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Ricardo Alfonso Santos Dorantes, el juez federal que conduce la audiencia contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, tiene una trayectoria en tribunales de materias administrativa, civil y penal, donde se desempeñó como secretario y ejerció funciones de magistrado de circuito.

Este martes, el juzgador concedió un receso de 12 horas para que la defensa pudiera revisar la carpeta de investigación federal. También autorizó que la imputación, la exposición de datos de prueba y los argumentos de los abogados se desarrollen en privado, por razones de seguridad nacional.

Los registros del Poder Judicial permiten documentar parte de su carrera antes de asumir funciones como juez.

En 2015 participó como secretario en un asunto del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, relacionado con bienes de dominio público en Tamaulipas. Su nombre aparece en el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación.

En 2016 figura como secretario en una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, sobre multas fiscales impuestas por incumplir un mismo requerimiento.

Una sentencia de 2017 lo identifica nuevamente como secretario del tribunal de materias administrativa y civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Posteriormente, su carrera aparece vinculada con la justicia penal federal. Una sentencia de noviembre de 2020 lo registra como secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en Ciudad de México.

Ejerció funciones de magistrado

Un expediente de ese mismo órgano documenta que el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para desempeñar funciones de magistrado de circuito a partir del 16 de enero de 2023, durante la comisión temporal de uno de sus integrantes.

El documento lo identifica como secretario habilitado para ejercer esa función, una condición distinta de un nombramiento definitivo como magistrado.

El directorio judicial consultado lo incluye entre los jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.

Su nombre también aparece en un expediente de repercusión nacional: la nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

De acuerdo con con otros reportes periodísticos, Santos Dorantes libró el mandamiento contra el empresario, su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello y otras cuatro personas, por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación comprende movimientos por casi 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025. La intervención atribuida al juez corresponde a la autorización de una captura, no a una sentencia condenatoria.

Ahora conduce la audiencia federal contra Jáuregui por la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal, realizado en abril en la Sierra Tarahumara.

La diligencia se retomará este martes a las 21:00, después del plazo concedido a la defensa para revisar la investigación.

El Poder Judicial de la Federación inició este miércoles un Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, luego de las quejas presentadas por personal del órgano jurisdiccional en contra de su titular, el juez Gabriel Galván Morales, por presuntos malos tratos y acoso laboral.

La evaluación está a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes se encuentran ya en esta frontera para conocer de primera mano las condiciones que prevalecen en el juzgado y recabar información sobre su funcionamiento.

De acuerdo con la resolución, cuya copia obra en poder de Norte Digital, la Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la visita mediante el acuerdo CEEBRADEV-19/2025, emitido el 29 de mayo de este año.

Los trabajos de evaluación estarán encabezados por Alberto Díaz Díaz, adscrito a la Región Norte del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

El documento establece que durante la visita se recibirán opiniones, comentarios, quejas e información, ya sea de manera escrita, verbal o electrónica, relacionadas con el desempeño del Juzgado Quinto de Distrito.

La revisión se lleva a cabo después de que salieran a la luz diversas inconformidades del personal del órgano jurisdiccional, cuyos trabajadores señalaron al juez Gabriel Galván Morales por presuntos malos tratos y conductas de acoso laboral hacia sus colaboradores.

Como parte de las acciones previas a esta evaluación, el pasado 29 de junio estuvieron en Ciudad Juárez Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación.

Durante esa visita sostuvieron reuniones con trabajadores del juzgado para escuchar, de viva voz, las quejas e inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y el trato recibido dentro del nuevo sistema judicial.

Con esta nueva diligencia, el Tribunal de Disciplina Judicial busca dar seguimiento a los señalamientos y obtener información que permita evaluar el desempeño del órgano jurisdiccional y determinar si existen elementos que ameriten la adopción de medidas adicionales.

La candidatura de Rafael Sánchez Martínez para ocupar el cargo de juez penal por el Distrito Jiménez, ha generado polémica en redes sociales debido a una sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura por presuntos actos irregulares cometidos durante su etapa como actuario del Poder Judicial del Estado. Sánchez Martínez fue separado de su cargo tras incurrir en al menos cinco faltas, algunas de ellas consideradas graves.

