ley de participación ciudadana

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena) inició una ruta de trabajo con la organización de la sociedad civil Alianza Nacional RegidorMX para emprender una consulta amplia con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reformar la Ley General de Participación Ciudadana.

Como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Loera anunció que presentará una iniciativa para crear la Comisión de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados.

Subrayó que esta propuesta no implicará aumento en el gasto público, sino una reorganización de recursos ya existentes, a fin de facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, que a menudo quedan rezagadas en el Congreso.

En la ceremonia de presentación, estuvieron presentes Sergio Meza de Anda, director del Plan Estratégico de Juárez y fundador de RegidorMX, así como representantes de la sociedad civil, la academia y organismos electorales.

Loera destacó el papel de RegidorMX en la construcción de mecanismos de democracia directa en Gobiernos locales. Señaló que su modelo de contraloría y participación social ya opera en 21 municipios del país.

Por su parte, Meza de Anda planteó la necesidad de una nueva Ley de Participación Ciudadana con propuestas surgidas desde la ciudadanía y con atención a las realidades locales, ya que, dijo, “cada zona tiene su propia interpretación de lo que es México”.

Agregó que es urgente rediseñar al municipio como orden de Gobierno, pues actualmente está limitado y depende en exceso de la federación.

Durante el conversatorio, los participantes coincidieron en que la participación ciudadana es un derecho humano, no una concesión política.

Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de RegidorMX en Chihuahua, sostuvo que no puede hablarse de democracia sin permitir la participación activa de la ciudadanía, más allá de los procesos electorales.

Pamela Pérez Gómez, de Política Colectiva, recalcó la necesidad de contar con reglas claras y accesibles para ejercer este derecho.

Entre los desafíos señalados se encuentran:

Altos umbrales para activar mecanismos

Falta de compromiso institucional

Escasez de recursos

Simulaciones en procesos de consulta

Asimismo, se compartieron experiencias exitosas como los presupuestos participativos, cabildos abiertos e iniciativas ciudadanas que han influido en decisiones públicas, especialmente en contextos con barreras de acceso reducidas.

Loera reiteró su convicción de que la participación ciudadana debe alcanzar rango constitucional, y que la sociedad civil tiene “la mayor claridad sobre los caminos a seguir”.

En ese sentido, mencionó al Plan Estratégico de Ciudad Juárez y su experiencia en el programa “La Escuela es Nuestra”, donde comunidades decidieron el destino de recursos federales.

“No se puede hablar de democracia sin la participación plena y real de toda la ciudadanía”, concluyó.

Hace un enérgico llamado a los legisladores locales, de todas las fracciones parlamentarias y partidos, para que eviten aprobar el dictamen en el Pleno Legislativo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua, rechazó la aprobación, en comisiones, de la iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana (LPC) para el Estado de Chihuahua, que busca robustecer los requisitos para solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal en turno.

Lo anterior, toda vez que el pasado viernes, al interior de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chihuahua, fue aprobado por mayoría un dictamen de reforma a dicha legislación, presentado por los diputados panistas Alfredo Chávez Madrid y Saúl Mireles Corral.

El Sindicato Patronal dio a conocer que dicha aprobación deriva en una falta grave a la LPC, toda vez que, de acuerdo con su Artículo Sexto, cualquier modificación a los instrumentos de participación política debe someterse a una consulta pública, previa a su aprobación en el seno del Poder Legislativo.

De esta forma, aseguró el organismo empresarial, se garantiza que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos, quienes, por obvias razones, son los más interesados; de igual forma se les da cabida a las instancias que, por su naturaleza y ámbito de injerencia, están involucradas en el tema.

“Manifestamos nuestra gran preocupación y total rechazo de este tipo de aprobaciones “fast track”, que no permiten el ejercicio pleno de las leyes, sobre todo que obstaculizan los derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicó la organización empresarial.

La Coparmex detalló que, dentro de las principales modificaciones que se pretenden aprobar ante el Pleno Legislativo, destaca el incremento del porcentaje de firmas necesarias para solicitar una revocación, que pasaría del 5 al 10 por ciento, es decir, se requerirían cerca de 300 mil firmas, el doble de lo que actualmente se solicita.

Sumado a ello, plantear una revocación de mandato requeriría el respaldo del 10% de la lista nominal en por lo menos el 50% + 1 del total de los municipios del estado, es decir, 34 localidades, lo que se considera aún más difícil de lograr debido a la amplia extensión territorial de la entidad, y complica, aún más, la participación de los chihuahuenses.

Por lo anterior, la Coparmex Chihuahua hace un enérgico llamado a los legisladores locales, de todas las fracciones parlamentarias y partidos, para que eviten aprobar el dictamen en el Pleno Legislativo, y que, en consecuencia, se realicen mesas formales de trabajo en las que sean tomados en cuenta los actores clave y se llegue a consensos benéficos para todos.

Además, reitera que, a través de su Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), el Sindicato Patronal seguirá promoviendo la democracia y la participación ciudadana, para que ninguna persona sea excluida o privada de sus derechos políticos.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de decreto para cambiar la Ley de Participación Ciudadana para que se implemente el procedimiento de plebiscito en las propias decisiones de los gobiernos cuando actúen contra derechos humanos.

Lo anterior, expuso Benjamín Carrera Chávez, con motivo de las decisiones implementadas por la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, al impedir la distribución de los libros de texto gratuitos, sin consultar a la población involucrada.

“A pesar de haber iniciado con un discurso agresivo en contra de los libros de texto gratuitos, la gobernadora se ha ido mesurando conforme las consecuencias de su determinación se han hecho evidentes y se ha ido trastabillando en la generación de supuestas soluciones”, explicó Carrera Chávez.

Por lo que dijo desde el grupo parlamentario de Morena van más allá de los señalamientos y optaron por presentar una iniciativa desde la participación ciudadana que permita modificar determinaciones de las autoridades.

La nueva propuesta de reforma expone que el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán instrumentar el procedimiento del plebiscito respecto de sus propios actos o decisiones cuando estas afecten derechos humanos fundamentales de la población.

Y que lo deberán hacer de manera previa a su aprobación y ejecución a efecto de obtener elementos de valoración para la autoridad convocante.

La iniciativa de decreto fue enviada a Comisiones para su análisis y revisión.