INM

La responsabilidad de dirigir al Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua recayó desde el pasado fin de semana en quien fungía como enlace del Programa Paisano en el estado, José Andrés Quevedo Ramírez, dio a conocer el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Hay un encargado de despacho en este momento, es Andrés Quevedo, es una persona que tiene mucha experiencia en esto, él ha estado a cargo del Programa Paisano, le deseamos lo mejor en esta posición tan difícil, en este momento particularmente que estamos viviendo”, expresó el representante del Gobierno Federal.

Señaló que ese nombramiento fue hecho hace un par de días y que será la INM a nivel central, la Secretaría de Gobernación y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes definirán quien quedará al frente del instituto.

Desde Bienestar, agregó, se está al pendiente del albergue Leona Vicario, de los acuerdos hechos con la red de refugios, todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria y el compromiso con la Secretaría del Trabajo para sacar adelante esta situación.

También fijó una postura con relación a que la semana pasada hubo versiones públicas acerca de que él no había asistido a la Mesa para la Construcción de la Paz, donde se hizo la petición para se fijará postura del Gobierno de México por parte del Gobierno del Estado.

Aunque funcionarios estatales criticaron que Loera de la Rosa no se presentó, dijo que sí hay una representación de los Programas para el Desarrollo en la persona de Rafael Mata Márquez, quien atiende la coordinación todos los días de forma presencial o virtual.

Su inasistencia, argumentó, se generó la semana pasada debido a que fue intervenido quirúrgicamente.

Enfatizó que es una especie de “rudeza innecesaria” cómo la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, plantea su comparecencia para que explique la política migratoria en el país.

Mostró la Ley de Protección a Derecho de Migrantes, publicada en el Periódico Oficial del estado (POE) el 23 julio 2016, a finales del sexenio de César Duarte Jáquez, que en su Artículo 9 establece que los entes públicos, particularmente los ubicados en la zona fronteriza, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, brindarán atenciones, entre las que se encuentran las dirigidas a prestar ayuda humanitaria.

El inciso 10, continuó, indica que se debe proporcionar alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, de orientación social y, en su caso, servicio de transporte, es lo que está obligado también el Gobierno del Estado.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, continuará en su cargo hasta que exista una resolución judicial que lo inhabilite, declaró ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, dijo en rueda de prensa tras una reunión con senadores de Morena y sus aliados.

Reveló que mantiene comunicación con Garduño Yáñez, quien le informa la situación de las estaciones migratorias del país y ayer le compartió un reporte del caso en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pregunta expresa sobre si el caso debe quedar hasta el nivel del titular del INM o debe ir a funcionarios de más nivel, indicó que la investigación la lleva la FGR y esperará a que haga su trabajo y determine responsabilidades.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en el mismo sentido sobre la permanencia de Garduño Yáñez en su cargo: “Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar la decisión en su momento”, argumentó.

“Hoy en la mañana se habló que puede ser que se acuse a algunos por omisión y a otros por homicidio. Falta que la FGR informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, indicó.

Agregó que Garduño Yáñez al frente del INM “siempre ha tenido un buen desempeño”, pero no lo protegerá si se le comprueban irregularidades.

Descartan que pisen la cárcel

Abogados penalistas consultados por El Universal consideraron que Garduño Yáñez y otros cinco servidores públicos imputados por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez podrían llevar su proceso en libertad.

El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio: “En una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad y, si resultaran culpables, se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.

Jorge Nader, abogado penalista, dijo que el titular del INM no pisará la cárcel: “Ni siquiera se emitiría orden de aprehensión. En caso de ser vinculado a proceso, Garduño Yáñez podría obtener una forma de terminación anticipada para no ir a juicio oral y no tendría obligación legal de renunciar”, expuso.

Los seis empleados federales contra los que procederá penalmente la Fiscalía General de la República (FGR) tras la muerte de 40 migrantes, seguían en sus funciones hasta esta mañana, de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijeron lo anterior luego de la versión difundida donde se mencionaba que el comisionado del INM Francisco Garduño y Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, habrían sido detenidos por elementos de la FGR.

Según las fuentes, siguen en sus puestos también Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria; Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante local del puente Lerdo; Cecilia Sapién, jefa del departamento de Seguridad y Custodia en Janos; así como Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de Recursos Materiales.

Según la ficha de la FGR enviada ayer a los medios de comunicación, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalan, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez.

“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”, se dio a conocer.

Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

Dos semanas después del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente y solicitó órdenes de aprehensión contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.

De acuerdo con la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

También procedió penalmente contra Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y el propio INM, la Fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

Además, omitieron el cumplimiento de la obligación de capacitación, control y supervisión del personal, y quedó en evidencia que Camsa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del siniestro.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.

“La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda”, detalló la dependencia.

La FGR remarcó que los delitos fueron investigados, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un individuo que inició el fuego (migrante), todas ellas ya están en prisión.

Indicó que, con las pruebas obtenidas logró continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como por parte de Camsa.

La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.

Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.

Sólo tuvo dos apariciones

Francisco Garduño estuvo ayer en la mañana en Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de repatriación de los cuerpos de 23 de los migrantes fallecidos.

Previo a eso, el 28 de marzo, un día después del incendio, el INM difundió en redes sociales fotografías de Garduño en los hospitales donde se atendían a los migrantes heridos.

En todo este tiempo no dio declaraciones sobre lo sucedido en las instalaciones a su cargo.

De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, e incluso, probables desvíos de recursos.