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Familias y amigos de 17 guatemaltecos fallecidos en el incendio de un centro migrante sepultan a sus muertos, así lo documentó en un fotoreportaje el periódico estadounidense The New York Times.

Cuarenta personas murieron en el incendio en Ciudad Juárez el mes pasado. El martes, los restos de 17 de las víctimas fueron transportadas a su país. 

“Él no pensaba volver en ataúd”, dijo la viuda de uno de los fallecidos.

Nadie esperaba que regresaran tan rápido.

La semana pasada, los restos de 17 guatemaltecos que murieron en un incendio en un centro de migración cerca de la frontera con Estados Unidos fueron trasladados a casa, donde se declararon tres días de duelo nacional. Estaban entre las 40 personas que fallecieron en marzo en Ciudad Juárez, México, cerca de la frontera con Texas.

No es la primera vez que el presidente de Guatemala declara un periodo de luto similar. Lo ha hecho al menos dos veces antes: en diciembre de 2021, cuando al menos 40 guatemaltecos murieron en un accidente de tránsito en Chiapas, México, y en marzo de ese mismo año, cuando más de una decena de migrantes fueron asesinados a tiros y quemados en Tamaulipas, México.

En lo que va del año, las autoridades guatemaltecas han ayudado a repatriar a 58 ciudadanos fallecidos. En 2022, trajeron de vuelta los cuerpos de 427 personas, 361 de los cuales habían muerto en Estados Unidos. Muchos de ellos eran migrantes que intentaban cruzar la frontera estadounidense.

México ha detenido a cinco personas vinculadas al incendio de marzo. También se espera que la Fiscalía General de México proceda penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración.

Abajo, los restos de los migrantes llegaron a una base de la fuerza área en Ciudad de Guatemala el martes por la noche.

Francisco Gaspar Rojche Chiquival, de 24 años, y Miguel Rojché Zapalu, de 40, fueron dos de los hombres sepultados en Chicacao, una comunidad predominantemente indígena en el suroeste de Guatemala. Eran tío y sobrino y habían salido rumbo a Estados Unidos el 19 de marzo.

Dos de las hijas de Rojché Zapalu atendieron a su velorio.

Sus familiares dijeron que habían tenido que recurrir a préstamos para cubrir las tarifas de los coyotes —contrabandistas de personas— que pedían entre 15.000 a 19.000 dólares por cada migrante. Los hombres habían sido detenidos cerca de la frontera con Estados Unidos y se tenía previsto que fueran deportados a Guatemala.

“Él no pensaba volver en ataúd”, dijo Rosa Elvira Chiquival, la viuda de Rojché Zapalu, de 37 años. Recordó que la familia salió a abrazarlo la mañana que se fue. Chiquival tiene seis hijos, con edades de entre los 3 y los 15 años. También recordó que les dijo: ‘Tengo que ir por ustedes, para salir adelante’”.

El entierro de Rojché Zapalu en San Pedro Cutzán.

El entierro de Rojche Chiquival.

“El presidente de México tiene que buscar a la gente con responsabilidad”, dijo Aurelia Gutiérrez, familiar de Rojche Chiquival, de 50 años, mientras una banda funeraria tocaba. “Ellos no son ladrones, buscan la manera de sostener a la familia porque aquí, en Guatemala, todas las cosas están caras”.

El velorio de Marcos Abdón Tziquin Cuc, de 21 años, en la aldea de Paquilá.

Familiares y amigos cargando el ataúd de Gaspar Josué Cuc Tziquín.

El ataúd de Cuc Tziquín fue sepultado en el cementerio.

Familiares y amigos durante el funeral de Cuc Tziquín.

La responsabilidad de dirigir al Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua recayó desde el pasado fin de semana en quien fungía como enlace del Programa Paisano en el estado, José Andrés Quevedo Ramírez, dio a conocer el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Hay un encargado de despacho en este momento, es Andrés Quevedo, es una persona que tiene mucha experiencia en esto, él ha estado a cargo del Programa Paisano, le deseamos lo mejor en esta posición tan difícil, en este momento particularmente que estamos viviendo”, expresó el representante del Gobierno Federal.

