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El Gobierno Municipal lamentó la decisión del juez sobre la no vinculación a proceso del presunto responsable de agresión sexual contra de un menor de edad del Centro de Desarrollo Infantil Sur, razón por la cual impugnará el fallo para que continúen las investigaciones y estas se realicen de manera exhaustiva.

“Entendiendo que es un caso complejo en donde se han vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde el Municipio se han tomado acciones para proteger el interés superior de los menores por encima de las dudas razonables, y se mantienen firmes las definiciones respecto al cese y procesos administrativos en contra de las personas que ya fueron separadas de su cargo en días pasados”, destacó la dependencia en un comunicado.

Resaltó el Municipio ser respetuoso de las investigaciones que lleve a cabo la autoridad en la materia, pero se mantendrá al pendiente del caso y ofreció todo el apoyo y seguimiento a las madres y padres de familia para realizar las acciones legales que consideren pertinentes.

Por su parte, desde el DIF Municipal se seguirá trabajando en el fortalecimiento, actualización y capacitación permanente para garantizar que todos los protocolos de atención y protección a niñas, niños y adolescentes se cumplan por parte de todo el personal.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo, que se sometiera a revisión y rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el ciclo escolar 2023-2024.

Según el expediente, señala que con fundamento en los artículos 136, 158 y 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de 24 horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en resolución de 25 de mayo del 2023, en los términos precisados en la citada interlocutoria de 29 de junio del 2023.

“Visto el estado procesal que guarda el juicio, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atendiendo a la suspensión definitiva dictada en autos”, detalla el expediente.

Señala que, en consecuencia, con fundamento en los artículos 136, 158 y 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la SEP, Subsecretaría de Educación Básica.

También a la Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que, dentro del término de 24 horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en resolución del 25 de mayo del 2023, en los términos precisados en la citada interlocutoria del 29 de junio del presente año.

Israel Sánchez, encargado de despacho de la Unión de Padres de Familia (UNPF) dijo a EL UNIVERSAL que el 26 de mayo promovieron el amparo y el juicio sigue su curso, la SEP no ha entregado la información en tiempo y forma.

“La jueza (Yadira Mena) lo que otorga es el plazo porque la SEP no ha entregado la información que se le ha solicitado, el juicio sigue… Hay una suspensión definitiva contra estos libros de texto específicamente primer año de primaria y primer año de secundaria.

“Entonces estos libros fueron entregados cosa que no debió haber hecho la autoridad y es un desacato. Por un lado, no entregan la información y por otro lado ya entregaron los libros, no sabemos qué está pasando o qué es lo que quieren hacer”, expresó Sánchez.

Comentó que son libros que realmente no corresponden a planes y programas.

Un juez de Justicia Cívica fue presentado ante la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento y transparencia a una denuncia de corrupción.

El Gobierno Municipal informó en comunicado de prensa que, de acuerdo con una denuncia ciudadana, el juez Ruben V., adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, habría incurrido en presuntos actos de deshonestidad por los cuales ha sido necesario ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Detalló que se actúo en el caso para que se integre una carpeta de investigación, “bajo el entendido que quien se desvía de los valores y el correcto actuar de un funcionario público no será tolerado en esta corporación, sin importar el área donde se desempeñe”.

“La Dirección de Seguridad Pública Municipal expresa y reitera su total disposición de coadyuvar ante la instancia mencionada con los recursos disponibles a su alcance para llegar al esclarecimiento total y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, concluye el comunicado oficial.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz.

Esto, luego de detectar en al menos cinco casos irregularidades en su actuación, que favorecieron a imputados relacionados con investigaciones del caso Nochixtlán, narcotráfico y de incumplimiento a resoluciones de amparo.

En noviembre de 2022, la FGR imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó seis civiles fallecidos y 27 heridos por disparo de armas de fuego y a pesar de que debían permanecer en prisión preventiva, el juez determinó que continuarían su proceso penal en libertad.

El juzgador sólo les fijó una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo la Constitución y las reglas del procedimiento penal.

“En junio de este año, el juez Niño Cruz, nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos, a quien se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, pese a la solicitud de la fiscalía de imponer prisión preventiva, por lo que únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal”, resaltó la Fiscalía General de la República.

Detalló que, en esa misma audiencia, el juez no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quien fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la fiscalía.