INM

Alcaldes y organizaciones defensoras de migrantes han señalado que reciben presiones de autoridades federales como Migración y la Guardia Nacional para que dejen de apoyar a las personas en situación de movilidad.

El alcalde de Jiménez, Marcos Chávez Torres, lamentó que las autoridades federales le reprochen el apoyo que su administración proporciona a los grupos migrantes.

“He tenido algunas situaciones lamentables con Guardia Nacional y Migración, que me reprochan que apoye a las personas migrantes; me dicen que deje de ayudarles, que si he de apoyar que sea para que se regresen a sus países de origen”, lamentó el edil.

Chávez Torres refirió que justo después de la reunión que autoridades estadounidenses tuvieron con sus homónimos de México para estudiar el fenómeno migratorio, el flujo de personas en movilidad se detuvo dramáticamente.

“El último grupo grande que atendimos fue el de unas mil 500 personas que habían quedado varadas en el ferrocarril el pasado 26 de diciembre y que tuvimos que asistir porque se nos estaban congelando”, lamentó.

Resaltó que esperaban un gran grupo procedente de Coahuila y Durango, pero tras la referida reunión binacional el flujo se redujo a pequeños grupos que muy pronto son dispersados por elementos de la Secretaría de Gobernación y Guardia Nacional.

“Yo aquí seguiré apoyando a quien lo necesite, con alimentos y con los albergues que habilitamos en gimnasios y otros espacios, porque ante todo somos humanos y tenemos qué ver por nuestros semejantes”, dijo el edil.

El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) otorguen las medidas y acciones emprendidas para la reparación del daño a las víctimas de las personas migrantes fallecidas en las instalaciones del INM en la ciudad fronteriza, en marzo del 2023.

Como punto de acuerdo, la diputada Georgina Zapata, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, expuso que este siniestro costó la vida de 40 personas migrantes y varias más heridas.

“A casi nueve meses de este incidente, y luego de diversas invitaciones a los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Delegación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, a que acudan a esta soberanía, aún no hemos tenido respuesta alguna, ni los mecanismos que se han implementado para evitar otra tragedia como la acontecida el 27 de marzo”, reclamó la diputada.

Aunque reconoció que puede ser comprensible que las autoridades encargadas de investigar hechos ilícitos guarden sigilo y secrecía sobre sus actuaciones, a fin de que no se destruyan los indicios del delito y se evadan responsabilidades.

“Estas negligencias no pueden quedar impunes, y no pueden suceder, este tipo de omisiones ya han costado varias vidas de personas migrantes, debemos de proteger sus derechos humanos, por lo cual debemos de velar por el cumplimiento de la reparación integral del daño que ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación del 30 de junio del presente año, para las familias de los 40 migrantes fallecidos, así como de las y los sobrevivientes”, agregó.

El Instituto Nacional de Migración (INM) realizó este fin de semana desde Tapachula, Chiapas, el retorno asistido a Guatemala de 47 niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados, con la autorización del consulado de Guatemala, para ser entregados en el Centro de Recepción de Retornados de Tecún Umán, San Marcos, de ese país.

Los menores de edad fueron rescatados en distintos puntos del país y permanecían bajo resguardo de las Oficinas Administrativas de NNA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Tlaxcala; y Villahermosa, Palenque y Tenosique, Tabasco.

Autoridades guatemaltecas dieron a conocer que una vez que los 47 NNA sean recibidos en Tecún Umán, serán trasladados al albergue Nuestras Raíces que se ubica en el departamento de Quezaltenango, Guatemala.

El Instituto Nacional de Migración aseguró que en todo momento a los menores de nacionalidad guatemalteca se les brindó “agua, jugos, alimentos, el uso de servicios sanitarios y box lunches para el camino”.

Con 18 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado exhortó al Gobierno Federal para que destituya al funcionariado responsable de lo acontecido en marzo del año en curso, en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que fallecieron 40 personas migrantes.

“Se dedicó el gobierno mexicano a fabricar culpables, violar derechos humanos y cubrir a los verdaderos responsables”, denunció ante el Pleno, la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien presentó el punto de acuerdo.

Terrazas expuso que desde el incidente, las autoridades municipales de Ciudad Juárez y federales se dedicaron a criminalizar a los migrantes y a diversos agentes utilizándolos de “chivos expiatorios”, pero no se ha destituido ni buscado justicia penal en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien sigue al frente de la dependencia.

“No ha habido ninguna consecuencia para Francisco Garduño, no se le ha pedido explicación alguna y por el contrario se le sigue manteniendo en un puesto, el cual le ha quedado muy grande. Apenas hace unos días las personas en situación de movilidad hacían un llamado al alto a la corrupción que ocurre al interior del Instituto, pues a dichos de ellos “¿De qué sirve que estén en un puesto si no están haciendo nada?” comentaban refiriéndose concretamente a Garduño”, reclamó.

Por lo que dijo, no se puede permitir que existan funcionarios ocupando estos altos cargos cuando demuestran no lograr un correcto manejo de la institución y de los recursos, sin la capacidad para dar respuesta a las necesidades que el cargo requiere.

El exhorto fue debatido en tribuna por las y los diputados de Morena, sin embargo, fue aprobado por mayoría de la bancada PAN-PRI, quienes votaron a favor del mismo en todos sus términos.