Señaló que ese nombramiento fue hecho hace un par de días y que será la INM a nivel central, la Secretaría de Gobernación y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes definirán quien quedará al frente del instituto.

Desde Bienestar, agregó, se está al pendiente del albergue Leona Vicario, de los acuerdos hechos con la red de refugios, todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria y el compromiso con la Secretaría del Trabajo para sacar adelante esta situación.

También fijó una postura con relación a que la semana pasada hubo versiones públicas acerca de que él no había asistido a la Mesa para la Construcción de la Paz, donde se hizo la petición para se fijará postura del Gobierno de México por parte del Gobierno del Estado.

Aunque funcionarios estatales criticaron que Loera de la Rosa no se presentó, dijo que sí hay una representación de los Programas para el Desarrollo en la persona de Rafael Mata Márquez, quien atiende la coordinación todos los días de forma presencial o virtual.

Su inasistencia, argumentó, se generó la semana pasada debido a que fue intervenido quirúrgicamente.

Enfatizó que es una especie de “rudeza innecesaria” cómo la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, plantea su comparecencia para que explique la política migratoria en el país.

Mostró la Ley de Protección a Derecho de Migrantes, publicada en el Periódico Oficial del estado (POE) el 23 julio 2016, a finales del sexenio de César Duarte Jáquez, que en su Artículo 9 establece que los entes públicos, particularmente los ubicados en la zona fronteriza, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, brindarán atenciones, entre las que se encuentran las dirigidas a prestar ayuda humanitaria.

El inciso 10, continuó, indica que se debe proporcionar alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, de orientación social y, en su caso, servicio de transporte, es lo que está obligado también el Gobierno del Estado.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, continuará en su cargo hasta que exista una resolución judicial que lo inhabilite, declaró ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, dijo en rueda de prensa tras una reunión con senadores de Morena y sus aliados.

Reveló que mantiene comunicación con Garduño Yáñez, quien le informa la situación de las estaciones migratorias del país y ayer le compartió un reporte del caso en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pregunta expresa sobre si el caso debe quedar hasta el nivel del titular del INM o debe ir a funcionarios de más nivel, indicó que la investigación la lleva la FGR y esperará a que haga su trabajo y determine responsabilidades.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en el mismo sentido sobre la permanencia de Garduño Yáñez en su cargo: “Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar la decisión en su momento”, argumentó.

“Hoy en la mañana se habló que puede ser que se acuse a algunos por omisión y a otros por homicidio. Falta que la FGR informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, indicó.

Agregó que Garduño Yáñez al frente del INM “siempre ha tenido un buen desempeño”, pero no lo protegerá si se le comprueban irregularidades.

Descartan que pisen la cárcel

Abogados penalistas consultados por El Universal consideraron que Garduño Yáñez y otros cinco servidores públicos imputados por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez podrían llevar su proceso en libertad.

El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio: “En una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad y, si resultaran culpables, se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.

Jorge Nader, abogado penalista, dijo que el titular del INM no pisará la cárcel: “Ni siquiera se emitiría orden de aprehensión. En caso de ser vinculado a proceso, Garduño Yáñez podría obtener una forma de terminación anticipada para no ir a juicio oral y no tendría obligación legal de renunciar”, expuso.

Los seis empleados federales contra los que procederá penalmente la Fiscalía General de la República (FGR) tras la muerte de 40 migrantes, seguían en sus funciones hasta esta mañana, de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijeron lo anterior luego de la versión difundida donde se mencionaba que el comisionado del INM Francisco Garduño y Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, habrían sido detenidos por elementos de la FGR.

Según las fuentes, siguen en sus puestos también Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria; Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante local del puente Lerdo; Cecilia Sapién, jefa del departamento de Seguridad y Custodia en Janos; así como Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de Recursos Materiales.

Según la ficha de la FGR enviada ayer a los medios de comunicación, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalan, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez. 

“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”, se dio a conocer.

Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

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