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El Poder Judicial de la Federación inició este miércoles un Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, luego de las quejas presentadas por personal del órgano jurisdiccional en contra de su titular, el juez Gabriel Galván Morales, por presuntos malos tratos y acoso laboral.

La evaluación está a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes se encuentran ya en esta frontera para conocer de primera mano las condiciones que prevalecen en el juzgado y recabar información sobre su funcionamiento.

De acuerdo con la resolución, cuya copia obra en poder de Norte Digital, la Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la visita mediante el acuerdo CEEBRADEV-19/2025, emitido el 29 de mayo de este año.

Los trabajos de evaluación estarán encabezados por Alberto Díaz Díaz, adscrito a la Región Norte del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

El documento establece que durante la visita se recibirán opiniones, comentarios, quejas e información, ya sea de manera escrita, verbal o electrónica, relacionadas con el desempeño del Juzgado Quinto de Distrito.

La revisión se lleva a cabo después de que salieran a la luz diversas inconformidades del personal del órgano jurisdiccional, cuyos trabajadores señalaron al juez Gabriel Galván Morales por presuntos malos tratos y conductas de acoso laboral hacia sus colaboradores.

Como parte de las acciones previas a esta evaluación, el pasado 29 de junio estuvieron en Ciudad Juárez Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación.

Durante esa visita sostuvieron reuniones con trabajadores del juzgado para escuchar, de viva voz, las quejas e inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y el trato recibido dentro del nuevo sistema judicial.

Con esta nueva diligencia, el Tribunal de Disciplina Judicial busca dar seguimiento a los señalamientos y obtener información que permita evaluar el desempeño del órgano jurisdiccional y determinar si existen elementos que ameriten la adopción de medidas adicionales.

La candidatura de Rafael Sánchez Martínez para ocupar el cargo de juez penal por el Distrito Jiménez, ha generado polémica en redes sociales debido a una sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura por presuntos actos irregulares cometidos durante su etapa como actuario del Poder Judicial del Estado. Sánchez Martínez fue separado de su cargo tras incurrir en al menos cinco faltas, algunas de ellas consideradas graves.

Entre las acusaciones en su contra, destaca la falsificación de firmas en diligencias de notificación y otros actos irregulares que afectaron la resolución de sentencias judiciales.

“Por su culpa se libraron órdenes de aprehensión indebidas, restringiendo los derechos de los imputados y violando sus garantías. También por su culpa se retardó la justicia para las víctimas”, señala uno de los mensajes que circulan en redes sociales.

De acuerdo con el Acta CJE 15, que documenta la sentencia en su contra, Sánchez Martínez fue declarado responsable administrativamente de faltas graves contempladas en el artículo 240, fracciones VII y VIII, así como de faltas no graves marcadas en el artículo 241, fracciones III, VII y VIII de la Ley Orgánica. Sin embargo, no se le encontró responsable de otras faltas graves señaladas en los artículos 57 de la Ley General y 240, fracciones I, II y V, ni de la falta no grave del artículo 241, fracción IX.

A pesar de ello, se le aplicó la sanción de destitución por cometer actos que sí encuadraron en la categoría de “faltas graves”. Fuentes internas del Poder Judicial confirmaron a Norte Digital la existencia de esta sentencia, aunque Sánchez Martínez interpuso un juicio de amparo para impugnar las resoluciones en su contra.

Entre los actos que se le imputan, se encuentra la falsificación de firmas de personas a quienes debía notificar, así como la asunción de datos falsos para beneficiar a imputados, presuntamente a cambio de dinero.

Pese a este historial, el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo del Estado avaló su candidatura para contender como juez penal del Distrito Jiménez, con cabecera en el municipio del mismo nombre.

El 22 de febrero, Sánchez Martínez anunció en su cuenta de Facebook: “Después de haber pasado una serie de filtros, el día de hoy oficialmente soy candidato en la boleta por parte del Poder Ejecutivo para Juez Penal en Jiménez. ¡Nos vemos este 1 de junio!”. Posteriormente, el 1 de marzo, informó que había renunciado a su candidatura como Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal del 17º Circuito para poder contender en la elección local.

Las listas de candidatos a cargos del Poder Judicial, tanto para jueces como magistrados, ya se encuentran en manos del Instituto Estatal Electoral (IEE) para su inclusión en las boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 1 de junio.

Este martes previo a la sesión del Congreso del Estado, cuatro mujeres se manifestaron y exigieron a los diputados, atención a los casos que lleva el juez de control, Jorge Napoleón Raya Valdés, en especial, en delitos de violación y pensiones alimenticias.

Las mujeres dijeron que el juez celebró una audiencia, el pasado domingo en la que en solo dos minutos, dejó en libertad a Carlos Jaciel C.P., de 18 años de edad, acusado de violación en contra de una joven de 16 años.

El argumento del juez fue que el joven no actúa ni piensa acorde a su edad, por lo tanto no es “consciente de la cosas y actúa agresivamente”, explicaron las mujeres, quienes denunciaron que el juez carece de perspectiva de género y derechos humanos.

Una de las familiares de la víctima, agregó que la joven se ha visto afectada en su salud mental, debido a la forma en que ha sido revictimizada, no desea acudir a la escuela, tampoco quiere estar en su casa y ha sido canalizada con psiquiatras para su atención.

Mientras que, Jaciel C.P. sólo se le impuso no acercarse a la joven, además de señalar que él sí ha podido continuar con su vida, escuela, trabajar y jugar fútbol, actividades en las que no se ha visto imposibilitado, como manifestaron para el auto de libertad.

En otro caso, denunciaron que el mismo juez ordenó una pensión alimenticia de mil quinientos pesos, cuando el responsable de familia gana alrededor de 100 mil pesos mensuales.

“¿Quién vive con 1500 pesos al mes?”, gritaron en la sala de prensa a un costado de las y los diputados.

Las mujeres dijeron que son acompañadas por el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, en donde han recibido atención puntual y que están en proceso de apelar el auto de libertad, y que no cederán hasta que se revoque la sentencia y se castigue de forma ejemplar al juez por “misógino”.

Al momento, informaron que la diputada del PRI, Ivón Salazar fue la primera en recibirlas y comprometerse en acompañar los casos.

El Gobierno Municipal lamentó la decisión del juez sobre la no vinculación a proceso del presunto responsable de agresión sexual contra de un menor de edad del Centro de Desarrollo Infantil Sur, razón por la cual impugnará el fallo para que continúen las investigaciones y estas se realicen de manera exhaustiva.

“Entendiendo que es un caso complejo en donde se han vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde el Municipio se han tomado acciones para proteger el interés superior de los menores por encima de las dudas razonables, y se mantienen firmes las definiciones respecto al cese y procesos administrativos en contra de las personas que ya fueron separadas de su cargo en días pasados”, destacó la dependencia en un comunicado.

Resaltó el Municipio ser respetuoso de las investigaciones que lleve a cabo la autoridad en la materia, pero se mantendrá al pendiente del caso y ofreció todo el apoyo y seguimiento a las madres y padres de familia para realizar las acciones legales que consideren pertinentes.

Por su parte, desde el DIF Municipal se seguirá trabajando en el fortalecimiento, actualización y capacitación permanente para garantizar que todos los protocolos de atención y protección a niñas, niños y adolescentes se cumplan por parte de todo el personal.