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Aproximadamente 4 mil millones de pesos (mmdp) es la inversión que se requiere para instalar la infraestructura hidráulica que permitirá que las futuras viviendas del bienestar que se van a construir en varios municipios de Chihuahua, tengan los servicios públicos de agua potable y drenaje sanitario, informó personal de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

De ese monto, al menos la mitad corresponde a Juárez, donde se contempla que estas viviendas se edifiquen en el suroriente de la ciudad, cerca del complejo industrial de Electrolux.

Sobre el avance para la dotación de dicha infraestructura para este proyecto impulsado por el Gobierno Federal, Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, confirmó que ya se cuenta con la factibilidad por parte de la Conagua, “pero falta que nos dé volumen concesionado para poder trabajar con él”.

Explicó que ya se tiene calculado el volumen de agua que se necesitará para estas nuevas viviendas y que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, anunció que se iban a condonar los derechos, que ascienden a más de 1 mmdp.

Sin embargo, afirmó, siguen pendiente de resolverse la falta de concesiones y la infraestructura de cabeza para dar inicio al proyecto.

Cuando habla de infraestructura de cabeza, explica Mata Carrasco, se refiere a las instalaciones necesarias para llevar el agua y redes de drenaje hasta el lugar donde se construirán las viviendas.

Asimismo, indicó que el recurso necesario para instalar dicha infraestructura en la zona, deberá ser aportado por la Federación o por los constructores, en este caso, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Consultado sobre la viabilidad del proyecto, el funcionario estatal no dudó al decir que “es un proyecto presidencial y hay que sacarlo, de eso no hay duda”.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) eliminó 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, la mayoría contratados bajo el esquema de salarios mínimos, un modelo que durante años provocó que la deuda aumentara aun cuando los trabajadores cumplían puntualmente con sus pagos.

El saneamiento implicó una reestructura masiva de financiamientos que se volvieron incosteables por la indexación al salario mínimo y no al ingreso real de los acreditados, lo que llevó a miles de familias a pagar durante años sin ver una reducción efectiva de su adeudo. Al contrario la deuda se incrementó.

Con la medida, el Instituto aplicó reducciones de saldo, ajustes en tasas de interés y mensualidades, e incluso la cancelación total de la deuda en algunos casos, con el objetivo de evitar la pérdida de vivienda y devolver viabilidad a los créditos.

No obstante, el programa no contempla la devolución de los pagos realizados en exceso por los derechohabientes durante los años en que sus créditos se encarecieron bajo el esquema de salarios mínimos. Los montos ya pagados se consideran parte del historial del financiamiento y no serán reembolsados.

En términos prácticos, esto significa que, aunque la deuda fue reducida o eliminada, quienes pagaron durante años cantidades superiores al valor original de su vivienda no recibirán compensación económica alguna.

De acuerdo con la postura oficial, el objetivo del saneamiento fue corregir créditos que se habían vuelto impagables y frenar el deterioro del patrimonio familiar, más que resarcir el daño económico acumulado por los trabajadores.

La decisión representa un alivio inmediato para millones de acreditados, pero deja abierta una discusión de fondo: la ausencia de mecanismos para reconocer o compensar los pagos excedentes realizados durante años bajo un modelo que hoy el propio Infonavit admite como fallido.

Redacción

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Octavio Romero Orozco, director general del Infonavit, para revisar los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar en Chihuahua, cuyo objetivo central es ampliar el acceso a vivienda digna para trabajadores de bajos ingresos.

El encuentro se desarrolló en Palacio de Gobierno, donde el funcionario federal presentó el estatus de contrataciones, permisos y selección de predios que se implementan junto con la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi). El proyecto contempla la construcción de 50 mil viviendas en todo el estado, destinadas principalmente a derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Romero Orozco informó que, en el panorama nacional, el programa registra un avance del 20 por ciento. “Vamos muy bien, ya traemos más de 250 mil viviendas en inicio de obra y en algunos casos ya estamos entregando”, señaló.

Durante la reunión, Campos y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, revisaron cifras, solicitudes y la propuesta estatal de condonación de predios y simplificación de trámites, con la finalidad de acelerar la edificación de las nuevas unidades habitacionales.

Los inmuebles proyectados para Chihuahua contarán con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y área de servicio. Además, incluirán áreas verdes, espacios de convivencia y servicios de luz, agua y drenaje, con el fin de elevar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El Gobierno del Estado y los ayuntamientos participarán en la habilitación de suelo y facilidades administrativas para que el programa avance hacia su primera etapa de construcción.

La diputada Rosana Díaz Reyes (Morena) denunció la existencia de una red de corrupción dedicada a estafar a personas con adeudos al Infonavit. Los estafadores, según la legisladora, engañan a los deudores ofreciendo falsas gestiones para evitar el desalojo de sus viviendas, pero en realidad solo les roban su dinero y los dejan en la misma situación de endeudamiento.

Díaz Reyes explicó que estos defraudadores “asustan” a los acreditados del Infonavit, advirtiéndoles que perderán sus casas si no pagan las cantidades atrasadas, tanto al instituto como a la Presidencia Municipal de Juárez, en caso de que también tengan adeudos de Impuesto Predial. Las víctimas, al caer en la trampa, les pagan a los estafadores en lugar de liquidar sus deudas directamente con las instituciones, lo que resulta en la pérdida de su dinero y el aumento de sus adeudos.

La diputada, quien representa al Distrito IV con cabecera en Juárez, hizo un llamado urgente a la población para que no firme documentos con personas que se hacen pasar por gestores del Infonavit o del Municipio.

“El llamado es a las familias, a cualquier miembro de la familia, a que no firme ningún documento en blanco y que no se deje sorprender”, advirtió.

Díaz Reyes recordó que, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció que ningún acreditado del Infonavit sería desalojado de su vivienda. Sin embargo, señaló que esta operación fraudulenta es un vestigio de las mafias que anteriormente controlaban el Infonavit y vendían carteras de deudas a agencias de cobranza en todo el país.

Por ello, la legisladora reiteró su llamado a la ciudadanía para que no acepte gestiones de particulares, especialmente si no se identifican correctamente.

“Manténganse alertas y no firmen ningún documento entregado por desconocidos”, concluyó.