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INM

El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) otorguen las medidas y acciones emprendidas para la reparación del daño a las víctimas de las personas migrantes fallecidas en las instalaciones del INM en la ciudad fronteriza, en marzo del 2023. 

Como punto de acuerdo, la diputada Georgina Zapata, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, expuso que este siniestro costó la vida de 40 personas migrantes y varias más heridas. 

“A casi nueve meses de este incidente, y luego de diversas invitaciones a los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Delegación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, a que acudan a esta soberanía, aún no hemos tenido respuesta alguna, ni los mecanismos que se han implementado para evitar otra tragedia como la acontecida el 27 de marzo”, reclamó la diputada. 

Aunque reconoció que puede ser comprensible que las autoridades encargadas de investigar hechos ilícitos guarden sigilo y secrecía sobre sus actuaciones, a fin de que no se destruyan los indicios del delito y se evadan responsabilidades. 

“Estas negligencias no pueden quedar impunes, y no pueden suceder, este tipo de omisiones ya han costado varias vidas de personas migrantes, debemos de proteger sus derechos humanos, por lo cual debemos de velar por el cumplimiento de la reparación integral del daño que ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación del 30 de junio del presente año, para las familias de los 40 migrantes fallecidos, así como de las y los sobrevivientes”, agregó.

El Instituto Nacional de Migración (INM) realizó este fin de semana desde Tapachula, Chiapas, el retorno asistido a Guatemala de 47 niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados, con la autorización del consulado de Guatemala, para ser entregados en el Centro de Recepción de Retornados de Tecún Umán, San Marcos, de ese país.

Los menores de edad fueron rescatados en distintos puntos del país y permanecían bajo resguardo de las Oficinas Administrativas de NNA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Tlaxcala; y Villahermosa, Palenque y Tenosique, Tabasco.

Autoridades guatemaltecas dieron a conocer que una vez que los 47 NNA sean recibidos en Tecún Umán, serán trasladados al albergue Nuestras Raíces que se ubica en el departamento de Quezaltenango, Guatemala.

El Instituto Nacional de Migración aseguró que en todo momento a los menores de nacionalidad guatemalteca se les brindó “agua, jugos, alimentos, el uso de servicios sanitarios y box lunches para el camino”.

Con 18 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado exhortó al Gobierno Federal para que destituya al funcionariado responsable de lo acontecido en marzo del año en curso, en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que fallecieron 40 personas migrantes. 

 “Se dedicó el gobierno mexicano a fabricar culpables, violar derechos humanos y cubrir a los verdaderos responsables”, denunció ante el Pleno, la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien presentó el punto de acuerdo. 

Terrazas expuso que desde el incidente, las autoridades municipales de Ciudad Juárez y federales se dedicaron a criminalizar a los migrantes y a diversos agentes utilizándolos de “chivos expiatorios”, pero no se ha destituido ni buscado justicia penal en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien sigue al frente de la dependencia. 

“No ha habido ninguna consecuencia para Francisco Garduño, no se le ha pedido explicación alguna y por el contrario se le sigue manteniendo en un puesto, el cual le ha quedado muy grande. Apenas hace unos días las personas en situación de movilidad hacían un llamado al alto a la corrupción que ocurre al interior del Instituto, pues a dichos de ellos “¿De qué sirve que estén en un puesto si no están haciendo nada?” comentaban refiriéndose concretamente a Garduño”, reclamó. 

Por lo que dijo, no se puede permitir que existan funcionarios ocupando estos altos cargos cuando demuestran no lograr un correcto manejo de la institución y de los recursos, sin la capacidad para dar respuesta a las necesidades que el cargo requiere.

El exhorto fue debatido en tribuna por las y los diputados de Morena, sin embargo, fue aprobado por mayoría de la bancada PAN-PRI, quienes votaron a favor del mismo en todos sus términos.

Una treintena de organizaciones y asociaciones civiles de derechos humanos del norte de México exigieron un alto urgente a la persecución de las personas en movilidad a través de “operativos de rescate” coordinados por los tres órdenes de gobierno.

Las organizaciones entre las que se encuentran casas migrantes de Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, responsabilizaron a la Guardia Nacional  (GN) y al Instituto Nacional de Migración (INM) de haber propiciado el abandono en pleno desierto de más de mil 500 migrantes el pasado jueves 2 de noviembre.

