Norte De Chihuahua

Más que noticias, hacemos periodismo

INM

Manuel Alfonso Marín Salazar, itular de la Oficina de Representación (OR) Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), será removido de su cargo y en su lugar entra Jorge Alejandro Palau Hernández.

Personal del INM mencionó que desde el pasado lunes el nuevo encargado fue presentado ante los empleados federales que operan en esta frontera.

Según trascendió extraoficialmente, Palau Hernández asumirá el puesto de manera formal el próximo 1 de marzo.

A su vez, Marín Salazar seguirá encargado hasta el próximo jueves 29 de febrero y de momento trabaja en la entrega de la oficina.

Éste último asumió el día 22 de mayo del 2023 luego de la detención del contraalmirante Salvador González Guerrero, tras el incendio de la estación migratoria del puente Lerdo donde resultaron 40 extranjeros muertos y 27 lesionados.

Respecto a Palau Hernández,  de acuerdo a notas periodísticas, estuvo de encargado de la estación migratoria de la Ciudad de México.

Según los archivos, Palau Hernández participó en la redada el 28 de agosto de 2021 en la carretera Tapachula-Arriaga, contra la primera caravana migrante que intentó salir de Chiapas, junto con otros elementos de Migración, fecha en la que junto a otro elemento migratorio identificado como Aldo Robledo Páez, agredieron presuntamente a migrantes, por lo que ambos fueron suspendidos y aunque a pocos días se le vio en funciones.

Tras ser exhibidos, el INM informó en su momento que ambos funcionarios habían sido separados de sus cargos para investigarlos, pero en realidad nunca dejaron de estar en funciones y ahora será el encargado de la política migratoria en Juárez y el estado de Chihuahua.

La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.

Ante el incremento de casos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en las redes de tráfico de personas, los legisladores destacaron que es necesaria esta reforma porque actualmente no hay sanción en específico para este delito.

En el proyecto, que modifica la Ley de Migración, se argumenta que el delito de tráfico ilegal de personas no se encuentra regulado como una sanción administrativa.

Además, destacaron que el fenómeno masivo de personas migrantes que transitan por nuestro país ha provocado que niñas, niños, adolescentes y mujeres se encuentren en un estado de desprotección, por lo que “el sistema penal requiere enriquecerse basado en el principio del interés superior de la niñez”.

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, dijo que al incorporar una agravante específica para los funcionarios públicos implicados en esta práctica se manda un mensaje claro de que en México no se tolera la explotación y el abuso de quienes buscan una vida mejor.

“Estamos conscientes que el fenómeno migratorio ha presentado un gran desafío en la política de nuestro país, somos testigos de un alto crecimiento de personas migrantes que entran y salen de México con el propósito de buscar una mejor calidad de vida cuyos países no pueden garantizarles”, expresó.

Agregó que muchas de las personas migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desprotegidos, al verse perjudicadas por delincuentes que buscan atentar contra su integridad y dignidad.

Señaló que la destitución e inhabilitación para los servidores públicos que intervengan en la comisión del delito de tráfico ilegal de personas es una medida contundente que refuerza el mensaje de que el Estado está comprometido con la erradicación de este tipo de prácticas.

El dictamen precisa que cuando el autor material o intelectual sea servidor público, además de la pena prevista para el tráfico ilegal de personas, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

“Desde el Congreso local, hemos estado haciendo un llamado constante al Gobierno Federal para que tome medidas urgentes frente a la creciente crisis migratoria”, reclamó la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos. 

La diputada señaló que las peticiones del Poder Legislativo para el Gobierno Federal de atender con mayores recursos a la población migrante que atraviesa la entidad, han sido “ignoradas” hasta alcanzar un nivel crítico, que se agrava a diario con los pronósticos climáticos propios de la temporada. 

Por lo que, Bujanda Ríos solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que despliegue de manera urgente a equipos de atención de emergencia para proveer refugio, alimentación y atención médica a las y los migrantes en el estado de Chihuahua. 

Mientras que, la diputada Isela Martínez, insistió en que es inadmisible la falta de atención al tema de migración, especialmente en la llegada de la cuarta tormenta invernal que trajo temperaturas extremas en distintos puntos de la entidad, exponiendo a quienes se encuentran en situación de migración. 

“Durante los tres días con temperaturas más extremas para nuestro estado, el Gobierno Federal no emprendió ni una sola acción con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de los cientos de migrantes que se encuentran actualmente en Chihuahua”, detalló. 

En la sesión, los acuerdos de ambas diputadas para exigir la atención a la población migrante, fueron aprobados. No obstante, el punto fue debatido por el diputado de Morena Óscar Castrejón, quien les reprochó que solo responsabilicen al Gobierno Federal, cuando corresponde a los tres niveles de gobierno. 

El diputado lamentó el llamado del PAN y criticó que solo lleven a los migrantes a albergues, “por una migaja que gastan en unos albergues, comparado con mucho dinero que gastan como en el Torneo de la Amistad, les pueden las migajas para la gente pobre, para los migrantes”.

Alcaldes y organizaciones defensoras de migrantes han señalado que reciben presiones de autoridades federales como Migración y la Guardia Nacional para que dejen de apoyar a las personas en situación de movilidad.

El alcalde de Jiménez, Marcos Chávez Torres, lamentó que las autoridades federales le reprochen el apoyo que su administración proporciona a los grupos migrantes.

“He tenido algunas situaciones lamentables con Guardia Nacional y Migración, que me reprochan que apoye a las personas migrantes; me dicen que deje de ayudarles, que si he de apoyar que sea para que se regresen a sus países de origen”, lamentó el edil.

Chávez Torres refirió que justo después de la reunión que autoridades estadounidenses tuvieron con sus homónimos de México para estudiar el fenómeno migratorio, el flujo de personas en movilidad se detuvo dramáticamente.

“El último grupo grande que atendimos fue el de unas mil 500 personas que habían quedado varadas en el ferrocarril el pasado 26 de diciembre y que tuvimos que asistir porque se nos estaban congelando”, lamentó.

Resaltó que esperaban un gran grupo procedente de Coahuila y Durango, pero tras la referida reunión binacional el flujo se redujo a pequeños grupos que muy pronto son dispersados por elementos de la Secretaría de Gobernación y Guardia Nacional.

“Yo aquí seguiré apoyando a quien lo necesite, con alimentos y con los albergues que habilitamos en gimnasios y otros espacios, porque ante todo somos humanos y tenemos qué ver por nuestros semejantes”, dijo el edil.