La frontera norte volvió a colocarse bajo el escrutinio internacional después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que una red internacional de lavado operaba desde casinos situados en ciudades clave de Sonora, Sinaloa y Baja California.
Según el gobierno estadounidense, estos establecimientos son parte del Grupo de Crimen Organizado Hysa, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa que utilizó el sector de apuestas como plataforma para infiltrar ganancias del narcotráfico en el sistema financiero.
El anuncio, que incluye sanciones contra 27 personas y empresas, va acompañado de una medida impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para impedir que diez casinos mexicanos continúen utilizando bancos y cuentas en Estados Unidos. Se trata de negocios ubicados en ciudades fronterizas o muy próximas a rutas de tráfico transnacional: el Emine Casino en San Luis Río Colorado, el Midas Casino en Agua Prieta y el Palermo Casino en Nogales, todos en Sonora; el Casino Mirage en Culiacán y varios Midas Casino en Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, en Sinaloa; además del Midas Casino en Rosarito y el Skampa Casino en Ensenada, en Baja California. A ellos se suma otro casino operado por el mismo grupo en Villahermosa, fuera de la región norte.
De acuerdo con Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos establecimientos funcionaban como espacios donde se mezclaban recursos lícitos e ilícitos, permitiendo simular ganancias, inflar ingresos y mover grandes cantidades de efectivo desde México hacia Estados Unidos.
Su ubicación en corredores fronterizos estratégicos facilitaba la operación: ciudades conectadas directamente con cruces internacionales, rutas de trasiego y zonas con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa.
La sanción también exhibe la participación de empresas mexicanas que operan restaurantes, servicios de transporte, gasolineras y corporaciones de “gaming”, así como la intervención de figuras como notarios y representantes legales que ayudaron a abrir, administrar o cubrir la actividad financiera del grupo criminal. Para las autoridades estadounidenses, esto confirma que la red funcionaba con una infraestructura legal y comercial instalada en México y con respaldo de actores locales.
El impacto para México es inmediato. La medida de FinCEN obligará a los bancos estadounidenses a bloquear cualquier operación relacionada con los casinos investigados, lo que podría paralizar su funcionamiento y empujar al gobierno mexicano a revisar permisos, licencias, flujos de efectivo y mecanismos de supervisión en el sector de apuestas. También implica revisar la vigilancia en los cruces fronterizos, donde el contrabando de efectivo continúa siendo uno de los métodos más utilizados para el lavado de dinero.
El informe del Tesoro subraya, además, que el Grupo Hysa operaba con el “consentimiento criminal” del Cártel de Sinaloa en territorios donde la organización mantiene control. Ese señalamiento coloca nuevamente a ciudades como San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Los Mochis y Mazatlán en una posición delicada, pues evidencia que la operación económica legal convive con esquemas financieros del crimen organizado sin que las autoridades mexicanas lo detecten o lo frenen a tiempo.
La ofensiva financiera de Estados Unidos, más que un mensaje aislado, funciona como una advertencia directa para México: la frontera norte sigue siendo uno de los puntos más vulnerables para el lavado de dinero, y la supervisión del sector de apuestas no está cumpliendo con los estándares necesarios para impedir que los cárteles utilicen estas estructuras como parte de su economía criminal.
