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Un juez de Justicia Cívica fue presentado ante la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento y transparencia a una denuncia de corrupción.

El Gobierno Municipal informó en comunicado de prensa que, de acuerdo con una denuncia ciudadana, el juez Ruben V., adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, habría incurrido en presuntos actos de deshonestidad por los cuales ha sido necesario ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Detalló que se actúo en el caso para que se integre una carpeta de investigación, “bajo el entendido que quien se desvía de los valores y el correcto actuar de un funcionario público no será tolerado en esta corporación, sin importar el área donde se desempeñe”.

“La Dirección de Seguridad Pública Municipal expresa y reitera su total disposición de coadyuvar ante la instancia mencionada con los recursos disponibles a su alcance para llegar al esclarecimiento total y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, concluye el comunicado oficial.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz.

Esto, luego de detectar en al menos cinco casos irregularidades en su actuación, que favorecieron a imputados relacionados con investigaciones del caso Nochixtlán, narcotráfico y de incumplimiento a resoluciones de amparo.

En noviembre de 2022, la FGR imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó seis civiles fallecidos y 27 heridos por disparo de armas de fuego y a pesar de que debían permanecer en prisión preventiva, el juez determinó que continuarían su proceso penal en libertad.

El juzgador sólo les fijó una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo la Constitución y las reglas del procedimiento penal.

“En junio de este año, el juez Niño Cruz, nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos, a quien se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, pese a la solicitud de la fiscalía de imponer prisión preventiva, por lo que únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal”, resaltó la Fiscalía General de la República.

Detalló que, en esa misma audiencia, el juez no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quien fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la fiscalía.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos le concedió a un adulto declarado interdicto, la protección de la justicia federal para que se le respete su derecho de audiencia, en la que sea escuchado sobre quién desea que ejerza su tutoría y el lugar en dónde quiere vivir.

El juicio de amparo fue promovido por dos hijas y su padre, quienes reclamaron que, en un proceso emprendido por la cónyuge del quejoso con la finalidad de declararlo en estado de interdicción, se transgredió su garantía de audiencia pues se tomaron decisiones sin darle oportunidad de expresar su opinión.

En el juicio de origen, el juez familiar designó como tutora interina a la cónyuge del quejoso y requirió a las hijas que entregaran a su padre, pues debía residir en su domicilio conyugal; sin tomar en cuenta la petición de éste de querer vivir junto a su hija.

Para resolver el juicio de amparo indirecto 92/2023, el juez José Leovigildo Martínez efectuó una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, definen la figura del estado de interdicción desde el punto de vista del modelo social y del modelo de “asistencia en la toma de decisiones” contemplados en la citada Convención.

Luego de estudiar la entrevista y el único dictamen médico realizado al presunto interdicto, Martínez estimó que la autoridad responsable, a saber, el juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, debió tener en cuenta que si bien una persona con una diversidad funcional de tipo cognitivo generalmente presenta un lenguaje diferente que puede ser menos fluido, desordenado o interrumpido, ello no imposibilita que el quejoso pueda externar su voluntad.

De la entrevista y dictamen médico se desprende que el quejoso es abogado y que se dedicó a los bienes raíces, que es capaz de asearse y comer por sí mismo.

Los expertos lo percibieron cooperador, con atención, con lenguaje expresivo, aunque sin poder responder a interrogantes relacionadas con la fecha y lugar en que se encontraba.
La sentencia establece que, al negarle la garantía de audiencia al quejoso, se pueden configurar actos privativos sobre su persona y sus bienes, por eso se requiere su participación en el proceso judicial, pues de lo contrario se estaría en franca violación de todos sus derechos.

También se advirtió que no es aceptable que, con pretexto de su discapacidad, ni siquiera se contemple la posibilidad de ser escuchado, vulnerando su derecho de acceso a la justicia, y el principio de igualdad y no discriminación.

El juez Martínez señaló que el juzgador familiar debió dar intervención y escuchar al presunto incapaz, a través de un modelo idóneo de asistencia con el objeto de guiarlo y aconsejarlo en la toma de sus decisiones sin poner en riesgo su integridad física, emocional y social.

La sentencia estipula que el estado de interdicción no puede ser interpretado como una institución en la que el tutor sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, sino que debe asistirla para que ésta tome sus propias decisiones, en aras de incentivar su autonomía.

En consecuencia, ordenó reponer el procedimiento del juicio de origen para el efecto de que el juez familiar, previo a pronunciarse respecto a la designación de tutor interino y lugar de residencia del directo quejoso, permita que éste exprese su voluntad, velando que tal decisión sea respetada y acatada sin que se ponga en riesgo.

Además, conminó a la autoridad responsable a realizar las subsecuentes actuaciones bajo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto con la única limitante que los efectos que genere la voluntad del presunto interdicto serán proporcionales al grado de discapacidad que el juez familiar responsable, auxiliado de los peritos que estime convenientes, establezca.

Lo anterior, enfatizando que en caso de que el presunto interdicto no pueda externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá tomar las decisiones por él, pero tal escenario será excepcional y estará sujeto a un mayor escrutinio judicial.

VLa presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A. C, Emilia Molina de la Fuente expresó su preocupación por la actuación de las autoridades contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida este viernes en la Ciudad de México, afuera del hotel donde se hospedaba, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

En entrevista, la magistrada calificó de “muy grave” la agresión a la independencia judicial y hacia la jueza, quien, dijo, sigue siendo víctima de violencia institucional del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, porque dictó una resolución en acatamiento a una sentencia de amparo.

“A todas las personas juzgadoras nos preocupa esta forma de actuación, que tememos sea ya una forma institucionalizada para lograr lo que quieren o para atacar cuando no se ha logrado una resolución a favor”, expresó.

En este marco, Molina de la Fuente afirmó que los jueces no quieren popularidad, sino respeto a su independencia judicial, pues una sociedad donde no haya jueces libres, “es una dictadura, no se puede decir de otra manera”.

Y añadió: Los jueces, las juezas estamos convencidos de nuestro trabajo, estamos firmes haciendo nuestro trabajo con total independencia y advirtiendo esto hacemos nuestro posicionamiento firme, lo cual no quiere decir que tengamos miedo y tampoco quiere decir que dejemos de hacer nuestro trabajo, pero sí queremos que la sociedad se entere de esta violencia institucional que afecta principalmente a la propia sociedad, los receptores de la violencia son quienes somos juzgadores pero realmente la afectación es a la sociedad”.

Afirmó que la jueza Sánchez Hernández fue detenida pese a que contaba con una suspensión en un juicio de amparo que tramitó para que no la privaran de su libertad.

Sin embargo, “aunque ella le mostró, leyeron la orden de suspensión de todas las maneras se la llevaron entre jaloneos, agrediendo la familia”, para las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco.

“Todos lo vemos como algo que puede pasar a todas y todos, lo estamos viendo como una escalada de violencia institucional hacia las personas juzgadoras y aunque la jueza no sea federal, lo cierto es que todos estamos alzando la voz porque el que le hagan esto a una persona juzgadora, no lo están haciendo a todas las demás”, sentenció.