gobierno mexicano contra Grupo México, la tercera empresa más valiosa del país, por presuntas violaciones a los derechos de trabajadores en una mina de Grupo México en Zacatecas.

Se trata de la sexta vez en lo que va de 2023 que se activa este mecanismo, y la onceava desde que entró en vigor el tratado.

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que dirige Katherine Tai, aseguró que se envía la solicitud porque se negaron los derechos de libre asociación y de negociación colectiva de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas.

Este mecanismo se activó a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo de Napoleón Gómez Urrutia, así como de la asociación de sindicatos más grande de Estados Unidos, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), además del United Steel Workers.’

El precio de la acción de Grupo México se recupera luego de la caída que había venido registrando desde el 19 de mayo, cuando se anunció la toma de tres tramos de las líneas férreas de su subsidiaria Ferrosur, por parte de la Marina, por considerarlas como bienes de utilidad pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que avanza bien un acuerdo con el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, sobre la concesión de las tres vías de Ferrosur, pero aclaró que no habrá un pago a la empresa, sino que se busca una compensación.

Ferrosur es subsidiaria de carga ferroviaria de Grupo México, cuya acción cotiza hoy en 82.12 pesos por acción, 5.7% por arriba del cierre anterior, pero todavía 2.4% por debajo de los 84.17 pesos alcanzados antes del anuncio de la expropiación.

Líneas a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

El pasado viernes se ordenó la ocupación temporal de las líneas a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las cuales estaban en operación de Ferrosur. El argumento fue el proyecto del Corredor Interoceánico, una de las obras clave de la administración.

Aunque Ferrosur se mostró sorprendida por la toma de las instalaciones, que según la empresa fue por parte de personal armado de la Marina, el presidente aseguró que se trata de un “rescate de la concesión”.

Sin embargo, el diferendo que se originó entre Ferrosur y el gobierno federal por la ocupación temporal de tramos ferroviarios de dicha empresa, finalmente se resolvió por la vía de la conciliación.

La noche del martes trascendió que Grupo México y el Gobierno federal lograron un acuerdo para el caso de Ferrosur, para lo cual la empresa de Germán Larrea recibiría una indemnización, pero menor a los 9 mil 500 millones de pesos que pedía originalmente.

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