INM

Senadores del PAN exhortaron a la Fiscalía General de la República a compartir con esta soberanía, por los medios que se consideren legales e idóneos para ello, los resultados preliminares de la investigación sobre la tragedia sucedida en la estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo de 2023, donde murieron 40 migrantes y otros 30 resultaron con heridas graves.

A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhortó a la FGR compartir también información sobre la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otras autoridades investigadas por su probable responsabilidad en lo sucedido.

Cabe destacar que el pasado 24 de abril la FGR presentó una acusación formal en contra de Francisco Garduño, por el incendio que causó la muerte de 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, tres meses después, la FGR no ha ejercido ningún tipo de acción penal contra el funcionario quien ha dicho que no renunciará al cargo y no tuvo ninguna responsabilidad en dicha tragedia, todo ello en medio de un proceso de militarización de las estaciones del INM y del endurecimiento de las políticas migratorias que incluyen aumento en las detenciones y deportaciones.

Se añade en el documento que la investigación de lo sucedido en Ciudad Juárez debe extenderse para revisar también muchas otras irregularidades en la gestión migratoria mexicana.

De 2018 a 2020, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación registró casi 547 millones de pesos pendientes de aclarar por parte del INM. Durante esta auditoría se revisaron 21 estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur.

“Todo parece indicar que la situación de la política migratoria mexicana es la peor en décadas y que en lugar de prepararse para enfrentar nuevos retos no puede ni siquiera resolver las necesidades de infraestructura y equipamiento básico”.

“La improvisación, la torpeza y la falta total de escrúpulos y cuidado con los derechos humanos que caracterizan a esta administración, se advierte también la ausencia total de una estrategia para hacer frente a los desafíos de un repunte migratorio que por razones estructurales parece que se permanecerá por mucho tiempo”, se argumenta en el punto de acuerdo.

Ocho sobrevivientes del incendio dentro de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, alzaron la voz para pedirle al gobierno mexicano una serie de acciones que les garanticen la verdad, justicia y reparación del daño.

Su postura se presenta luego de que durante esta semana una reunión con senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación ubicada en el puente Lerdo-Stanton, en esta frontera.

Los sobrevivientes señalaron que el incendio les dejó secuelas de por vida, en su salud física y mental, ya que a algunos de ellos les amputaron partes de su cuerpo.

“Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”, dicen los migrantes en un posicionamiento que se compartió después de la reunión con los Senadores.

A más de cien días de haber ocurrido el incendio que dejó 27 lesionado y 40 migrantes fallecidos, aseguran que algunos de ellos continúan en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de órganos e incluso uno de ellos perdió un brazo.

“Algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio. Aunque el Instituto Nacional de Migración ha solventado nuestros gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para nosotros recordar esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron, o subir a esas camionetas, las mismas que nos llevaron a la cárcel migratoria en Ciudad Juárez, señalaron los migrantes sobrevivientes.

Además, reclamaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha dado información clara, tampoco conocen sus expedientes médicos, ni saben cuánto tiempo van a seguir bajo cuidado médico o qué va a pasar con ellos.

Por esa razón, los migrantes lanzaron seis peticiones al gobierno de México las cuales son:
Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.

Como segunda petición está la atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, así como la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También solicitaron facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas, se les regresen sus pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República y que no existan represalias contra ellos y sus familias en México y en sus países de origen.

Además, pidieron una reunificación familiar, es decir, traer a sus hijas e hijos, quienes se quedaron en sus países de origen, así como atención médica a sus familias que están cuidándolos mientras están en proceso de recuperación.

Los ocho migrantes, víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez están siendo acompañados en su lucha de verdad y de justicia por organizaciones como: Familia Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD), Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), entre otros.

Tuvieron que pasar tres meses para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunciara, condenara y emitiera recomendaciones sobre el incendio que cobró la vida de 40 migrantes y dejará 27 más lesionados en la estación migratoria del Puente Lerdo en Ciudad Juárez, condenan organismos locales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 111VG/2023 a la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad.

Así como a la seguridad personal, atribuible a elementos del INM en agravio de 67 migrantes, de las cuales 40 fallecieron y 27 resultaron con lesiones tras incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Organismo Nacional resaltó que el 27 de marzo de 2023, en el área de varones de la estancia provisional migratoria del INM en Ciudad Juárez, se encontraban 67 hombres, a quienes no se les garantizó una estancia digna y de respeto a sus derechos humanos.

Esto debido a que los servidores públicos del INM omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía.

Además, de que personal del INM en su calidad de garante, omitió cumplir con la obligación que implicaba llevar a cabo todas las gestiones y acciones preventivas, necesarias y razonables para salvaguardar la vida e integridad y seguridad personal.

La institución acreditó responsabilidad de la Segob, quien tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, y de la Cancillería quien, a través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, cuenta con funciones de coordinación de las políticas, programas y acciones de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.

CNDH contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de las víctimas.

También solicitó a la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, que, dentro del diseño de la política migratoria y de movilidad humana, establezca las acciones necesarias para reforzar la protección y seguridad de las personas en contexto de migración.

Del mismo modo garantizar el respeto pleno a sus derechos humanos y la no repetición de hechos como los que son materia de análisis en la presente recomendación: entre otras, establecer mecanismos confiables de supervisión, control y verificación migratoria permanentes de las estaciones migratorias.

Así como llevar un registro nacional de personas en contexto de movilidad humana que ingresen a estos establecimientos, además de impulsar acciones y medidas de prevención a efecto de que el INM garantice la reparación integral a las víctimas.

En tanto que la encargada del despacho de la Cancillería, Carmen Moreno Toscano, en su carácter de presidenta de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, recomendó impulsar el diseño de una estrategia de coordinación en materia migratoria, que comprenda acciones de carácter prioritario con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

Con el objetivo que permitan y garanticen la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas en contexto de migración, además de establecer mecanismos de coordinación y responsabilidad, que garanticen el establecimiento de una política migratoria y, por ende, el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad que transiten en el territorio nacional.

Al comisionado del INM, Francisco Garduño, se le instruyó colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y sus familias.

A través de la noticia de hechos que se realice a esa Comisión Ejecutiva con la presente Recomendación, y que esté acompañada de los Formatos Únicos de Declaración de la CEAV.
Una vez que ésta emita el dictamen conforme a las violaciones a derechos humanos descritas y acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, proceda a la reparación integral del daño a las 67 víctimas y sus familiares, en términos de la Ley General de Víctimas.

Además de colaborar ampliamente en la integración de las Causas Penales 1, 2, 3, 4 y 5, radicadas con motivo de la Carpeta de Investigación 1, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los hechos en agravio de las 67 víctimas, causas penales y carpeta de investigación.

También que coadyuve con las autoridades investigadoras en el seguimiento del Expediente administrativo iniciado por los hechos materia de la queja; e instruir a quien corresponda, para que, en el plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación, se realicen visitas de revisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales en Chihuahua.

Esto a efecto de reportar la situación actual física e identificar las adecuaciones que resulten necesarias para garantizar que cumplan con los programas en materia de protección civil.

La CNDH subrayó que, en un plazo de seis meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación, se impartan capacitaciones en materia de protección civil, así como un curso integral sobre los derechos humanos a la protección de la vida, al trato digno y a la integridad personal de las personas en contexto de migración que se encuentren sujetas a procedimientos administrativos migratorios.