Resaltaron a través de un pronunciamiento conjunto que la intervención de las autoridades, lejos de apoyar a las personas en movilidad, los ponen en condiciones de mayor riesgo, sin acceso a organizaciones o servicios y provocan que el número de personas aglutinadas incremente tras las negativas para continuar con su tránsito.

“Cese al hostigamiento por parte de elementos de INM y seguridad privada en los patios y alrededores de la empresa Ferromex, al sur de la entidad en donde han recurrido a amenazas y violencia física contra las personas varadas”, detalla el texto firmado por Save the Children México, Trans Queer Pueblo y Seminario Niñez Migrante de Sonora, entre otros.

Exigieron la creación de condiciones mínimas de seguridad para garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

“Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional abandonan a personas en movilidad en el desierto de Chihuahua”, destacan.

“El jueves 2 de noviembre elementos del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional impidieron el libre tránsito de personas en movilidad (incluyendo a niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas) a bordo de un tren de carga de la empresa Ferromex que se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua; fueron abandonadas a su suerte tras dejar los vagones de carga sin locomotora en un punto conocido como Estación

Refugio, junto a una carretera en medio de la nada, a 11 kilómetros de la estación (deshabilitada) en Mápula, Chihuahua”, detallaron.

Narraron que aproximadamente mil 500 personas, entre ellas madres de familia, adultos mayores, personas con discapacidades, con diversos padecimientos de salud propios derivados de las condiciones climatológicas fueron dejados sin condiciones para la sobrevivencia en una zona desértica, sin acceso a servicios e insumos básicos (agua, comida, refugio, entre otros). Este tipo de actuación únicamente ocasiona que los grupos en movilidad queden atrapados, aumentando las posibilidades de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con testimonios de personas afectadas plasmados en notas periodísticas, indican que personal del INM y Guardia Nacional ordenaron a los maquinistas desacoplar la máquina de los vagones sobre los que se encontraban las personas. 

La mayoría esperaba llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar protección internacional.

Resaltaron que algunas personas continuaron a pie, incluyendo familias en compañía de niñez y adolescencia, así como adultos mayores; caminaron a lo largo de la carretera cercana a Delicias, otros acamparon a la intemperie con la esperanza de que el tren llegara para evitar riesgos de continuar caminando. Han solicitado auxilio por la falta de alimentos y agua, atención médica, además de señalar las condiciones de frío extremo durante las noches y el sol durante el día, lo que agudiza las enfermedades respiratorias.

Personas defensoras, en movilidad y periodistas, han señalado no solo la ausencia e inacción de autoridades de los diferentes niveles de gobierno sino la cotidianidad en la cual personas sujetas de protección son abandonadas por quienes deberían protegerles, como las cerca de mil 800 personas varadas en el desierto de Ahumada hace un par de semanas, resultado de uno de sus “operativos de rescate”, donde lo único que se garantiza, es la violación a sus derechos humanos.

“Hacemos un llamado urgente a: Seguimiento oportuno y expedito de las distintas autoridades competentes del ámbito estatal y federal para la atención de quienes aún permanecen en el desierto, atendiendo sus diversas vulnerabilidades, aunado a quienes se encuentran en albergues o espacios de acogida en las distintas ciudades y poblados de Chihuahua”

Firman:

Adriana Vial Cornu

Albergue Nuestra Señora de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas)

Alejandra Penélope Pedroza Cantú

Alma Migrante A. C.

Alondra Serrano

Ana Hurtado Pliego

Anabel Morales Soto

Árboles en Resistencia A.C.

Asylum Access México (AAMX)

Casa del Migrante de Saltillo

Casa del Migrante en Tijuana, A.C.

Casa del Migrante Frontera Digna PN

Casa Refugio San Juan y comedor pbro. Gerardo Montelongo

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C.(CEDIMAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). A.C

CVX Migrantes, México

Daniela Salazar Cervantes

Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) A.C.

Colectiva Arte, Comunidad y Equidad A.C

Elizabeth Coronado V.

Espacio Migrante A.C.

Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante Saltillo)

Laura Calderón Pérez

Marta Villarreal

Miriam Padilla Ramos

Mujeres Libres COLEM A.C.

Plan Estratégico de Juárez A.C.

Plan International México

Raúl Zaragoza

Rubén Anaya S.

Rubith Anaya C.

Save the Children México

Seminario Niñez Migrante (Sonora)

Sin Fronteras. IAP

Trans Queer Pueblo

Transformemos desde la Raíz A.C

Uno de Siete Migrando

Vianey Anaya C.

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