Entre las acusaciones en su contra, destaca la falsificación de firmas en diligencias de notificación y otros actos irregulares que afectaron la resolución de sentencias judiciales.

“Por su culpa se libraron órdenes de aprehensión indebidas, restringiendo los derechos de los imputados y violando sus garantías. También por su culpa se retardó la justicia para las víctimas”, señala uno de los mensajes que circulan en redes sociales.

De acuerdo con el Acta CJE 15, que documenta la sentencia en su contra, Sánchez Martínez fue declarado responsable administrativamente de faltas graves contempladas en el artículo 240, fracciones VII y VIII, así como de faltas no graves marcadas en el artículo 241, fracciones III, VII y VIII de la Ley Orgánica. Sin embargo, no se le encontró responsable de otras faltas graves señaladas en los artículos 57 de la Ley General y 240, fracciones I, II y V, ni de la falta no grave del artículo 241, fracción IX.

A pesar de ello, se le aplicó la sanción de destitución por cometer actos que sí encuadraron en la categoría de “faltas graves”. Fuentes internas del Poder Judicial confirmaron a Norte Digital la existencia de esta sentencia, aunque Sánchez Martínez interpuso un juicio de amparo para impugnar las resoluciones en su contra.

Entre los actos que se le imputan, se encuentra la falsificación de firmas de personas a quienes debía notificar, así como la asunción de datos falsos para beneficiar a imputados, presuntamente a cambio de dinero.

Pese a este historial, el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo del Estado avaló su candidatura para contender como juez penal del Distrito Jiménez, con cabecera en el municipio del mismo nombre.

El 22 de febrero, Sánchez Martínez anunció en su cuenta de Facebook: “Después de haber pasado una serie de filtros, el día de hoy oficialmente soy candidato en la boleta por parte del Poder Ejecutivo para Juez Penal en Jiménez. ¡Nos vemos este 1 de junio!”. Posteriormente, el 1 de marzo, informó que había renunciado a su candidatura como Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal del 17º Circuito para poder contender en la elección local.

Las listas de candidatos a cargos del Poder Judicial, tanto para jueces como magistrados, ya se encuentran en manos del Instituto Estatal Electoral (IEE) para su inclusión en las boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 1 de junio.

Este martes previo a la sesión del Congreso del Estado, cuatro mujeres se manifestaron y exigieron a los diputados, atención a los casos que lleva el juez de control, Jorge Napoleón Raya Valdés, en especial, en delitos de violación y pensiones alimenticias.

Las mujeres dijeron que el juez celebró una audiencia, el pasado domingo en la que en solo dos minutos, dejó en libertad a Carlos Jaciel C.P., de 18 años de edad, acusado de violación en contra de una joven de 16 años.

El argumento del juez fue que el joven no actúa ni piensa acorde a su edad, por lo tanto no es “consciente de la cosas y actúa agresivamente”, explicaron las mujeres, quienes denunciaron que el juez carece de perspectiva de género y derechos humanos.

Una de las familiares de la víctima, agregó que la joven se ha visto afectada en su salud mental, debido a la forma en que ha sido revictimizada, no desea acudir a la escuela, tampoco quiere estar en su casa y ha sido canalizada con psiquiatras para su atención.

Mientras que, Jaciel C.P. sólo se le impuso no acercarse a la joven, además de señalar que él sí ha podido continuar con su vida, escuela, trabajar y jugar fútbol, actividades en las que no se ha visto imposibilitado, como manifestaron para el auto de libertad.

En otro caso, denunciaron que el mismo juez ordenó una pensión alimenticia de mil quinientos pesos, cuando el responsable de familia gana alrededor de 100 mil pesos mensuales.

“¿Quién vive con 1500 pesos al mes?”, gritaron en la sala de prensa a un costado de las y los diputados.

Las mujeres dijeron que son acompañadas por el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, en donde han recibido atención puntual y que están en proceso de apelar el auto de libertad, y que no cederán hasta que se revoque la sentencia y se castigue de forma ejemplar al juez por “misógino”.

Al momento, informaron que la diputada del PRI, Ivón Salazar fue la primera en recibirlas y comprometerse en acompañar los casos.

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