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El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si Grupo México, de Germán Larrea, desiste de su intención de comprar Banamex, su gobierno podría adquirirlo bajo un modelo de inversión público-privada.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que las pláticas con Grupo México para que compre esta institución bancaria siguen y confió en que se llegue a un acuerdo.

“Si ya no la va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada”, dijo.

“¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex?”, se le preguntó al mandatario federal.

“Sí, porque en el supuesto que fuesen 7 mil (millones de dólares) tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos, entonces ya quedan 5 y a la gente de México le interesaría tener acciones, y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos”.

“Este banco ha de haber ganado como unos… y como lo están vendiendo es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado como 8 o 10 mil millones de dólares”, contestó.

Protección de empleados por compra de Banamex

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que si el gobierno federal adquiere el banco también se protegería a los miles de sus empleados, pero también tendría ganancias por manejar el dinero el presupuesto público.

Afirmó que Larrea no se ha desistido de comprar el banco, asegurando que las negociaciones con Citigroup continúan. Sin embargo, resaltó que si Grupo México desiste hay otras empresas interesadas.

“Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible, y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra, nada.

“¿Qué no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica? ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Porque tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos”, resaltó.

Las acciones de Grupo México y su subsidiaria de Transportes registran caídas en el precio de su acción luego de las declaraciones esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la justificación del gobierno para la toma de control de Ferrosur en Coatzacoalcos.

Al medio día, las acciones de Grupo México caían 4.05%, con un precio de 76.93 pesos. En tanto, Grupo México Transportes registra una caída de 3.68% por acción con un precio de 38.50 pesos.

Ambas acciones se encuentran entre las más perdedoras en lo que va de la jornada de este lunes, por debajo de Homex y Peñoles.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de la Marina bajo el argumento de que se trata de un tramo férreo abandonado y se decidió recuperar por parte del gobierno para complementar su plan para transportar pasajeros y mercancías de Coatzacoalcos a Progreso.

El presidente dijo que Grupo México pedía 9 mil 500 millones de pesos al gobierno para operar el tramo, monto que el mandatario calificó como un abuso.

Grupo México busca negocia con gobierno

Por su parte, Grupo México dijo este domingo que buscará una negociación con el gobierno apegada al estado de Derecho, pero destacó que las pláticas se encuentran en un momento muy difícil ante la decisión del gobierno.

“Grupo México Transportes continúa analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que deba emprender. Al mismo tiempo, y a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el gobierno federal le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico”, dijo la empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el diferendo con Grupo México por la recuperación de Ferrosur es una situación independiente de la operación de compra de Banamex.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comparar Banamex”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

La semana pasada, el presidente López Obrador dio luz verde para que Grupo México, de Germán Larrea, con quien tiene diferencias, compre Banamex a CitiGroup.

El mandatario recordó que hizo cuatro sugerencias para la compra del Banco: “Lo dije aquí y lo sostengo si cumplen con cuatro recomendaciones: uno, que sea capital mexicano; dos, que estén al corriente en el pago de impuestos; tres, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México y cuatro, que quien vende pague impuestos, lo que no se hizo cuando vendieron Banamex (a CitiGroup)”.

López Obrador negó que su gobierno haya expropiado tres tramos ferroviarios de Grupo México, y alegó que se trató de la recuperación de una concesión.

El presidente López Obrador acusó que de manera abusiva Grupo México pedía 9 mil 500 millones de pesos para operar la vía concesionada Ferrosur, por eso no hubo acuerdo con el empresario Germán Larrea.

“Yo no sé, aunque los abogados mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos; o sea así ya no se puede. Ni siquiera un precio justo, un abuso”, declaró.

El presidente López Obrador manifestó esa propuesta se le planteó la semana pasada en un desayuno de trabajo que sostuvieron con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, en Palacio Nacional.

Señaló el Presidente que un precio justo sería que después del procedimiento legal, la autoridad competente haga un avalúo y determine cuántos es lo que les corresponde.

“Claro, todos los defensores de las minorías de los que se han dedicado a saquear al país, medios, periodistas famosos, les han ayudado al saque, vuelven con la cantaleta: ‘¡es expropiación!’, ‘¡qué barbaridad, México ya está convertido en no sé qué país!’”, expresó.
Señaló que en el caso del Tren Maya se han realizado más de 100 expropiaciones de terrenos, pero han sido concertadas.

