INM

Después del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones no gubernamentales trabajan para dignificar las estancias del país conforme a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evitar otra tragedia y diluir el estigma carcelario.

“Estoy vinculado a proceso como responsable de los hechos y por eso tengo que recapacitar (…) Hay que humanizar estaciones migratorias y tutelar que las cobijen los derechos humanos. Si en algún momento los hemos ofendido con palabra o conducta les pedimos perdón. Caminen con libertad”, expresó Francisco Garduño, comisionado de la institución, a casi cuatro meses del incidente en el que 40 extranjeros murieron.

Ante la exigencia de detener las constantes violaciones a los derechos de las personas en situación de movilidad y como seguimiento a los acuerdos del Decálogo Migrante, el titular del INM anunció que ha permitido que la ONG Agenda Migrante inicie la conversión del ambiente hostil de las estancias a uno que favorezca los derechos de extranjeros que se desplazan o buscan refugio en el país.

Así, la estación Las Agujas, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, es el primer inmueble que se transformará en un Centro de Atención Integral al Migrante donde además de gestionar procesos de movilidad, se proyecta brindar asistencia emocional y física.

De acuerdo con Garduño, desde 1990 no se ha remodelado ninguna de las 56 estaciones permanentes y provisionales que hay en México, por lo que las instalaciones del sistema migratorio seguían alineadas a un sistema de seguridad que no empatizaba con los migrantes.

“La necesidad de la no repetición nos hace un replanteamiento de construcción de las estaciones migratorias, quitándoles los barrotes, los candados, dejando las puertas abiertas y bajo otras condiciones totalmente diferentes a lo que se venía señalando. Esta transformación implicará la no repetición”, afirmó en entrevista con El Universal.

Senadores del PAN exhortaron a la Fiscalía General de la República a compartir con esta soberanía, por los medios que se consideren legales e idóneos para ello, los resultados preliminares de la investigación sobre la tragedia sucedida en la estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo de 2023, donde murieron 40 migrantes y otros 30 resultaron con heridas graves.

A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhortó a la FGR compartir también información sobre la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otras autoridades investigadas por su probable responsabilidad en lo sucedido.

Cabe destacar que el pasado 24 de abril la FGR presentó una acusación formal en contra de Francisco Garduño, por el incendio que causó la muerte de 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, tres meses después, la FGR no ha ejercido ningún tipo de acción penal contra el funcionario quien ha dicho que no renunciará al cargo y no tuvo ninguna responsabilidad en dicha tragedia, todo ello en medio de un proceso de militarización de las estaciones del INM y del endurecimiento de las políticas migratorias que incluyen aumento en las detenciones y deportaciones.

Se añade en el documento que la investigación de lo sucedido en Ciudad Juárez debe extenderse para revisar también muchas otras irregularidades en la gestión migratoria mexicana.

De 2018 a 2020, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación registró casi 547 millones de pesos pendientes de aclarar por parte del INM. Durante esta auditoría se revisaron 21 estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur.

“Todo parece indicar que la situación de la política migratoria mexicana es la peor en décadas y que en lugar de prepararse para enfrentar nuevos retos no puede ni siquiera resolver las necesidades de infraestructura y equipamiento básico”.

“La improvisación, la torpeza y la falta total de escrúpulos y cuidado con los derechos humanos que caracterizan a esta administración, se advierte también la ausencia total de una estrategia para hacer frente a los desafíos de un repunte migratorio que por razones estructurales parece que se permanecerá por mucho tiempo”, se argumenta en el punto de acuerdo.

Ocho sobrevivientes del incendio dentro de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, alzaron la voz para pedirle al gobierno mexicano una serie de acciones que les garanticen la verdad, justicia y reparación del daño.

Su postura se presenta luego de que durante esta semana una reunión con senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación ubicada en el puente Lerdo-Stanton, en esta frontera.

Los sobrevivientes señalaron que el incendio les dejó secuelas de por vida, en su salud física y mental, ya que a algunos de ellos les amputaron partes de su cuerpo.

“Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”, dicen los migrantes en un posicionamiento que se compartió después de la reunión con los Senadores.

A más de cien días de haber ocurrido el incendio que dejó 27 lesionado y 40 migrantes fallecidos, aseguran que algunos de ellos continúan en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de órganos e incluso uno de ellos perdió un brazo.

“Algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio. Aunque el Instituto Nacional de Migración ha solventado nuestros gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para nosotros recordar esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron, o subir a esas camionetas, las mismas que nos llevaron a la cárcel migratoria en Ciudad Juárez, señalaron los migrantes sobrevivientes.

Además, reclamaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha dado información clara, tampoco conocen sus expedientes médicos, ni saben cuánto tiempo van a seguir bajo cuidado médico o qué va a pasar con ellos.

Por esa razón, los migrantes lanzaron seis peticiones al gobierno de México las cuales son:
Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.

Como segunda petición está la atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, así como la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También solicitaron facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas, se les regresen sus pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República y que no existan represalias contra ellos y sus familias en México y en sus países de origen.

Además, pidieron una reunificación familiar, es decir, traer a sus hijas e hijos, quienes se quedaron en sus países de origen, así como atención médica a sus familias que están cuidándolos mientras están en proceso de recuperación.

Los ocho migrantes, víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez están siendo acompañados en su lucha de verdad y de justicia por organizaciones como: Familia Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD), Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), entre otros.

Tuvieron que pasar tres meses para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunciara, condenara y emitiera recomendaciones sobre el incendio que cobró la vida de 40 migrantes y dejará 27 más lesionados en la estación migratoria del Puente Lerdo en Ciudad Juárez, condenan organismos locales.