“¡Ah, pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo y la desinformación y manipulaciones! Loret de Mola, Ciro (Gómez Leyva), López-Dóriga y etcétera, etcétera. Nosotros estamos aquí para defender el interés público y hemos actuado de manera respetuosa”, agregó.

Además, López Obrador cuestionó a Grupo México cuánto pagaron en el sexenio priista de Carlos Salinas de Gortari cuando privatizaron la mina de Cananea.

Abogados, legisladores, analistas, catedráticos y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la primera gran expropiación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina (Semar) expropió este viernes las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, propiedad de Grupo México Transportes.

El mismo día, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se ordenó la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.

“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, dijo Grupo México Transportes en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo México, encabezado por Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, informó que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, sólo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir según sus obligaciones como empresa pública.

La medida se da en medio de las negociaciones que Larrea mantiene con Citigroup para adquirir Banamex, sin que de momento haya un anuncio oficial sobre el tema.

Esta semana el magnate acudió dos veces a Palacio Nacional y el mismo presidente López Obrador dio su visto bueno para que adquiera Banamex.

Blindaje de obras

En opinión del socio del despacho Trusan y Roma Abogados, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, la expropiación tiene relación directa con la decisión del gobierno de blindar sus obras prioritarias.

“Es algo que sale de la nada y tiene una relación directa con la resolución de la Suprema Corte de ayer [jueves]. Obviamente la empresa tiene los medios de control jurisdiccional para que se revise ante la justicia federal este tema y espero que lo haga porque me parece que este tema de ocupación temporal es sin duda completamente arbitrario, injustificable y viola el derecho a la propiedad que tiene o a la concesión, en su caso, que pueda tener Grupo México”, explicó.

“Desde un punto de vista jurídico, estamos hablando de una expropiación… Cuando estamos hablando que es de utilidad pública, como señala el decreto publicado en el DOF, estamos hablando de una expropiación de facto… Lo que ahora procede es el pago de una indemnización, pero Grupo México tiene derecho a que se revise este tema ante la justicia federal”, dijo.

Claudia Aguilar, especialista en derecho constitucional, y socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, afirmó: “Sin duda es la primera ocasión en el sexenio donde nos topamos con una expropiación”.

El decreto que se publicó en el DOF cita la Ley de Expropiación, por lo que ante esta “ocupación temporal”, la legislación dice que “sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo”.

Al solicitarse el amparo se puede pedir se suspenda la medida contra Ferrosur; sin embargo, se ve “cuesta arriba, aunque es procedente con interpretación directa a la Constitución”, con el argumento de que no es proporcional la afectación a sus derechos.

Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista, y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, dijo que de primera impresión el amparo debe impugnarse por dos temas: el acto de autoridad y la indemnización; sin embargo, consideró que no se podrá suspender la ocupación porque ya está hecha.

“Aunque es la primera expropiación como tal… hay otros actos de autoridad arbitrarios en este sexenio con rasgos de expropiación porque no están respetando la garantía de audiencia… primero toman la propiedad y luego te doy audiencia, en lugar de que te doy oportunidad de audiencia, te defiendes y luego tomo el bien”, dijo.

“Este amparo va a estar sumamente politizado, un amparo normal con recursos de revisión ante un tribunal colegiado tarda 16 meses (ocho meses en resolverse y ocho la revisión), que es lo que tarda en terminar este sexenio”, comentó.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, opinó: “Me parece increíble lo que está sucediendo; primero lo del decreto y ahora lo de los tramos de vías de Ferrosur. Generan miedo y ahuyentan las inversiones… Decretos y expropiación. Sin duda esta semana ha sido para México una de las peores, si no es que la peor, en decisiones de política económica”, dijo.

Rechazan acción

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que la toma de Ferrosur es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.

“Este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y los caprichos del Presidente”, aseveró.

La analista Irene Levy consideró “tremendo” lo que pasa y resaltó que las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones sin avisar y se publicó el decreto de ocupación temporal, sin plazo. “¿Qué sigue?”, cuestionó.

Sociedad Civil México (SCM), organización que busca conformar una candidatura opositora de unidad para 2024, expresó su rechazo de lo que consideró acciones expropiatorias de activos y operaciones de Ferrosur.

En una carta a las dirigencias del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la organización señaló que dichas medidas anunciadas en el DOF tienen un impacto negativo en el clima de negocios en México, dañando la percepción de riesgo de los inversores privados.

Además, agregó, afecta la imagen del país como destino de inversión extranjera y menoscaba el Estado de derecho, así como la propiedad privada de empresas e individuos.